"El caos persiste en la aplicación de la Ley de Dependencia 16 años después de su puesta en marcha", alerta desde el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs). Pare ello, detallan en un comunicado que "192.759 españoles, con nombres y apellidos, continuaban a 31 de julio de este año en el ‘limbo’ esperando a que las Administraciones les concedieran el servicio o la ayuda económica a la que tienen derecho. O lo que es lo mismo, el 12,37% de las personas con derecho reconocido aún seguían sin recibir una resolución del PIA (Programa Individual de Atención)".

“Si algo no tiene una persona en situación de dependencia es tiempo para esperar”, denuncia la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, quien exige a las Administraciones que en 2023 adopten medidas urgentes para poner a cero el contador de dicho limbo.

Alarmante, añaden que un 83,5% de las personas que están en esa ‘tierra de nadie’, pues "lleven aguardando una respuesta efectiva desde hace más de seis meses o que más de 90.000 españoles con los dos máximos grados de dependencia reconocida, y por tanto con una necesidad imperiosa de atención, sigan sin contar con una prestación". A esto hay que sumar las 137.683 personas que no han logrado que las Administraciones les digan si tienen el grado suficiente de dependencia como para ser merecedor de una prestación.

 

"El tiempo de espera medio en España para recibir atención a la dependencia desde que se presenta la solicitud era a mediados de año de 326 días, según el propio Imserso. Nada que ver con los 180 días que, por ley, tienen las autonomías como máximo para resolver un expediente", explican desde el CEAPs. De nuevo, las diferencias entre autonomías "son abismales", aseguran. Frente a los 782 días que tardan en Canarias, los 532 días en Andalucía o los 498 en Murcia, en Castilla y León la administración exclusivamente se demora 125 días en reconocer el derecho o 146 días en el caso de Euskadi.

Entre la batería de soluciones que plantea la patronal de la dependencia para erradicar este caos, destacan tres que califican de "básicas e irrenunciables".

Que se destine el 2% del PIB a la atención a las personas, que la Administración Central aportara el 50% de la dependencia, como marca la norma, y porque se estableciese un IVA único con independencia de quién pague los servicios. “Solo con financiación suficiente será posible hacer sostenible el sistema”, sostiene Pascual.

Del mismo modo, el CEAPs propone que se garantice que toda la población con derecho a recibir prestación tenga el recurso necesario, que se fomente la Prestación Económica Vinculada a la Prestación del Servicio y que la prestación económica por cuidado familiar sea, como establece la ley, una excepción y no la regla general.

Y que, con urgencia, se establezca una prestación vinculada al servicio exprés, de tal forma que en el plazo máximo de dos o tres meses reciba la ayuda una persona que, de la noche a la mañana, se convierte en gran dependiente y no puede permanecer en su hogar dignamente atendido o aquel que se encuentra al final de vida o necesita cuidados paliativos.

Aunque desde el pasado 1 de agosto han entrado en vigor las nuevas cuantías para la Ley de Dependencia, CEAPs considera que “no se ajustan a las necesidades reales de las personas, ni cubren el reconocimiento a los profesionales de la atención”, concluye Pascual.