La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió el pasado 27 de diciembre un escrito firmado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha denunciando “la situación que se está produciendo en esta Comunidad y, por extensión, en todo el territorio nacional en relación con las revisiones de oficio de los expedientes de valoración de la dependencia”. La misiva ponía sobre la mesa una cuestión de especial gravedad, por las potenciales consecuencias que podría tener sobre los afectados: la Administración, asegura esta plataforma, está revisando, sin previa solicitud de los beneficiarios, los expedientes ya resueltos y por los que sus titulares se encuentran incluso recibiendo prestación, dando lugar en algunos casos a reducciones de grado.
Si bien es cierto que se trata de una actuación avalada por la propia Ley de Dependencia -que en su artículo 30 establece que las administraciones competentes (en este caso las comunidades autónomas) tienen potestad para realizar revisiones, a petición de interesado o de oficio, por causa de mejoría o empeoramiento, o por error diagnóstico o en la aplicación del baremo, derivando estas revisiones en las modificaciones pertinentes en la prestación a que tiene derecho el beneficiario-, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que en Castilla-La Mancha se está haciendo “una aplicación del baremo restitutiva, masiva y de oficio” cuya única finalidad, lamenta, “es hacer un recorte encubierto de la financiación, porque es el grado lo que prima a la hora de establecer la cuantía de la prestación”.
No es la primera vez, sin embargo, que saltan a la palestra informaciones sobre las revisiones del grado de dependencia con sorprendentes resultados. En noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dejó sin efecto una revisión de grado y nivel realizada por la Generalitat a un usuario al que en 2009 había valorado con el grado III nivel 1 y que, en 2012, al revisar su situación, dejó fijado en grado I nivel 2. La sentencia expone que “no se comprende cómo ha podido valorarse la dependencia tres años después en 54 puntos menos (de 75 en la primera valoración a 21 en su revisión), cuando es evidente y así consta en los informes que la situación era difícilmente reversible y las posibilidades de vida independiente muy escasas o casi nulas”.

Un fenómeno que se repite
Aunque probablemente el expuesto sea un caso extremo, lo cierto es que la concurrencia de denuncias de este tipo hacen pensar que circunstancias similares no estarían produciéndose solamente en Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Según explica Jaume Esteban García, presidente de la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia,  distintas asociaciones regionales han solicitado a sus respectivas Defensorías del Pueblo su intervención e inicio de quejas de oficio, solicitando a las administraciones autonómicas información sobre las valoraciones. “Las administraciones son muy reacias a justificar dichas actuaciones y retrasan la entrega obligada de los informes o se excusan diciendo que no es cierto, pero no aportan pruebas”, sostiene García.

¿Presiones?
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, asegura al respecto que “varias trabajadoras sociales de toda España llevan meses denunciando estas situaciones. En muchos casos nos explican que han recibido una carta de su superior donde les piden hacer revisiones de oficio”, lo cual, matiza, “no es el procedimiento habitual” porque las revisiones “se deben hacer con una periodicidad establecida por la normativa o por una demanda expresa del beneficiario o de la trabajadora social, al observar que ha empeorado la situación del usuario”.
¿Por qué entonces realizar revisiones de oficio? “Las trabajadoras sociales nos denuncian que verbalmente se les insinúa que reduzcan la intensidad de las prestaciones que percibe el usuario. De esta forma, se les quiere obligar a rebajar el grado de dependencia con el objeto de reducir servicios”, zanja Lima que, en este punto, advierte que, pese a que estos profesionales no pueden negarse a la petición por escrito de un superior para hacer la revisión de oficio, “la valoración del caso y el diagnóstico son un acto profesional que debe ser independiente y no está al servicio de los objetivos de la institución, sino de una valoración profesional objetiva”.
Lo que denuncian los afectados es, en fin, que se están realizando “recortes encubiertos” en un intento más por hacer sostenible un sistema que, prácticamente desde su puesta en marcha, se ha puesto en duda. Esto es, cuanto menor sea el grado de dependencia, y cuanto menor sea el número de beneficiarios con gran dependencia o dependencia severa (grados III y II, es importante recordar que las personas con dependencia moderada -grado I- no serán perceptoras de prestación hasta 2015), menor será la inversión que han de hacer gobiernos regionales y Estado, pues menores serán, en términos económicos y de tiempo, las prestaciones dadas.

Para el Imserso, los datos del SAAD son positivos
En este sentido, desde el Imserso niegan cualquier intento por “abaratar costes” en este sentido y defienden que “desde la aprobación de los acuerdos del Consejo Territorial en esta legislatura, 2012 y 2013, que aseguran una mejor gestión por parte de todas las administraciones, los datos (del SAAD) son claramente positivos”. Así, recuerdan, el avance de la evaluación de resultados de la aplicación de la Ley de 2013 se salda con un incremento de 15.255 beneficiarios con prestación. Si a 31 de diciembre de 2011 había 738.587 personas recibiendo una ayuda vinculada a la Ley de Dependencia en el conjunto del Estado español, a la conclusión de 2013 las personas en esta situación eran 753.842. Y, además, “se ha reducido en más de un tercio la lista de espera, que ha pasado de 305.941 personas a 31 de diciembre de 2011 a 190.503 personas a fecha 31 de diciembre de 2013, esto es, 115.438 menos”.
El dato, que es bueno, ha de ser, sin embargo, tomado con algunas precauciones. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llamó recientemente la atención sobre un fenómeno que les preocupa: desde 2011 se han perdido una media de 2.588 grandes dependientes cada mes o, lo que es lo mismo, en dos años se han reducido en 62.690 los dictámenes de personas valoradas con el grado III. Su presidente achaca esta situación a varios motivos. Uno de ellos es la ya mencionada revisión del grado que se está dando en algunas comunidades, pero, matiza Ramírez, esto “ha de verse en contexto” con otras dos circunstancias: la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia, que entró en vigor en febrero de 2012, y que, asegura, es “mucho más estricto”; y la no reposición de las bajas en el sistema, fruto del fallecimiento de los beneficiarios.
Preguntados sobre si se están reponiendo en su totalidad las bajas que se producen en el SAAD, portavoces del Imserso responden “rotundamente sí”. Y añaden: “No sólo se están reponiendo sino que, además, las altas superan a las bajas tanto en 2012 como en 2013”. 
En realidad, no es que no entren dependientes en el sistema, sino que lo hacen en mayor medida como dependientes de los grados I y II, y no al mismo ritmo en que se producen bajas. Haciendo una comparativa de los datos estadísticos que publica el Imserso sobre el desarrollo del sistema, se puede ver que, del total de expedientes por cada grado al término de 2012 y al término de 2013, sólo en el grado I se produce un saldo positivo: en la actualidad hay 6061 personas más que en 2012 valoradas como dependientes moderadas, mientras que los dependientes severos bajaron en 8.761 personas y hubo 23.608 expedientes menos de gran dependencia que los registrados el año anterior. 

Baremos más estrictos
Que hoy haya menos dictámenes de valoración de la gran dependencia está muy relacionado con el endurecimiento del baremo, que para José Manuel Ramírez “está dificultando la realización de nuevas valoraciones de grado III”. Una tesis que apoya Ana Lima, que cree que los baremos se han modificado “para reducir la intensidad de los servicios”.
Desde el Imserso, no obstante, hacen especial hincapié en que “el baremo no se ha modificado en la actual legislatura, ni se ha visto afectado por las medidas de mejora adoptadas por el Gobierno en el año 2013”. Y es cierto, pues aunque lleva en vigor apenas dos años (se hizo efectivo en febrero de 2012), fue el anterior Gobierno, bajo el mandato de Trinidad Jiménez en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el que aprobó las actuales escalas de valoración de la dependencia. Lo que sí hizo el actual Ejecutivo fue una simplificación de los antiguos grados y niveles de valoración de la situación de dependencia, que pasaron de seis (tres grados con dos niveles cada uno de ellos) a tres. “La nueva estructura únicamente afecta a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de la medida”, defienden desde el Imserso. Es decir, se ven afectados los actuales solicitantes de la Ley, aquellas personas valoradas a partir de julio de 2012, y los beneficiarios sometidos a revisiones en la situación de su dependencia.
“El hecho de que hayan eliminado los niveles convierte el sistema en menos preciso a la hora de establecer la relación entre la necesidad y el recurso idóneo para esta”, opina la presidenta del Consejo General del Trabajo Social. La decisión, recuerda el Imserso, se adoptó en el Consejo Territorial siguiendo las recomendaciones de la evaluación que se hizo de la Ley de Dependencia para el periodo 2007-2011. Los autores de aquel documento precisaban que “la estructura y clasificación de las situaciones de dependencia, por grados y niveles, configuran un entramado complicado y que no parece tener en la realidad una plasmación clara de las diferencias entre niveles, e incluso grados y niveles próximos, tanto en la valoración de las situaciones como en las prestaciones para atenderla” y apuntaban, asimismo, a que “este entramado produce una situación casi continua de revisión de las situaciones personales de dependencia”.
En relación con esto, el Imserso considera que “la nueva clasificación sólo por grados es una medida que pretende mejorar el proceso de valoración, priorizar la asistencia a los mayores dependientes y agilizar el procedimiento para el acceso a las prestaciones y servicios”.

El impacto de la simplificación de grados
Sin embargo, lo que es innegable es que con la simplificación se ha producido una rebaja en las cuantías económicas de las prestaciones y en las intensidades de estas. Por ejemplo, la cuantía máxima para la prestación económica vinculada al servicio estaba fijada en 833,96 euros mensuales para una persona valorada con el grado III nivel 2. La prestación máxima para este mismo concepto en el actual grado III fue, en el año 2013, de 715,07 euros. Y lo mismo ha ocurrido con la intensidad de los servicios, como el de ayuda a domicilio, que en la práctica supone la prestación de menos horas de atención para un importante número de usuarios. Así, quienes habían sido valorados como grandes dependientes podían recibir entre 70 y 90 horas mensuales (nivel 2) o entre 55 y 90 (nivel 1). Sin embargo, el actual grado III contempla una cobertura para la ayuda domiciliaria de entre 46 y 70 horas semanales, algo que, por cierto, se extenderá incluso a las resoluciones de reconocimiento de prestaciones anteriores al 15 de julio de 2012,  porque los decretos que modifican algún aspecto de la Ley de Dependencia no dejan de sucederse en los últimos tiempos. Una reciente reforma del Gobierno abre la puerta a que las comunidades adapten la intensidad del servicio a los nuevos baremos. Un cambio normativo que, además, incluye la incopatibilidad entre servicios, exceptuando la teleasistencia.
“Es un drama”, resume José Manuel Ramírez, al tiempo que alerta de que “la bajada de la calidad asistencial va a ser dramática, y además tendrá un efecto perverso en el empleo: el 39% de las auxiliares en el hogar se van a ir a la calle porque si bajan las intensidades, se quedan sin trabajo”.

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