RESPUESTA.- Es necesario adoptar una combinación de medidas que refuercen el principio de diálogo civil con el sector público vasco y un modelo estable de cooperación público-social, que incorpore un modelo de financiación de país, público, transparente, con criterios homogéneos y compartidos en los tres territorios de la comunidad autónoma. Mejorar también la operativa de los actuales instrumentos de financiación, especialmente, del modelo subvencional, que es el sistema de financiación más frágil.

R.- Hablamos de transitar de un modelo de cuidados que pone la responsabilidad sobre las familias y, a la postre, sobre las mujeres, a un modelo de organización social de los cuidados público y comunitario, caracterizado por la responsabilidad y el liderazgo públicos y la necesaria cooperación con la iniciativa social. Ello conlleva aumentar el peso del cuidado público, sin dejar de apoyar el cuidado familiar, desplegar el modelo de atención comunitario, poniendo en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona, y promover la coordinación entre los ámbitos social y sanitario especialmente. Un modelo que ha de responder a los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia presupuestaria y calidad. Es imprescindible dotarle de un enfoque de género e interseccional. El machismo continúa atravesando la organización actual de los cuidados.

R.- Hay que poner en valor que, en el marco del diálogo civil, se reconozca el derecho de las organizaciones de iniciativa social –y de las y los destinatarios y protagonistas de la intervención social a través de ellas– a participar en las políticas públicas que les conciernen, máxime, en una trasformación de esta magnitud. Resulta imprescindible.

R.- La mayoría de las candidaturas que han obtenido representación parlamentaria coinciden con nosotros y nosotras en la necesidad de adoptar medidas para fortalecer y actualizar el sistema público vasco de servicios sociales, y consiguientemente, en iniciar el debate hacia una nueva Ley de Servicios Sociales. También en abordar mejoras en los mecanismos de financiación de las organizaciones y redes del TSSE.

R.- Desde Sareen Sarea consideramos que el principal desafío en el ámbito sociosanitario es la necesidad de superar la división entre los servicios de salud y los servicios sociales. El enfoque debe centrarse en las personas, garantizando que las políticas públicas, independientemente de su origen presupuestario, contribuyan efectivamente al bienestar de todas las personas.

En Euskadi, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad plantean desafíos importantes. Las respuestas políticas no deben limitarse a consideraciones económicas, sino que deben abordar de manera integral el impacto en la vida de las personas. Esto implica reconfigurar los recursos para que respondan a las necesidades reales de una población envejecida, enfocándose en permitir que todas las personas puedan cuidar y ser cuidadas sin comprometer su proyecto de vida. Esto incluye aspectos sociales, sanitarios, económicos, comunitarios, etcétera.

Desde el TSS de Euskadi hemos realizado propuestas específicas que incluyen, entre otras, la mejora de la detección y manejo de problemas como la soledad no deseada; un incremento en la atención primaria con más geriatras; mejor atención especializada; mayor inversión en recursos para la dependencia; acceso a viviendas adaptadas; y la profesionalización y mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras. 

Todo esto requiere una financiación pública adecuada y equitativa que asegure la inclusión y el cuidado de las personas con menos recursos.

R.- En Sareen Sarea subrayamos la urgencia de abordar y fortalecer los derechos de las personas mayores mediante legislación específica, reflejando nuestra convicción de que los cuidados necesarios no deben ser un lujo, sino un derecho fundamental. Mientras la sanidad es un servicio gratuito y universal, los cuidados para personas con dependencia significativa son a menudo extremadamente costosos, lo que demanda una transformación en nuestra concepción del estado de bienestar.

Esto nos lleva, a la necesidad de aprobar nuevas leyes como, por ejemplo, una nueva ley de Servicios Sociales o un nuevo decreto de residencias que mejore las ratios y la cogestión, asegurando equidad territorial en términos de condiciones y costes.

Además, es esencial garantizar que no haya discriminación por edad y proteger los derechos que ya disfrutan otros sectores de la población. La discriminación por edad, o edadismo, es una de las formas de discriminación menos visibles, pero de gran impacto social, que debe ser abordada de manera prioritaria por el nuevo Parlamento Vasco.