El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

La redacción del anteproyecto de ley es el resultado de un trabajo largo, complejo y coral. La urgencia en la adaptación de los centros residenciales se observó parcialmente durante la pandemia, si bien la tendencia en Castilla y León ya estaba marcada desde varios años antes. En la segunda mitad de 2020, e impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se constituyó un grupo de trabajo integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, federaciones de personas mayores, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y patronales, colegios profesionales y entidades locales con el objetivo de analizar la situación de las residencias y alcanzar acuerdos de manera consensuada.

En estos encuentros intervinieron expertos de cada ámbito para poner sobre la mesa cuestiones elementales como el fundamento ético de la atención integral centrada en la persona, que los centros son la vivienda de las personas y no son centros sanitarios, la perspectiva laboral o de las empresas prestadoras de servicios, los diferentes modelos asistenciales o la arquitectura necesaria para los centros.

Posteriormente, durante la tramitación del texto, se han conocido las observaciones que, a través de informes, han realizado otras consejerías, entidades del sector, instituciones, etcétera. En este sentido, el proyecto de ley que hoy ha aprobado la Junta de Castilla y León incorpora las aportaciones que han realizado tanto el Consejo Consultivo, como el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Esta ley afectará a las más de 72.000 plazas –en concreto, 72.634– que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad.

Por un lado, existen 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente –entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia–. Ello sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %).

En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

Para desarrollar la atención centrada en la persona, el texto regula el modelo de atención integral, con un fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad de la persona, que supera la rigurosidad de la atención puramente asistencial. La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.

El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley –por ejemplo, casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas, no puedan llevarse a cabo de manera extraordinaria y previo consentimiento de la persona o de un familiar–.

Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

La ley establece también un ‘Proyecto de Vida’ documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros. En este sentido, todo servicio prestado por profesionales contará, en la medida de lo posible, con las preferencias y decisiones de las personas: serán ellas quienes decidan cómo desarrollar sus actividades en el plano de lo cotidiano y la atención de sus necesidades girará alrededor de su forma de enfocar la vida. Es más, el proyecto de ley ubica a las familias y allegados en un lugar central: en toda prestación de servicios se tendrá en cuenta el entorno afectivo ya que, al fin y al cabo, son esenciales en esa vertiente cotidiana.

Por otra parte, las personas estarán atendidas por profesionales coordinados, asignando un profesional de referencia a todos los residentes –con quien establecerán una relación de confianza y se convertirá en el responsable del acompañamiento y de la atención directa– y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de profesionales.

En línea con una concepción integral de la atención debida a los usuarios del Sistema Público de Salud y del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, el texto articula la necesaria coordinación y colaboración entre ambos.

La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia −como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años−, con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.

De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños −de hasta 16 personas− y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.

Desde hace años, la Junta de Castilla y León ha venido instalando las unidades de convivencia en los centros públicos. Ahora, por primera vez, se recogen en una norma de rango legal y se impulsan en las residencias de ámbito privado. De este modo, la futura norma trata de superar el antiguo modelo residencial transformándolo en espacios asimilados al propio hogar de los mayores: espacios con dormitorio, ducha particular accesible, cocina o sala de estar. Además, se regulan las viviendas asistidas, que no podrán pasar de 8 plazas en términos generales o de 4 en el caso de que se trate de personas con discapacidad por enfermedad mental.

El desarrollo de esta ley también supone una apuesta por la innovación y la calidad –como explicó la propia Isabel Blanco– a través de la evaluación continua de la calidad de los servicios residenciales, del desarrollo de estándares de calidad, la elaboración de directrices, guías y manuales de buenas prácticas, promoviendo actividades de formación especializada y la sensibilización social, en especial, la formación de los profesionales, por lo que la nueva Ley dispone que todos los centros tendrán que elaborar un plan anual de formación. Los centros deberán someterse periódicamente a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de las personas usuarias.

Hay aspectos de la ley que están sujetos a la posterior normativa de desarrollo, como es el caso del número de profesionales que deben trabajar en los centros residenciales o de día –que se aprueba en los consejos territoriales–, si bien sí se establece la formación requerida para formar parte de las plantillas: los títulos de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, además de los correspondientes certificados de profesionalidad que convaliden la prestación previa de servicios.