Respuesta.- Este proyecto de la Deputación de Lugo se caracteriza especialmente por fijarse en ayuntamientos pequeños, generalmente, de menos de 5.000 habitantes. Y se hace con el objetivo de favorecer el arraigo de la propia población, ya que siempre se da prioridad a los vecinos y vecinas de ese municipio en primer lugar. Además, a raíz de la pandemia hemos comprobado que eso ayuda a la estimulación cognitiva de los usuarios y usuarias, que han mejoran mucho al estar próximos al entorno en el que han vivido toda la vida. De hecho, los datos estadísticos que manejamos de las propias residencias demuestran que hay muchas personas que mejoran su estado físico, cognitivo y mental desde que entran a vivir en nuestras residencias.

Así mismo, nuestros centros de mayores se convierten en la primera empresa de muchos de esos municipios, pues generan una media 25 puestos de trabajos directos. Casi el 100% del trabajo es femenino y suponen un claro ejemplo de economía circular porque el funcionamiento de la residencia tiene un retorno en el ámbito económico y del empleo en torno a establecimientos de la zona como peluquerías, carnicerías, fruterías o farmacias, de las que, siempre que podemos, hacemos uso. Esto significa que es un proyecto tractor innovador y diferencial. 

En la Deputación de Lugo tenemos un total de 18 residencias proyectadas para el territorio de nuestra provincia. A día de hoy están funcionando siete centros públicos de atención a mayores situados en los municipios de Trabada, Ribadeo, Pol, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Castroverde y Meira con capacidad para más de 200 vecinos y vecinas de la provincia. En este año estarán funcionando dos más: uno en el ayuntamiento de Navia de Suarna y el otro en Ribas de Sil; el resto de centros están en construcción o con los proyectos en elaboración para las localidades de A Pontenova, Portomarín, Guitiriz, A Pobra do Brollón, Ourol, Folgoso do Courel y Ferreira de Pantón.

El presupuesto que destinamos a las residencias asciende a 10 millones de euros, a los que hay que sumar los 14 millones de euros comprometidos para desarrollar la red que tenemos prevista.

R.- Este modelo empieza a llamar la atención tanto a nivel nacional como a nivel europeo porque, precisamente, sigue la hoja de ruta que desde hace años se ha marcado en Europa, sobre todo los países más avanzados, en atención a mayores. Un modelo que ahora ha desarrollado España a través del Perte, donde la atención ha dejado de estar secularizada, ha dejado de convertirse en un negocio y donde la persona ocupa un elemento central. 

Por lo tanto, en este modelo no nos preocupa el beneficio económico o constructivo, sino que nos centramos en que la persona esté a gusto, cómoda, y que pueda envejecer dignamente. Para conseguir esto, tenemos que apostar por residencias pequeñas, situadas en sitios pequeños y que contribuyan a fijar población, que faciliten la mejora funcional y cognitiva de las personas. Y además son centros que están diseñados funcionalmente, lo que permite un ahorro de costes en la gestión pública de los centros. Es fundamental que sea gestión pública, ya que es uno de nuestros elementos diferenciadores con el resto de residencias.

Ese es nuestro modelo: un modelo 100% público. Está demostrado que las residencias pequeñas y públicas son las que mejor funcionan y han funcionado durante esta pandemia, habiendo tenido menos casos de Covid-19.  

El propio Secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, ha podido visitar las instalaciones y conocer el modelo de primera mano en nuestros centros, y conocer la atención personalizada que prestamos. Ha resaltado, en su visita, la ratio de atención que tenemos, donde el hecho de contar con 25 trabajadores por centro implica que hay una media de un trabajador por usuario, lo que ofrece una asistencia muy personalizada.

R.- Es una medida eficaz frente al reto demográfico porque apostamos, también como elemento diferenciador, por los ayuntamientos pequeños con problemas para generar empleo y problemas para generar economía de escala. Lo que hacemos con los Centros de Atención a Personas Mayores es reactivar la economía, tratando de evitar que la gente se vaya de estos ayuntamientos, que están ubicados principalmente en el rural, y asentar población y mejorar el contexto global de los municipios, lo que hace que sea una buena medida contra la despoblación. 

R.- Uno de los pilares fundamentales de la Diputación de Lugo es el bienestar social y la atención a los mayores. Esto lo hacemos desde distintas ópticas, porque colaboramos con los ayuntamientos a través de la financiación del servicio de ayuda en el hogar y del servicio de teleasistencia las 24 horas, aplicando elementos innovadores atención avanzada que nos permite hacer un seguimiento más pormenorizado de los mayores que tienen esos servicios. Este apoyo también lo hacemos, por supuesto, a través de nuestra red de residencias.

Hay que partir de la base de que, tal y como establece la Ley de Servicios Sociales de Galicia, las responsabilidades en esta materia son de la comunidad autónoma. La Deputación de Lugo tiene unas escasas competencias en este ámbito y, desde luego en el ámbito residencial prácticamente son nulas. Somos la única diputación de España que tiene una red tan amplia de residencias. 

Nuestro compromiso con la atención a los mayores queda más que demostrado y se puede argumentar con datos, ofrecemos un catálogo amplio de servicios a los mayores porque estamos en una provincia con altos índices de envejecimiento. Todo esto lo hacemos desde una institución que no tiene competencias en esta materia y desde la que se dedica más de un tercio del presupuesto a políticas sociales. 

R.- Otra de las preocupaciones que tiene la Deputación de Lugo, como buena conocedora de la provincia, es el concepto de ‘soledad no deseada’ y a través de las residencias, que actúan como polo difusor de los cuidados a mayores desde una perspectiva diferente, tratamos de que sean un punto de encuentro para que esa gente no se sienta sola. Lo hacemos llevando a cabo actividades destinadas a los residentes y también a los mayores que están solos o más aislados, invitándolos a participar en iniciativas como los talleres intergeneracionales, con los nietos o con los colegios de la zona.

Cuando tenemos conocimiento de que un mayor se encuentra en una situación de soledad le ofrecemos los servicios adicionales de los centros. 

R.- Alguna de las propuestas que se encuentran en las políticas planteadas por el Gobierno de España, están claramente reflexionadas y pensadas con el sector y enfocadas a una mejora del servicio asistencial e integral para los mayores. Está claro que el planteamiento realizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el adecuado, sin ir más lejos, el modelo residencial que plantea el Gobierno en este proyecto es el mismo que tenemos ya puesto en marcha desde la Deputación de Lugo desde hace más de una década. Se plantea la existencia de residencias pequeñas, ratios que permitan un mejor grado de atención a los usuarios y usuarias o la revisión de los convenios de los profesionales.

Se trata de un modelo que no encaja con los que tienen las comunidades autónomas como Galicia, y tampoco responde a sus intereses. La Xunta apuesta ahora por otro sistema en el que se prima, desde hace diez años: por modelos concesionales, con escasa o inexistente gestión pública, con centros grandes y con un gran número de plazas, todo lo contrario de lo que nosotros hacemos desde la diputación.

R.- Lo que realmente ataca al rural gallego es no conocer cómo funciona realmente. Modelos como los que tenemos nosotros en residencias, la teleasistencia o el SAF, son modelos integrales que van directamente al problema afrontándolo y atacándolo. Somos conscientes de que probablemente se necesiten muchos más medios, pero este modelo lo que busca es favorecer el desarrollo rural apostando por modelos como el que tiene la Deputación de Lugo. 

Lo que está claro es que este proyecto no va a beneficiar a los macrocentros residenciales, pero también porque en estos centros lo que prima es el beneficio económico frente al bienestar de las personas usuarias. Es decir, estamos cambiando el beneficio económico por poner en el centro a las personas, cueste lo que cueste.