El envejecimiento de la población española en el siglo XXI se ha convertido en uno de los retos más significativos de nuestra sociedad y será una experiencia única a nivel mundial debido a las características de nuestra pirámide de población. Este envejecimiento supondrá, sin duda alguna, una transformación sin precedentes en la historia de nuestra forma de ver y entender la economía, la política, el estado de bienestar, las relaciones intergeneracionales, la arquitectura y el urbanismo, el ocio, los medios de comunicación... y también como no, el sector residencial de atención a personas mayores.
Desde los años 70, y con la llegada de la democracia y la derivación de competencias en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas, el sector residencial ha ido evolucionando aparentemente. Más, tal vez, en cuestiones arquitectónicas y de servicio o de forma (instalaciones, terapias, roles profesionales...) que en cuestiones conceptuales o de fondo (libertad de elección, autonomía, derechos, etcétera). En las últimas décadas del siglo XX, el sector se caracterizó por una marcada filosofía de carácter asistencialista en la que los usuarios de los servicios, con escasa formación en general, carecían prácticamente de cualquier derecho y se limitaban a recibir una atención que empezaba a evolucionar desde el concepto de “asilo” al de “residencia de tercera edad”. Por ello, el “trato familiar” era el reclamo más valorado para evaluar la calidad del servicio y lo que derivó finalmente en un interés hipertrofiado por convertirse en “alguien de la familia”. En este escenario, las órdenes religiosas, dada su finalidad intrínseca, ganaban puntos y credibilidad, sobre todo, frente a un sector privado, que con ánimo de lucro parecía emitir discursos contradictorios entre la supuesta familiaridad y la cuota mensual, pero que iba consolidando demanda ante la falta de desarrollo del servicio en el sector público. Todavía hoy en día esta percepción se mantiene y las órdenes religiosas y las entidades sin ánimo de lucro gozan de esta percepción más benevolente. Por otro lado, el escaso o deficitario desarrollo normativo hacían que tanto las instalaciones como los servicios ofrecidos tuvieran una calidad mínima o a veces insuficiente. Igualmente los profesionales que trabajaban en estos centros no disponían, en general, de una formación especializada en Geriatría y Gerontología.
A lo largo del siglo XX y con la aparición de nuevos centros el servicio de atención residencial ha ido evolucionando hacia un modelo sanitarizado (o sociosanitarizado) en el cual se encontró un referente para profesionalizar el servicio y una excusa para protocolizar procesos secundarios en la gestión de los centros. Por tanto el modelo se ha ido centrando en la prestación de unos servicios teniéndolos a estos como epicentro del sistema (confundiendo el medio con el fin) y no a los usuarios, que continúan como personas con nula autonomía para la toma de decisiones y consecuente despersonalización y pérdida de control sobre su propia vida. A la vez, la institucionalización y su radical enfoque hacia dentro hace que la interacción social, se vea prácticamente extinguida haciendo del ingreso en sí mismo un factor determinante para la pérdida de bienestar de las personas mayores y sus familiares, suponiendo un camino no deseado dentro del ciclo vital, un dramático paso previo al fin de la vida.
En la actualidad, el sector residencial se encuentra en una ebullición empresarial sin precedentes. La concentración del sector en unas pocas empresas y las constantes compras de centros y grupos por otros grupos más grandes, estos por fondos de inversión y estos a la vez por otros fondos de inversión de mayor tamaño, hacen que la estabilidad a medio y largo plazo se vea comprometida y se estén realizando mayores esfuerzos en digerir e integrar la heterogénea compra realizada, que en el desarrollo e implantación de unos planes estratégicos homogéneos que puedan llevarle a un éxito en el futuro. Un futuro en el que se van a dar unas condiciones radicalmente distintas y en el que la demanda de unas personas mayores con formación superior y secundaria en su mayoría, educadas en una democracia y estado de bienestar, autónomas en todos los ciclos vitales de su vida como tal vez nunca se haya dado en nuestro país, exigirá una mayor calidad de los servicios ofertados o el cambio de estos servicios por otros más adecuados.
Todos estos ingredientes concurren hacia una oportunidad única e histórica en la que nos debemos plantear la gran oportunidad para reinventar un sector que provoca un rechazo inconsciente en la conciencia colectiva pero que está a puertas de convertirse en un negocio que opere dentro del Ibex 35 y que ahora debe responder a la pregunta ¿son estos los centros en los que nosotros mismos queremos ingresar en el futuro?