En un comunicado conjunto, desde estas entidades apuntan a deficiencias como la inexistencia de personal suficiente y cualificado para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes –la mayoría personas muy vulnerables–; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; y, entre otras cuestiones, concluyen, "unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o aban­donados". Ante todo ello, piden calidad en la atención y que se anteponga siempre la dignidad de los residentes. 

Aunque las organizaciones de familiares y usuarias de re­sidencias valoran positivamente las mejoras que recientemente ha aportado el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acredita­ción y Calidad de los Centros y Servicios de la Dependencia –aprobado el pasado 28 de junio en el Consejo Territorial que reúne a Gobierno central y a las comunidades autónomas–, sí matizan que "en lo fundamental el documento no garantiza el cambio de modelo, no asegura cuidados dignos y de calidad". Gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y de las usuarias, señalan, "no se han tomado en consideración".

Entre ellas, apuntan a que para implantar en 2030, La Plataforma Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. "La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal", apuntan desde la entidad.

Asimismo, apuntan a que en inspecciones y órganos de control "tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias".

De la misma manera, el sector destaca que tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las comunidades planes de creación de residencias públicas "para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad". "No desaparecerán las macro­residencias ni el espíritu de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuan­ do hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro. Tampoco se exigirá un número sufi­ciente de habitaciones individuales que preserve la inti­midad de las personas a la vez que permita una preven­ción más eficaz ante la amenaza constante de epidemias e infecciones", denuncian.