Hace más de 40 años,  en 1978, se creó en España el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso). Nació como una de las entidades gestoras de la Seguridad Social, responsable de los servicios sociales complementarios de las prestaciones del sistema, de las de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, así como del ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en materia de personas mayores y las que están en situación de dependencia. Años más tarde, en 1997, se transformó en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) y, en 2004, pasó a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que es como se conoce hoy en día. “En el nacimiento del Instituto confluyeron muchos elementos, la situación política de cambio que corría en aquella época, y la gran necesidad que existía por dar un nuevo margen al desarrollo del estado de bienestar”, recuerda Ángel Rodríguez Castedo, que fue director general durante casi 12 años, desde 1985 hasta 1992, y desde 2004 hasta 2007. 

Los primeros años de este organismo fueron muy productivos y activos, llenos de innovación y apertura a nuevas actividades, de proyectos que se materializaron y que aún perduran. Castedo explica que “fueron años de conciencia de pertenecer a un Instituto en el que se palpaba la fusión de los valores de la profesionalidad y de la sensibilidad ante los problemas y necesidades de las personas mayores y de las personas con discapacidad y sus familias, en el que uno se sentía útil, sentía que su trabajo valía la pena, que era un instrumento con el que, de forma casi inmediata y visible, se llevaba mayor calidad de vida a miles y miles de ciudadanos”. 

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Uno de las iniciativas más destacadas del Imserso, y que le dio seña de identidad, fue el Programa de Vacaciones. En aquel momento fue una iniciativa muy innovadora, que aportó mucha calidad de vida a las personas mayores y, además, “fue un gran nicho de creación de empleo. Por lo tanto, no solo tuvo beneficios saludables para las personas participantes, sino también fue un importante generador de recursos”, asegura Rodríguez Castedo.

 Según explica el exdirector, este programa surge en 1985 a raíz de varios factores. Uno fue el contexto: España era ya en esos años un destino mundial de turismo de sol y playa, pero solo sucedía en temporada alta, por lo tanto, durante el otoño y el invierno se cerraban gran parte de los hoteles y, con ellos, también muchos bares, restaurantes, tiendas, lugares de ocio... con graves consecuencias en el empleo y en la actividad económica.

Por otro lado, el Instituto utilizaba estudios sociológicos y encuestas sobre las preocupaciones y aspiraciones de las personas mayores. Y ya en aquella época destacaban que había una demanda –muy reiterada por los mayores y por las organizaciones que los representaban– de disfrutar de la jubilación mediante unas vacaciones accesibles económicamente. Y así surgió el Programa de Vacaciones, que arrancó con 16.000 plazas, que fueron ampliadas a 20.000. La oferta ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años. El programa 2021-2022, publicado recientemente, ofrece 816.000 plazas.

“La experiencia piloto tuvo un enorme éxito y apoyo, tanto por parte de los mayores como del sector turístico y de la propia Administración al comprobar, además del grado de satisfacción de los ciudadanos y los hosteleros,  que se creaba mucho empleo y tenía importantes retornos económicos y fiscales, puesto que se pagaba menos desempleo, había ingresos vía cotizaciones de la Seguridad Social, del IVA y del IRPF, y además se reducía el consumo de medicamentos”, resalta Rodríguez Castedo.

Mayte Sancho, experta en planificación gerontológica de Matia Instituto, también destaca este proyecto como un gran éxito. “Uno de los principales hitos fue la puesta en marcha del programa de viajes, que tanto en el momento en que comenzó, como a posteriori, tuvieron una función social muy importante. Gracias a esta iniciativa, muchas personas después de jubilarse pudieron ver el mar por primera vez, o viajar fuera de su entorno cercano. Y para el sector hotelero también fue un impulso muy grande, porque en temporada baja pasaba momentos difíciles y de esta forma se rentabilizaban las instalaciones”. 

Unos años más tarde, comenzó el Programa de Termalismo Social. Se basaba en que las Administraciones públicas y los propietarios de los balnearios coordinaran sus recursos y pactaran el qué y el cómo realizar el programa. “Desde el primer momento teníamos claro que el objetivo fundamental era mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante los tratamientos termales, simultaneando la promoción de la salud con el fomento del disfrute del ocio dada la privilegiada ubicación de los balnearios. Sabíamos que iba a ser el instrumento para la revitalización del sector y que se producirían importantes impactos derivados de su implantación y desarrollo, destacando el elevado nivel de inversión que habría en las zonas en las que estaban ubicados y el alto volumen de creación de empleo que se generaría”, detalla Rodríguez Castedo.

Otro de los proyectos que el ex director general recuerda con más entusiasmo de la trayectoria del Instituto es la creación del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat). “En su seno se realizaban jornadas, seminarios y convenios en materia de accesibilidad. Se establecieron reuniones de trabajo con el movimiento asociativo y con organismos de la Administración como el MOPU, Renfe, la Comisión Nacional de Seguridad Vial, etcétera, y se editó el Catálogo de Ayudas Técnicas. El centro se fue ampliando y ha logrado un importante prestigio nacional e internacional”, recuerda.

El desarrollo tecnológico estaba abriendo enormes posibilidades para la mejora de la calidad de vida, en general, y de las personas con discapacidad, en particular. En aquella época, se publicó el Programa de Prestaciones Técnicas, a través del cual se realizaban convocatorias anuales de subvenciones y ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro, así como la realización de convenios para proporcionar a las personas con discapacidad el acceso a las ayudas técnicas, además de promocionar la investigación en este campo. En este sentido, se firmaron muchos convenios importantes con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Once.

En el marco de este programa, el de Prestaciones Técnicas, nace la teleasistencia domiciliaria. “Arrancó en una fase de prueba con Cruz Roja. El objetivo que pretendíamos conseguir era transmitir confianza, seguridad y cercanía a las personas mayores que querían permanecer en sus hogares, sabiendo que estaban conectadas de modo inmediato (pulsando un botón) a un servicio que respondería a sus necesidades”, señala Rodríguez Castedo. “El éxito y la consolidación de esta iniciaiva –añade– fue gracias al acuerdo firmado con la FEMP, y a continuación se comenzaron a cerrar contratos con las empresas para dar el nuevo servicio”. 

Por otro lado, durante las dos primeras décadas de vida del Imserso también fue muy importante la gran inversión que se hizo en infraestructuras. Los centros que ya existían se adaptaron a la normativa, pero también hubo una importante ampliación de la red nacional: residencias, hogares, centros de atención a personas con  discapacidad grave psíquica y física, centros base y de servicios sociales y se comienza la construcción de los Centros Estatales de Referencia, que tuvieron un importante desarrollo en esta última década.

Rodríguez Castedo fue el coordinador del Plan Gerontológico Nacional, elaborado entre los años 1988 y 1993. Este documento se creó con el objetivo de convertirse en el instrumento en el que se basase la política social referida a las personas mayores durante las décadas siguientes. “Se trataba de hacer política de fondo, no de atajo, de construir un marco de actuaciones en el que los distintos agentes: que Gobierno central, comunidades autónomas, las ONG y empresas privadas coordinasen sus recursos y pactasen los programas a realizar y los plazos”, explica el exdirector. 

“En la elaboración teórica del plan –continúa Rodríguez Castedo– destacaron Pilar Rodríguez, Juan Manuel Martínez y Rafael Pineda, los tres jugaron un papel muy relevante. Viajaron por toda Europa, conocieron los programas que más les gustaron y fueron desarrollando el documento. Sin embargo, años más tarde se fue quedando parado y no se desplegó totalmente porque llegaron las transferencias de los servicios sociales a las comunidades autónomas. Pero el plan ahí está y yo siempre resalto que es un gran documento que debería aplicarse”, remarca.

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A pesar de que la época de mayor actividad en el Imserso fueron sus 20 primeros años, a finales de 2006 protagonizó un hecho de gran relevancia en materia de derechos sociales: la aprobación de la la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

En ese momento, Rodríguez Castedo estaba dirigiendo de nuevo el Imserso. “Fue lo más importante que hicimos en mi segunda etapa en el Instituto. En Europa estaban muy avanzados en aquel momento y seguimos un poco la línea que tenían otros países europeos. Ya en 2004, se realizó la elaboración del Libro Blanco como primera fase para la redacción del Proyecto de Ley. Se constituyeron diversos grupos de trabajo formados por personal del Imserso y coordinados por Pablo Cobo, subdirector de planificación, que realizó un gran trabajo en todo este proceso. Fue aprobada de una forma casi unánime en el Congreso, lo que la convertía en una ley de todos, en un proyecto de país”, recuerda Rodríguez Castedo. “Lo malo–-continúa– es que se publicó con precipitación, no se debería haber aplicado sin tener los fondos necesarios, y eso marcó su desarrollo. Su aprobación fue histórica, pero luego llegaron las crisis de 2008 y la más reciente que aún estamos pasando del coronavirus y se ralentizó su aplicación. Sin embargo, ahora se está retomando y tengo una gran confianza en que se va por el buen camino y la atención a la dependencia va a despuntar. Siempre insisto en que hay que reforzar los cuidados y generar empleo, y en eso está la ley”.

La transferencia de las competencias en servicios sociales a las comunidades autónomas marcó un antes y un después en la vida del Imserso, perdiendo protagonismo y capacidad de actuación, según explican varios expertos consultados. 

“La evolución de este organismo deriva de algunas decisiones y estructuras políticas que se pusieron en marcha en las dos últimas décadas. Es decir, al entenderse los servicios sociales como esa asistencia social de la que habla la Constitución y que queda de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la Administración general pierde capacidad de gestión en este sentido. Sin embargo, no tendría que haber sido así. En la medida en que se hubiera estructurado unos servicios sociales como parte de la seguridad social –así nació el Imserso–, el Estado podría haber reclamado una competencia en esta materia; o si se hubiera declarado el derecho universal a los servicios sociales y se estableciese, como en el caso de sanidad o educación, una legislación básica, de nuevo las entidades de la Administración central habrían cobrado fuerza. Una estructura de ámbito estatal tendría cometidos muy interesantes para desarrollar respecto a generar conocimiento, innovación, investigación, etcétera”, argumenta el consultor social Fernando Fantova.