R.- Es verdad que hemos avanzado más en un concepto de metodología, pero en la filosofía como tal es algo que siempre nos hemos volcado desde los centros: tratar de personalizar al máximo y el cuidado y poner en valor las preferencias de la persona mayor. Para lograr una implantación real de este modelo en el ámbito residencial necesitaríamos una mayor flexibilidad de los sistemas actuales, y que así lo reflejasen las normativas de las Administraciones en este sentido, pues a veces estas van en contra de ese funcionamiento acorde a las preferencias individuales. Me refiero, por ejemplo, a la obligación de unos horarios más o menos rígidos para las comidas, las actividades, el sueño… Eso puede ir un poco en contra a esa ACP que queremos fomentar. Por lo tanto, pienso que tendría que acompasarse mucho más el sistema con las metodologías de trabajo. 

R.- Queda mucho por andar, empezando por el denominado Acuerdo de Acreditación del Modelo de Atención Residencial, que es un error por dos motivos. En primer lugar, porque el acuerdo de acreditación hace referencia a todos los recursos de la cartera de dependencia –centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia…–. Es verdad que en la parte residencial hay mucho foco, pues surge como respuesta reactiva tras la Covid. Y esto puede dar lugar a que se esté pensando en un sistema basado en un hecho absolutamente puntual y excepcional, que se puede repetir o no, y que deja una menor capacidad a la persona usuaria para elegir su modo de vida. Y, en segundo lugar, es una acuerdo que lo que hace es incrementar ratios de personal, porcentaje de número de plazas individuales en la residencias… y, en resumen, un incremento del coste de los servicios. Lo que estamos viendo es que una injerencia mayor por parte de la Administración pública sin un consenso previo con el sector está generando unas expectativas en la sociedad civil que son, por así decirlo, difícilmente cumplibles, por la falta de profesionales y porque generará una mayor presión económica en las personas usuarias y las familias al incrementarse ese coste de los servicios. 

Además, no se puede hablar de un modelo residencial sin hacerlo de su metodología de trabajo, y el acuerdo de acreditación no habla de dicha metodología.

R.- Desde el sector, y así tratamos de trasladarlo desde Aeste, hay una apuesta por las entidades que integramos este sector desde hace 40 años en muchos casos. En el ámbito de las comunidades autónomas, al final, no hay una continuidad a largo plazo, sino una visión cortoplacista que forma parte de las agendas políticas. Y para realizar esos cambios de los que hablamos, precisamente, es necesaria esa visión a medio-largo plazo. Por ello nuestra demanda de un pacto de Estado por parte de todas las organizaciones políticas para que realmente el sector pueda participar de manera activa en cómo debe ser la evolución del sistema para darle esa continuidad y tener una visión global de lo que se está haciendo.

R.- Si fuésemos conscientes de ello, nos daríamos cuenta de que en España tenemos un potencial muy grande y, desde el sector, tenemos la seguridad de que debe existir un hilo conductor, con independencia del color político. Tenemos que dar respuesta a las necesidades de hoy, pero también a las de mañana y de pasado mañana. En este sentido, es verdad que ahora se va a requerir una respuesta por la presión del baby boom, pero eso volverá a cambiar –y nuestro sector está totalmente vinculado a esa presión sociodemográfica–. Es decir, las necesidades van a ir cambiando, por ello es importante aplicar esa carga de profundidad y de ver más allá. Entendemos, desde Aeste, como desde el resto de patronales, que acumulamos mucha experiencia y visión en este sentido para poder ayudar y partiendo, claro está, de la realidad actual.