Amnistía Internacional hizo un llamamiento, en mayo, pidiendo por una seguridad social a disposición de todas las personas, en cualquier lugar del mundo, después de que una serie de crisis hayan puesto en evidencia enormes lagunas en los sistemas estatales de ayuda y protección y cientos de millones de personas hayan quedado expuestas al hambre o atrapadas en un ciclo de pobreza y privación. 

En un documento titulado ‘Precios al alza, protestas crecientes: argumentos a favor de la protección social universal’, la organización reclama también el alivio de la deuda internacional e insta a los Estados a reformar sus sistemas impositivos y a perseguir el fraude fiscal, a fin de liberar una importante cantidad de fondos con los que sufragar la protección social.

“Un conjunto de crisis ha venido a demostrar lo mal preparados que están muchos Estados para facilitar a la población una ayuda imprescindible. Impresiona pensar que más de 4.000 millones de personas –es decir, en torno al 55% de la población mundial– no tienen acceso ni siquiera a la más básica protección social, a pesar de que el derecho a la seguridad social quedó ya consagrado en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Asimismo, el texto insta a los Estados a garantizar que la cobertura de la seguridad social –por ejemplo, subsidios por enfermedad o discapacidad, atención médica, pensiones para la población de edad avanzada, manutención infantil, prestaciones familiares y ayudas a la renta– esté a disposición de cualquier persona que pueda necesitarla.

El documento también describe cómo en numerosos Estados, la falta de seguridad social ha dejado a las comunidades expuestas en mayor medida a repentinos reveses económicos, a las consecuencias de los conflictos, al cambio climático o a otras perturbaciones. Las consecuencias de estas crisis, aseguran, han dado lugar en todo el mundo a protestas que, con frecuencia, han sido brutalmente reprimidas.