El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del Real Decreto 1051/2013, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que cumple con el compromiso del Gobierno de mejorar las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia, que beneficiarán al menos a 750.000 personas, y acaba de manera definitiva con los recortes que sufrió el Sistema en 2012.

“En estos años el Gobierno de coalición ha hecho una inversión histórica en dependencia. Llevamos tres años alcanzando una financiación récord y, solo en 2023, estamos destinando más de 4.600 millones de euros, más del doble de lo que había invertido cualquier Gobierno anterior hasta nuestra llegada. Este aumento de la inversión ha ido acompañado de un Plan de Choque que hemos acordado con los agentes sociales y las comunidades 

autónomas y que ha implicado compromisos para que reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de las trabajadoras y mejorar las prestaciones”, ha explicado la ministra Belarra en unas declaraciones difundidas a medios de comunicación.

La reforma, que fue consensuada con los gobiernos autonómicos en el marco del Consejo Territorial el pasado diciembre de 2022, culmina el proceso de reversión de los recortes al sistema de atención a la dependencia sufridos entre 2012 y 2020, hasta la aprobación de los primeros presupuestos generales del Gobierno de coalición.

Estos avances en materia de dependencia durante la legislatura han propiciado una reducción sustancial, tanto en las listas de espera, como en los tiempos de gestión de las prestaciones y servicios. Desde enero de 2021, el número total de personas atendidas por el Sistema se ha incrementado en 256.065 (un 23,6% más) hasta un total de 1.340.272 personas. Por otro lado, la lista de espera se ha reducido en 89.069 personas (un 28,6% menos). Así, se ha conseguido que las personas esperando a ser atendidas supongan apenas un 10,8% respecto a las atendidas.

En el mismo periodo, el tiempo total medio de tramitación de una prestación por parte del Sistema de Atención a la Dependencia se ha reducido en 129 días (un 28,2%), pasando a estar ya en 328 días, por debajo del año.

La reforma no ha sido el único asunto aprobado esta semana por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sino que también se han acometido avances para las personas con discapacidad y se impulsan los criterios sociales en la contratación pública. 

Gracias a esta reforma, se recuperan y mejoran los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia que existe en nuestro país: las de cuidados en el entorno familiar, las vinculadas al servicio y las de asistencia personal.

En cuanto a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementan un 17,65%, por lo que se absorbe y supera el recorte del 14,9% de 2012. Esta medida afecta a 540.000 personas que verán incrementadas sus prestaciones.

Las prestaciones económicas vinculadas al servicio se incrementan con carácter general un 4,5%. Además, en el caso de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, se equipará la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III y en la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II.

Esta fórmula que iguala los importes máximos considerando el servicio recibido tiene su explicación en que los precios de dichos servicios son iguales o muy similares con independencia del grado que presente la persona en situación de dependencia. Esta medida afecta a casi 200.000 personas que verán incrementadas sus prestaciones.

Por último, las prestaciones económicas para asistencia personal se incrementan en un 4,5%, igual que las prestaciones económicas vinculadas al servicio, pero la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III. El razonamiento, al igual que en la prestación vinculada al servicio de atención residencial, es mantener la equivalencia entre ambos servicios derivados de la prestación económica.

Esta medida afecta a casi 10.000 personas que verán incrementadas sus prestaciones para asistencia personal.

La reforma también establece cuantías mínimas que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa estatal. Esto suponía que, al aplicar las reducciones previstas en la normativa de cada comunidad autónoma a las cuantías máximas, la cuantía resultante para la prestación económica puede ser muy reducida, incluso cercana a cero euros.

Hay más de 60.000 personas con prestación económica que reciben menos de 100 euros al mes y de estas, cerca de la mitad recibe menos de 50 euros al mes.

Se recuperará también la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, puesto que en la actualidad las intensidades en muchos casos no ofrecen una respuesta suficiente a las personas en situación de dependencia.

Se plantea incrementar las intensidades mínimas horarias actuales para equipararlas al menos las que había con las resoluciones de grado-nivel previas a los recortes de 2012.

La provisión del servicio de ayuda a domicilio es especialmente compleja y más si se tiene en cuenta que recae en la mayoría de las ocasiones -desde la lógica de la proximidad- en entidades locales y que las “horas disponibles” dependen de una enorme multiplicidad de contratos. No resultaría conveniente entonces realizar un incremento automático de horas de prestación del servicio en los casos actualmente atendidos ya que podría existir imposibilidad de provisión.

Es por ello que la medida se aplicará de manera progresiva de forma que las nuevas intensidades horarias del serán de aplicación a los casos que entren en el sistema con Programa Individual de Atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (PIA de SAD) a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto.

Para los casos con PIA de SAD anteriores se plantea mantener la intensidad prevista salvo revisión del caso y siempre con la conformidad expresa de la persona dependiente de manera que en ningún caso se obligue a disponer de más horas del Servicio de Ayuda a Domicilio si la persona no lo deseada.

Se ha estimado que esta medida (nuevas incorporaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) afectaría a unas 30.000 personas al finalizar 2023.

Por último, la reforma introduce una serie de mejoras técnicas y el impulso de los cuidados en el entorno. En este sentido, se dota de cierta flexibilidad en el acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF) para que quienes la reciban puedan hacerlo cuando la persona cuidadora principal no sea familiar directo de la persona dependiente, algo que afecta especialmente a medios rurales.

Por otra parte, si la PECEF es ampliada por la comunidad autónoma (con su nivel adicional de financiación) y lleva aparejada una contratación regularizada de apoyos en el domicilio de trabajadoras de servicio doméstico, esta PECEF se podría considerar como “servicio”. Finalmente, el RD consagra que no se pueda prestar teleasistencia con carácter de único servicio a personas con grado I de dependencia. Se evita así la tentación de resolver dichos expedientes con teleasistencias de bajo coste.