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Japón necesita abordar el envejecimiento para enfrentar la presión actual del gasto público

Según la OCDE, son necesarias reformas urgentes ya que el rápido cambio demográfico está afectando a las cuentas públicas

Redacción EM 06-02-2024

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Según el último Estudio Económico de la OCDE sobre Japón, el PIB creció un 1,9% en 2023 y seguirá creciendo a un ritmo constante del 1,0% en 2024 y del 1,1% en 2025, impulsado principalmente por la demanda interna, ya que la incertidumbre mundial pesa sobre la demanda externa. 

Se prevé que la inflación general de los precios al consumo descienda lentamente hasta el 2,6% en 2024. La deuda pública bruta alcanzó un nivel sin precedentes del 245% del PIB en 2022, que disminuirá ligeramente en los próximos años. Para contener el crecimiento del gasto es necesario reformar la sanidad y los cuidados de larga duración, por ejemplo, trasladando esta atención fuera de los hospitales y aumentando los pagos directos de las personas mayores más acomodadas mediante la comprobación de los recursos. 

“Japón estaba llevando a cabo un amplio programa de reformas estructurales cuando sobrevino la pandemia, con un impacto positivo, aumentando los niveles de participación laboral de las mujeres y los trabajadores de más edad”, declaró Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. “Sin embargo, el rápido cambio demográfico ejerce cada vez más presión sobre el presupuesto público. Se necesitan reformas que garanticen la sostenibilidad de la deuda para prepararse ante estas futuras presiones del gasto. Reactivar el crecimiento de la productividad es clave para aumentar el crecimiento y hacer frente a los retos demográficos fomentando la innovación y haciendo un mejor uso de la mano de obra menguante”.

Las pasadas reformas del mercado laboral han aumentado el empleo animando a las mujeres a incorporarse al trabajo regular y flexibilizando la normativa para los trabajadores de más edad. Habría que redoblar los esfuerzos en este sentido, en particular, en sectores con importantes carencias de mano de obra. La abolición del derecho de las empresas a fijar la jubilación obligatoria, normalmente a los 60 años, aumentaría el empleo y debilitaría el papel de la antigüedad en la fijación de los salarios.


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