El porcentaje que destinan las comunidades autónomas a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) ha bajado del 67,4% en 2010 al 58,4% en 2023, según el informe que acaba de presentar la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). 

La desigualdad en los servicios que las comunidades ofrecen a su ciudadanía queda patente al analizar su inversión den políticas sociales: Madrid (2.464), Catalunya (2.942) y Murcia (3.008), las comunidades que menos invierten en políticas sociales. Navarra (4.161), Euskadi (4.079) y Extremadura (3.960), las de mayor inversión realizan.

Aunque la crisis de la Covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, desde la ADGSS expresan que “el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades solo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales), mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo (seis veces más). Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas”. “Han tenido que pasar 14 años para recuperar el gasto social. Pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor”, señalan.

Año tras año, las comunidades destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, si en 2010 eran dos de cada tres euros destinados a estas políticas, en 2023 este montante se ha reducido en 9 puntos porcentuales. Esta tendencia se ha agudizado en 2023, valoran desde la ADGSS, donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas y, sin embargo, solo el 12,58% de esta cantidad se destinaron a políticas sociales.

En 2023 los presupuestos regionales aumentaron en 15.469 millones, mientras que la inversión en políticas sociales solo lo hizo en 1.946  millones.

La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en políticas sociales: Cada habitante de esa región recibe 660 euros menos en políticas sociales que la media nacional.

Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas que nos ocupa. Destacan Baleares con un incremento por habitante del 47%, continuando con la Comunidad Valenciana (+41%), Asturias (+40%) y Extremadura (casi un 40%). Estas regiones han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades oscilan entre 2.464 euros Madrid y 4.161 euros en Navarra o 4.079 euros en Euskadi. Entre las de Régimen Común, destacan Extremadura (3.960 euros), Asturias (3.681 euros) y Cantabria (3.546 euros). 

 Es destacable, concluyen, que “el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9 euros por habitante, limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales, que aumentaron solo un 23,2%”.