Tras superar el ecuador de la legislatura, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, compareció, a principios de julio, en las Cortes de Castilla y León para hacer balance de estos dos primeros años, en los que se ha emprendido una gran transformación para modernizar los Servicios Sociales de la comunidad a través de la innovación y las nuevas tecnologías. Un cambio que requiere una gran inversión y que como manifestó la titular de Familia, parte del esfuerzo realizado por la Junta en gasto social: del presupuesto total de 1.081 millones con el que se partió en 2021, se ha pasado a los 1.368 millones previstos para este año, es decir, 287 millones más que al inicio de la legislatura.

Dentro de esta estrategia de transformación de los servicios sociales autonómicos se encuentra, por un lado, la modernización de infraestructuras que –con el sustancial incremento de plazas que conlleva–, y en la que se incluye la inversión estratégica en nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados. En este sentido, la Consejería de Familia, a través del sistema de atención a la ‘Dependencia 5.0’, ha acelerado la progresiva domotización y desarrollo de robot aplicados a los cuidados. Uno de los grandes hitos es el servicio de Teleasistencia Avanzada, para cuya implantación en todo el territorio autonómico se están invirtiendo casi 40 millones para el periodo 2022-2025, un salto exponencial en comparación con los 4,5 millones de 2021. 

Sin embargo, la apuesta por la innovación social va mucho más allá. El departamento de Isabel Blanco no solo la aplica, sino que está inmersa de manera directa en varios proyectos de desarrollo tecnológico a través de la conformación de una gran red de colaboración con universidades, centros tecnológicos y Tercer Sector. En el periodo 2021-2023 se han invertido 14,5 millones en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia. Es el caso de ‘Hometec’, centrado en la instalación de domótica avanzada en el hogar para detectar situaciones de riesgo, o ‘SERENHe’, una plataforma de telerrehabilitación física, cognitiva y emocional en el propio domicilio del usuario.

Junto a esto, cobra especial relevancia la compra pública innovadora de productos técnicos de apoyo orientados a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables –se encuentran en proceso de adquisición 400 andadores, 250 inodoros y 270 acostadores, todos ellos catalogados como ‘inteligentes’–.

Todas estas actuaciones tienen su punto de encuentro en el Hub de innovación tecnológica ‘La Aldehuela’ de Zamora, un polo tecnológico e innovador impulsado por la Junta y en el que tiene un papel protagonista el Clúster de Investigación y Aplicación de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), que cuenta con 68 asociados.

En estos dos años de legislatura ya se han ejecutado o se encuentran en muy avanzado grado de ejecución 80 de los 96 compromisos adquiridos al principio de la legislatura, es decir, un 83,3%. De ellos, la consejera destacó avances tan importantes para el desarrollo vital de las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad como la aprobación de las leyes de atención en centros residenciales o la de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad. Los 16 compromisos restantes ya se hallan en proceso de ejecución, por lo que su cumplimiento se alcanzará dentro del plazo acordado, expresó la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Los Servicios Sociales de Castilla y León, en cuya cúspide se ubica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, revalidan su liderazgo y continúan a la cabeza entre las autonomías no forales. De acuerdo con el último Índice DEC relativo al año 2023, realizado por la Asociación estatal de directoras y gerentes de los Servicios Sociales –publicado a principios de julio–, la comunidad supera holgadamente la media nacional, con una ventaja de 1,58 puntos, a pesar de que algunos de los indicadores han cambiado y ahora son más exigentes. 

Castilla y León, en el apartado de derechos, obtiene la mayor puntuación estatal, llegando a 1,40 de 1,50, mientras que la media nacional se sitúa en 0,95. En esta categoría, donde se han producido importantes cambios, puntúa contar con un plan estratégico o un mapa de cobertura, tener una norma o estrategia sobre ética o haber constituido un comité, haber aprobado una norma o estrategia sobre investigación, así como disponer de un presupuesto específico para ello y haber desarrollado normativa sobre la Historia Social Única y tenerla implantada. En todos estos indicadores, esta región aprueba con solvencia. Para haber alcanzado el 0,10 restante, el departamento de Isabel Blanco debería denominarse Consejería ‘de Servicios Sociales’.

Castilla y León continúa mostrando un sistema equilibrado, con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto. Esto se debe a la gran red de colaboración tejida con las entidades locales. En cuanto a la cobertura, Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal: 3,79 puntos frente a 2,59.

Además, destaca, notoriamente, en profesionales por número de habitantes –uno por cada 1.697, frente a los 1.764 estatales–; en dependencia, es líder con una nota de 8,9 del Observatorio de la Dependencia, frente al 5,1 nacional; en plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 años, se sitúa a la cabeza con una cobertura que duplica la media estatal; y en plazas residenciales para personas con discapacidad, con una plaza por cada 22 de estos ciudadanos, frente a las 57 del conjunto del país.