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Inmaculada Domínguez Fabián / Profesora Titular de Economía y Contabilidad en la Universidad de Extremadura

‘El riesgo del envejecimiento, la mayor supervivencia y la menor natalidad afecta a sistemas de reparto como el de España’

Horacio R. Maseda 15-05-2023

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PREGUNTA.- Por ponernos en el contexto, ¿en qué momento se encontraban las pensiones en España antes de la nueva reforma?

RESPUESTA.- El sistema de pensiones en España estaba finalizando la aplicación de la reforma de 2011, y que suponía que se incrementaba la edad de jubilación hasta los 67 años (excepto para los que tengan más de 38 años y medios de cotización que se mantiene a los 65 años) y que la primera pensión se calculaba en función a las cotizaciones de los 25 últimos años. Esto, junto con la exigencia de más años para acceder al 100% de pensión, constituye el entorno en el que se encontraba el sistema de pensiones. 

A pesar de estas medidas, que estaban orientadas a la disminución del gasto en pensiones, el sistema se enfrentaba a un diferencial entre cotizaciones y pensiones de unos 25.000 millones de euros en 2022; lo que se denomina déficit contributivo.

P.- La reforma ha salido adelante con el apoyo de los sindicatos y la oposición de la CEOE. ¿Podemos inferir que las nuevas medidas benefician a los trabajadores y perjudican a las empresas?

R.- La reforma de 2023 es una reforma que implica un incremento en el gasto del sistema público de pensiones, dado que incrementa la pensión mínima tanto de jubilación como de viudedad, incrementa la pensión máxima, incrementa el cómputo de los períodos no cotizados, en el caso de las mujeres, como períodos cotizados, incrementa el complemento por maternidad y plantea un sistema dual para los años a tener en cuenta a la hora de calcular la pensión, que permite elegir el que mayor pensión genere. A la vez, es una reforma que incrementa también los ingresos del sistema público de pensiones, a través de la subida de las bases máximas de cotización, de incrementar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (del 0,6% inicial al 1,2% a aplicar a partir de 2029) para todos los trabajadores y de crear una tasa de cotización para las bases superiores a la base máxima. 

Los incrementos de ingresos suponen un mayor coste laboral, que tiene efectos en los costes que tiene que soportar el empresario y también el trabajador. 

Los empresarios se han opuesto a la reforma principalmente por el incremento de coste que supone para ellos. 
Son múltiples los informes y los organismos que indican que el incremento de ingresos que se ha diseñado es claramente insuficiente para el incremento de gasto que se producirá, tanto por estas medidas, como por el déficit que ya arrastra la Seguridad Social y que se verá aumentado por la entrada de la generación del baby boom como pensionistas.

P.- Antonio Garamendi cree que esta reforma de las pensiones solo garantiza la sostenibilidad del sistema a corto plazo. Sin embargo, según Escrivá, “la visión de que es un problema creciente a largo plazo (más allá de la década de los 40) es falsa”. Para el ministro no tiene sentido diseñar escenarios de probabilidad limitada, sino que es mejor “crear una institucionalidad que asegure que cada cierto tiempo se van revisando los escenarios”. ¿Qué opina al respecto?

R.- Considero que efectivamente las previsiones a largo plazo deben ser revisadas y que las medidas han de ser lo más automáticas y flexibles posibles. De hecho, esa era una de las grandes ventajas de los dos mecanismos automáticos que se habían diseñado en la reforma del 2013, el poder ajustarse a las circunstancias. 
Son múltiples y diversos los estudios que indican que el riesgo del envejecimiento, mayor supervivencia y menor natalidad afecta a los sistemas de reparto diseñados como el de España, y ese riesgo no finaliza en el 2040.



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