Las organizaciones sindicales UGT y CC OO en la reunión de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones realizaron una valoración general positiva, tanto de la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman.

“Especial valoración positiva merece el hecho de que se mantenga la orientación de la reforma del sistema de Seguridad Social, iniciada en 2021, basada en el refuerzo de los ingresos del sistema y garantizando sobre esta variable la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones”, destacaron en un comunicado emitido CC OO y UGT. Se recoge la propuesta sindical de incremento progresivo de las bases máximas de cotización, garantizando ahora por ley un incremento anual superior al de la inflación media registrada. Asimismo, se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con destino exclusivo a la dotación del Fondo de Reserva, el establecimiento de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que aún queden por encima de la base máxima incrementada. “De este modo se garantiza que cotizarán la totalidad de los salarios, estableciendo por primera vez un sistema de cotización por ingresos reales en el sistema de Seguridad Social”, añadieron.

Valoran también el hecho de que el incremento de la pensión máxima se realice conservando “la lógica del respeto al principio de contributividad”, garantizando la absorción comprometida en la primera fase de la reforma de los nuevos coeficientes reductores establecidos progresivamente en las jubilaciones anticipadas voluntarias, y todo ello al tiempo que se mantiene el componente solidario que supone el mantenimiento de una pensión máxima inferior a la base máxima de cotización, con lo que se mantiene y refuerza la aportación solidaria de una parte de las cotizaciones de quienes perciben salarios más altos.

Por su parte, señalan el cambio de orientación que supone, en materia de periodo de cálculo, incluir la posibilidad de elegir los mejores años cotizados de un periodo dado. Esta fórmula de elección permite mejorar la expectativa de pensión de los colectivos de personas trabajadoras con carreras de cotización más inestables. Resulta también relevante el hecho de que durante un periodo transitorio de casi dos décadas, se mantendrá un sistema de reconocimiento de pensión más favorable para las nuevas personas jubiladas entre la fórmula actualmente en vigor (últimos 25 años cotizados) o el nuevo sistema (elección de los mejores 27 años de entre los últimos 29 años cotizados).

En lo que respecta a las medidas orientadas a la reducción de la brecha de género, UGT  y CCOO inciden en la importancia, en el conjunto de este acuerdo, que supone para estas organizaciones un elemento central del mismo. Se trata de más ingresos, sin duda, para garantizar el sistema de pensiones, pero también de reducir la brecha de género en pensiones y mejorar las pensines mínimas que perciben las personas más vulnerables.

En este ámbito, destacan, “si bien se han producido avances, confían en poder concretar adecuadamente estos objetivos en las distintas medidas incorporadas que, hasta la fecha, presentaban aún carencias en su definición”.

En concreto, mejorar la fórmula de integración de lagunas para que incluya a la totalidad de las personas trabajadoras, sabiendo que beneficiará principalmente a las mujeres en dos de cada tres casos, pero sin excluir a los hombres con carreras igualmente precarias; incrementar la cuantía del complemento de la brecha de género de las pensiones; y, finalmente, garantizar el establecimiento de una garantía de suficiencia de las cuantías de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas, que mayoritariamente perciben mujeres, para que sus cuantías nunca queden por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Finalmente, en relación a la fórmula de seguimiento periódico de los efectos de la reforma que propone el ministerio en el que participaría la AIReF, sin perjuicio de analizarlo con detenimiento, han sostenido que cualquier compromiso de seguimiento de la evolución del sistema de Seguridad Social debe ser complementario y auxiliar al marco de concertación política y social que está dando excelentes resultados en España desde su definición en 1995 en el marco del Pacto de Toledo.

Ante la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, Cepyme y ATA muestran su “más frontal oposición”.

“El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, exponen desde las organizaciones.

La propuesta que se pretende aprobar es, aseguran, “regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”.

Resulta inconcebible, añaden, que el Gobierno “afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano”.

Esta es la postura de las empresas y trabajadores autónomos tras haber acudido a esta misma reunión del diálogo social, junto a los sindicatos, tras, declaran, “una convocatoria recibida en la víspera y sin documentación previa de la propuesta, que sin embargo sí hemos visto reflejada hoy en los medios de comunicación antes del comienzo de la reunión, y todo ello después de meses de ausencia de diálogo por parte del ministerio”.

Insisten los empresarios en que “la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución”. 

Consideran que esta propuesta, por último, “pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes --energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales--, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo”.