Las Patronales de la dependencia, ante la intención del Cobierno de modificar la Ley 39/2006 de Dependencia para, entre otras cuestiones, suprimir la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, declara que "con esta modificación, el Gobierno asume el riesgo uberizar los servicios a la dependencia con unas prestaciones económicas ridículas buscando atajos para reducir las listas de espera, lo que dejará en muchos casos los cuidados de las personas dependientes en manos de cuidadores sin cualificación y apostando en contra de la profesionalización del sector al mismo tiempo que ésta se vende como gran avance el derecho a decidir de los dependientes y de sus familias".

Asimismo, consideran "un error la inclusión como personas cuidadoras a las personas del entorno relacional, siendo contrario a los objetivos de profesionalización de los cuidados, eliminando la excepcionalidad que la misma ley impone a estas prestaciones en el entorno familiar sobre la prestación de los servicios profesionales".

Añaden desde las patronales que "la Ley de Dependencia se configura para atender la necesidad de las personas dependientes. Estas personas necesitan un cuidado y atención multiprofesional en función de su grado de dependencia. Con un cuidador informal no se puede garantizar, condenando así al dependiente en casi todos los casos a estar recluidos en sus domicilios sin atención profesionalizada, sin la formación adecuada de los cuidadores, sin ningún tipo de control sobre estos cuidados y sin verificación de su estado físico, mental y psicológico. Además, con el efecto más que probable de incrementar las urgencias hospitalarias, que nuestros servicios, centros y profesionales evitan".

Además, valoran esta modificación como "profundamente injusta con los cuidadores, sean los que sean, que con una dotación económica mínima han de atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a una persona altamente necesitada de cuidados y atención, y además careciendo de todo conocimiento, en la mayoría de los casos, de cuáles deben ser estos cuidados".

Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED: “La sociedad tiene que entender, que esta modificación de la ley sólo responde a la voluntad del Gobierno de maquillar la enorme e insoportable lista de espera (trescientas mil personas aproximadamente) que está provocando  la muy escasa dotación económica que ha otorgado a la Ley de la dependencia desde que comenzó a caminar mediante una dotación económica insuficiente que pone en peligro a los dependientes ya que, en algunos casos, puede dejar sus cuidados a cargo de personas sin ninguna cualificación, sin conocimiento sobre la intensidad de los cuidados y  bajo ningún tipo de control".

Por su parte, Ignacio Gamboa, presidente de Asade, comenta: “En una decisión y política que pone en riesgo los derechos de nuestros dependientes, que además va en contra tanto del espíritu como de la letra de la Ley. Ley que queremos configure el 4º pilar del Estado de Bienestar y que corremos el riesgo de reducir a una prestación económica más, poniendo en peligro los cuidados, la salud y el bienestar de las personas más frágiles de nuestra sociedad".

Desde las patronales de la dependencia, concluyen, "creemos firmemente que la solución pasa por una financiación adecuada y suficiente de los servicios y criticamos y criticaremos planteamientos inadecuados e improvisaciones que ponen en peligro el sistema, a las personas usuarias del mismo y a los trabajadores del sector y que terminarán por desandar el camino trazado durante años: unos servicios profesionales y de calidad a las personas en situación de dependencia".