Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, Amnistía Internacional recuerda "el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado".

La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa, exponen desde esta entidad, "y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria", añaden.

La organización documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes "y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Las autoridades, expresan desde esta entidad, "han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias". “El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, continúa Beltrán.

Ante ello, Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, "no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación. Tampoco existe información para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa".

Amnistía Internacional considera que "la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido, y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente".

El único paso positivo, destacan, es que el oficio remitido por Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas, pero, dicen, "esta medida resulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente, de conformidad con los criterios de la propia Fiscalía y estándares internacionales, y especialmente tener en cuenta los testimonios de familiares".

Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, destaca el informe de Amnistía, "el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido. En el último informe anual disponible del año 2021, el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras preocupaciones sobre el modelo de residencias, sin embargo no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema".

Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, "sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario".

La organización solicita al Gobierno, asimismo, un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, concluye Beltrán.

En lo que respecta al nuevo modelo residencial se aprobó el pasado junio de 2022, Amnistía Internacional considera que "el acuerdo alcanzado tiene algunos aspectos positivos como el establecimiento de unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal; asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; formación continua del personal de cuidados, o programas de inclusión de perspectiva de género del personal". Sin embargo, dicen, "podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos".