El IDEC 2022 publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) describe la situación de los servicios sociales tras la pandemia. A nivel global, desde la entidad constatan "una mejora, tras el retroceso registrado en 2021, como consecuencia, sobre todo, de los avances en la ordenación del sector (normativa)". Sin embargo, detallan que "la relevancia económica de los servicios sociales apenas evoluciona, lo que conlleva el deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores o el desmantelamiento de los recursos para la inserción social de personas y familias en situaciones de exclusión social".

Según el informe, "los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registran un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia".

Las plazas residenciales públicas aumentan desde 2019, en concreto, un incremento porcentual de 6 centésimas. Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios –ayuda a domicilio, teleasistencia– y en los centros de estancias diurnas, valoran, "donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las Administraciones".

Desde 2014, alega el informe, "los centros de día han ido reduciendo lentamente su escasa cobertura –1,10% en 2014, 1,05% en 2021–".

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, este mantiene una cobertura del 5% desde 2018, mientras que su intensidad sigue por debajo de 20 horas mensuales.

Por otro lado, la teleasistencia domiciliaria va reduciendo su cobertura desde 2018, "y ya son menos del 10% de las personas mayores de 65 años quienes la reciben", denuncia la ADGSS.

Ante esta situación, desde la entidad demandan que "es prioritario desarrollar estos servicios para personas mayores, ya que sin ellos resulta imposible garantizar unos cuidados en su entorno cuando se encuentran en situaciones de dependencia, y sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras".

Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones públicas en servicios sociales. No obstante, en 2021, último del que existen datos oficiales del presupuesto liquidado de las Administraciones, se aprecia una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de solo un 3,5% respeto al año anterior. "El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, seis centésimas menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior", argumenta el informe de la ADGSS.

Aunque en 2021 la participación de las comunidades autónomas en la financiación del sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. "Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de dependencia, que repercute en el presupuesto de las comunidades. Lo que sugiere que algunas han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía", concluye.

Año tras año se constatan las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Sin considerar las comunidades con régimen foral, como Euskadi, con 1.007 euros de gasto por habitante en servicios sociales, destacan las diferencias con Extremadura, con 561 euros, un 65% más que en Murcia, con 340 euros. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones públicas de Euskadi destinan a servicios sociales (3,1%), o Canarias (2,6%), triplican el que destinan las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%.

Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos: El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689). El porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación del IMI, Murcia los ha reducido un 62%.

El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las comunidades es que desde 2022 todas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.