La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión migratoria de su ministerio. En su comparecencia, Saiz también ha informado, entre otras cuestiones, sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Saiz se ha referido a las últimas proyecciones del informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea el pasado mes de abril, conocido como Ageing Report 2024. En este contexto, la ministra ha hecho un recorrido por la reforma de las pensiones desplegada en los últimos años y los resultados “que ya hemos empezado a ver”.

 “Para entender las medidas que hemos adoptado y sus buenos resultados hay que tener en cuenta tres aspectos”, ha explicado. “Estas medidas son fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo y entraron a formar parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que las dotó de una perspectiva estructural. Además, el diálogo ha acompañado todo el proceso, en el seno del Parlamento y también con los interlocutores sociales, algo que ha tenido su continuidad con el nuevo acuerdo tripartito que acabamos de ratificar. Estos consensos han permitido que no solo no se recortaran derechos sino que se han ampliado”, ha explicado.

“Las pensiones se han vuelto a revalorizar por ley de acuerdo al IPC, -un derecho que se había perdido-, pero además la reforma ha ampliado derechos para adaptarse a las nuevas realidades de carreras laborales y se ha mejorado el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. 

 

Las medidas más significativas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones han ido encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal, lo que se está consiguiendo al haber mejorado el sistema de incentivos para permanecer en el mercado de trabajo. “La fórmula pasa por que los trabajadores senior continúen en su puesto, ya que experiencia y conocimiento son valiosos para las empresas. Es esencial que la decisión de trabajar más allá de la edad de jubilación sea una elección personal”.

“La reforma está funcionando y cambiando de forma innegable los patrones de jubilación”, ha dicho Saiz. “La edad de jubilación se sitúa ya en 65,2 años, habiendo superado la barrera de los 65 años y alcanzando máximos históricos. Además, si nos fijamos en el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones, nos encontramos que se sitúan cerca del 10% en 2024: es el doble que el nivel de los años previos a la reforma. Por su parte, las jubilaciones anticipadas han caído por debajo del 30%, un nivel nunca conocido. Pero es que además de caer el porcentaje de jubilaciones anticipadas, también se ha reducido el período por el que se anticipa. Mientras que con anterioridad a la reforma más del 46% de los que anticipaba se jubilaba 24 meses antes de la edad legal, hoy sólo lo hace un 17%, casi 30 puntos menos”.

Respecto a las medidas destinadas a reforzar los ingresos, la ministra ha destacado el mecanismo de equidad intergeneracional, el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, la adecuación de las bases máximas y la creación de la cuota de solidaridad, además de haberse completado la separación de fuentes de financiación por la cual el Estado asume los gastos de naturaleza no contributiva. “Con todo ello, el déficit se está reduciendo de forma gradual y el Fondo de Reserva va a terminar la legislatura con 25.000 millones de euros”.

Por otra parte, “la propia reforma estableció una garantía adicional: se trata de la “cláusula de cierre”, que prevé evaluar cada tres años la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones.  Dicha cláusula encarga a la AIReF la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto los ingresos como el gasto en pensiones (promedio 2022-2050) estimado por el Ageing Report estén bajo ciertos umbrales.

El informe, que se elabora cada tres años, presenta una serie de proyecciones que muestran el impacto económico y presupuestario que pueden tener los costes derivados del envejecimiento de la población en el muy largo plazo en los países europeos, utilizando para ello una metodología común a todos los países. Entre esos gastos por envejecimiento, se incluyen el gasto en pensiones, en sanidad y el gasto por cuidados. “En el caso de España, tras incorporar los últimos datos observados del PIB tras la corrección del INE de septiembre de 2023, el gasto medio en pensiones en el periodo entre 2022 y 2050 se situaría en el 15,1% del PIB, una décima por encima de lo previsto en la reforma”.

“El Ageing Report habla del gran reto que supone el envejecimiento de la población. Debemos tener un debate de altura, con rigor, porque estamos hablando de 10 millones de personas en España, pero también de todos los que están por llegar”.

“Las medidas que hemos puesto en marcha están dando buenos resultados y las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa en niveles razonables. De hecho, el escenario macroeconómico actual (especialmente el empleo) y el nivel de gasto en pensiones son mejores que los pronosticados para 2023”, ha concluido Saiz.

“Quiero destacar la vinculación entre las reformas del mercado de trabajo y la reforma de las pensiones. El éxito de las reformas del mercado de trabajo a la hora de reducir de forma drástica la temporalidad, el establecimiento de mecanismos de flexibilidad interna (como el mecanismo RED) que permiten reducir los costes de ajuste para las empresas y recualificar a los trabajadores para mejorar su empleabilidad, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), contribuyen a reducir el desempleo estructural a largo plazo y a crear carreras de cotización más estables y de mayor calidad”, ha explicado.