La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) pidieron ayer “consenso” para una reforma de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y del sistema “sin retrocesos”. 
Durante una rueda de prensa, el presidente de la UDP, Luis Martín Pindado, aseguró que “estamos viviendo tiempos difíciles”, pero las personas mayores, “como principales usuarios de la Ley”, “no estamos dispuestos a ir hacia atrás”. “Los derechos ya adquiridos, están adquiridos”, dijo.
Del mismo modo, ha considerado que esta ley “es una gran ley” y el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, por lo que ha apostado por “luchar con todas nuestras fuerzas” para que la norma “salga fortalecida”.
Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró que esta ley es un “bien social” y una “conquista de todo el país”, sobre todo, para las personas en situación de “máxima vulnerabilidad”.
Sin embargo, y tras cinco años de aplicación, Pérez Bueno consideró que el resultado ha sido “muy insatisfactorio” por sus resultados en lo que respecta a la precariedad en su implementación, los retrasos en el pago de las cuantías, los “flagrantes incumplimientos”, los recortes a los que se ha visto sometida desde 2010 y, sobre todo, a la “desigualdad y agravios” en su aplicación por cuestión del territorio.
Esta revisión, desde su punto de vista, se tiene que hacer con consenso político y social, tal y como se hizo en su aprobación, y exigió que si se aprueba por real decreto, se tramite como proyecto de ley, para que con el tiempo “todos los usuarios podamos ser escuchados”. “La ley tiene que basarse en un Pacto de Estado”, puntualizó.
Así, destacó que las “expectativas frustradas” generadas por la ley, pero ha dejado claro que esta frustración “no va contra el espíritu” de esta normativa.
Del mismo modo, criticó que no se haya consultado a los destinatarios y reclamó que se cuente con los usuarios de la ley porque “si no se podría llegar a producir una fractura social, difícil de recuperar”.
Asimismo, se mostró favorable a una reforma de la ley pero no “al socaire” de los momentos de crisis actuales y destacó que cualquier reforma “apresurada” “puede dar al traste” con esta ley y, recalcó, que desde el Cermi “no lo vamos a consentir”.
En esta línea, Pérez Bueno quiso dejar claro que el Cermi rechaza la reforma y puso como ejemplo la rebaja de un 15% en la paga a los cuidadores familiares de personas dependientes, contemplada en la reforma. Entre las reivindicaciones del colectivo, subrayó la ampliación del catálogo de prestaciones, tendente a aumentar la autonomía personal de los destinatarios de la ley, hacer mayor hincapié en la prevención de la dependencia y la posibilidad de que esta ley entre en el sistema de Seguridad Social para evitar la desigualdad entre territorios.
En relación a la lógica de la reforma de esta ley basada en la crisis, Pérez Bueno manifestó que “no es admisible” que se centre sólo en el ahorro y recordó que desde el movimiento asociativo se ha conseguido que los recortes “no sean tan agudos” como se preveía en un principio y que se le dé “una respiración asistida a la ley”.
“Trabajaremos para atenuar cualquier retroceso” y subrayó que “es obligación de todos que la crisis no sea la excusa de la merma de estos derechos”
Por su parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, hizo referencia a la “grave” crisis económica que atraviesa nuestro país, que afecta a toda la sociedad, pero, en este sentido, indicó que “especialmente, las personas mayores y, sobre todo, las personas en situación de dependencia”, que ven agravada su situación por falta de recursos económicos y por el incumplimiento de las expectativas creadas desde hace ya más de cinco años, con la puesta en marcha de la ley.

Consenso
Desde Ceoma, manifestó, “pensamos que el espíritu de consenso que impulsó esta Ley debería servir para acometer la reforma, consultando a los propios usuarios”. En este sentido, Méler aseguró que la escasez de recursos económicos y la urgencia de contener el gasto público afectan “directamente” al sentido que debe guiar la reforma e implican que haya que priorizar a los beneficiarios que van a acceder a los limitados recursos, empezando, “necesariamente”, por aquellos que más lo necesitan, como son los grandes dependientes y los dependientes severos.
“No podemos perder de vista que en este momento hay más de 300.000 personas en lista de espera y casi 3.000 millones de euros por encima de las previsiones”, destacó. En cuanto a las reformas concretas de la ley anunciadas por el Gobierno, apuntó que “creemos que debe garantizarse la continuidad en la vivienda propia y el cuidador familiar con el soporte de la atención profesional”. En este sentido, indicó que no se puede estigmatizar el cuidado familiar imputándole “baja calidad”, al mismo tiempo que se debe impulsar la formación de los cuidadores no profesionales y el control sobre la atención que recibe la persona en situación de dependencia y sobre la afiliación a la Seguridad Social de estos cuidadores.
“No hay que perder de vista que las familias están supliendo la atención a esas 300.000 personas que están en lista de espera”, agregó.
Este encuentro informativo se enmarcó en la reforma que prepara el Gobierno -y que podría aprobar hoy mismo en Consejo de Ministros- sobre la ley, que tiene como objetivo unificar criterios para toda España y revisar la forma de calcular el copago, las ayudas y los precios mínimos de sus servicios previstos.