El Ministerio de Derechos Sociales, dentro de su plan de apoyo al despliegue del nuevo modelo de ayudas a las personas mayores, ha decidido destinar un total de 200 millones de euros –del total de los 785 millones a repartir–, solo a aquellas autonomías que se comprometan a aplicar el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone usar unos criterios obviamente politizados en un aspecto tan vital como es el cuidado de nuestros mayores. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) consideramos que esta decisión, además de discriminatoria, refleja de manera clara el desconocimiento de la ministra Belarra sobre el sector. 

En primer lugar, consideramos que la aportación pública sigue siendo insuficiente. Hay claramente una infravaloración de la aportación a la Ley de Dependencia. Con los datos que tenemos con respecto a 2022, estaríamos hablando de un 0,8% del PIB cuando ya hemos comentado en otras ocasiones que en los países de nuestro entorno, a los cuales nos queremos parecer, esta cifra está entre el 2 y el 2,5% de su Producto Interior Bruto.

Además, se siguen incumpliendo los objetivos de eficacia y compromiso de las comunidades autónomas. Para demostrarlo baste señalar que las listas de espera de las personas que necesitan ser examinadas en 2022 ha superado en 131.810 a las del año anterior. Asimismo, hemos cerrado 2002 con 353.965 personas en espera de algún tipo de trámite de la dependencia.

Por ello, consideramos que el criterio que debiera primar a la hora de repartir esos fondos es el de la efectividad, y que la Administración debería favorecer a aquellas comunidades autónomas que hacen bien sus deberes para que el principal protagonista de todo esto, que es el dependiente, reciba los servicios o las prestaciones a las que tenga derecho y no se quede en el limbo, perdido en la burocracia y la ineptitud de la Administración Pública de turno.

Nos sentimos obligados a recordar que el sistema de acreditación que se pretende implantar –siguiendo modelos de países mucho más desarrollados que destinan a la dependencia mucho más presupuesto que el nuestro, como son los países del norte de Europa–, se aprobó por la mínima y sin consenso social, sin contar con la necesaria memoria económica que analizara la viabilidad y sostenibilidad del sistema. Además, las comunidades autónomas que votaron a favor del acuerdo tenían nueve meses de plazo para trasponerlo a sus normativas autonómicas y solo Valencia lo ha cumplido y Asturias ha creado una comisión para ver la viabilidad económica de su implantación. Por todo esto, consideramos que basar el criterio de reparto de estos fondos en la aprobación o no del acuerdo, y si se está siguiendo o no este sistema de acreditación, nos parece un error garrafal además de sectario y muy ligado a planteamientos políticos. Además, usar la aceptación de estos criterios para obtener una contrapartida económica por parte de algunas comunidades autónomas, como está sucediendo, nos parece deleznable.

Por último, solo nos queda recalcar que a la hora de canalizar las ayudas al cambio de modelo la Administración debería primar la valoración de la eficacia en la gestión de los servicios a los dependientes por encima de cualquier otra consideración. Porque consideramos que los criterios políticos e ideológicos deben quedar al margen cuando se trata de garantizar la calidad de los servicios públicos, y sobre todo cuando nos estamos ocupando de un tema tan importante como el bienestar de las personas dependientes. Rogamos al Gobierno que recapacite.