El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que, detrás de la discriminación que sufren muchos mayores –hasta un 45% de la población reporta haber recibido discriminación hacia estas personas, según la ONU-, se encuentra la unión de factores biológico/cronológicos, culturales y sociales, “que influyen en la percepción de la vejez como un problema, lo que afecta directamente a los derechos de las personas mayores”.

Por ello, ha asegurado que “la clave es pensar en las personas mayores con un enfoque de derechos, de sus derechos” y ha añadido que “la nueva perspectiva ha de construirse con su participación y alejada de una concepción como un grupo pasivo, improductivo, frágil y dependiente”.

Así lo ha manifestado Gabilondo en Valencia en el I Congreso Internacional Derecho y Personas Mayores, donde ha impartido la conferencia inaugural. Este congreso, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y la Fundación HelpAge, tiene entre sus objetivos ser el primero en España que aborde el fenómeno del envejecimiento y los derechos de las personas de edad avanzada desde una perspectiva esencialmente jurídica. 

El Defensor ha hecho hincapié en la necesidad de sensibilizar a la población mayor “clave para que exista una intensa reivindicación por sus derechos, para hacer frente a la discriminación por edad y acabar con los estereotipos y prejuicios que minan la solidaridad y el entendimiento intergeneracional”.

Asimismo, ha asegurado que esta eliminación “ha de alcanzar también a nuestras instituciones y relaciones y a todas aquellas ideas que nos autolimitan, porque se producen efectos perniciosos”.

Tras hacer un repaso de la legislación nacional e internacional que ampara los derechos de las personas mayores, Gabilondo se ha centrado en los derechos específicos que les afectan, como son, entre otros, el derecho a no ser discriminado por edad; su derecho a que las administraciones velen por su integridad física -a través de la prevención de situaciones violencia, abandono, maltrato o abuso-; su derecho a acceder a prestaciones sociales y asistenciales que garanticen su suficiencia económica, o el derecho a la dependencia y a tener una protección adecuada de su salud.

“Es cuestión de escuchar, pero en el modo que requiere una sociedad democrática, que no se limita a agudizar el oído, sino que crea las condiciones de posibilidad para la palabra de cada quien, lo que significa garantizar formas y medios adecuados de participación en las diferentes instancias en las que se debaten y deciden cuestiones que les conciernen muy específicamente por su situación y por su edad”, apuntó el Defensor del Pueblo.