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Los familiares de residentes reclaman un nuevo modelo al grito de '¡Basta ya!'

Convocadas bajo el paraguas de La Plataforma Estatal, las principales organizaciones de familiares y usuarias de residencias para mayores se manfiestan para denunciar que "en estos centros se están vulnerando reiteradamente los derechos humanos y fundamentales"

M.S. / EM 19-09-2022

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REDE / LA PLATAFORMA

Las principales organizaciones de familiares y usuarias de residencias para personas mayores y personas con discapacidad de todo el Estado español, integradas en La Plataforma Estatal, se manifestaron en Madrid con el objetivo de, como ellas mismas expusieron, "denunciar que en estos centros se están vulnerando reiteradamente los derechos humanos y los derechos fundamentales y constitucionales de las usuarias, además de quebrantarse los derechos laborales de las trabajadoras".

También hicieron un llamamiento a la sociedad para que, en un momento crucial, "exija a las diferentes Administraciones públicas y a las empresas operadoras de residencias un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de funcionamiento de residencias, y de los demás servicios de la dependencia también, en el que la participación activa de usuarias, familiares, y trabajadoras, como representantes legítimos de la ciudadanía, sea inexcusable".

Con estas premisas y llegadas de distintos puntos de España, un total de 6.200 personas, como confirmaron desde La Plataforma a este periódico,  caminaron por las calles de la capital para reclamar al grito de "¡Basta ya!" que se ponga en marcha el desarrollo de "un nuevo modelo donde la iniciativa pública sea sólida, donde los servicios se ofrezcan en el entorno familiar, bien financiados, de calidad suficiente, dotados de personal adecuado en número y formación, y a un precio razonable para la realidad actual de las pensiones".

En un comunicado conjunto, desde estas entidades apuntan a deficiencias como la inexistencia de personal suficiente y cualificado para atender las múltiples necesidades de los resi­dentes –la mayoría personas muy vulnerables–; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; y, entre otras cuestiones, concluyen, "unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o aban­donados". Ante todo ello, piden calidad en la atención y que se anteponga siempre la dignidad de los residentes. 

DEMANDAS DEL SECTOR
Aunque las organizaciones de familiares y usuarias de re­sidencias valoran positivamente las mejoras que recientemente ha aportado el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acredita­ción y Calidad de los Centros y Servicios de la Dependencia –aprobado el pasado 28 de junio en el Consejo Territorial que reúne a Gobierno central y a las comunidades autónomas–, sí matizan que "en lo fundamental el documento no garantiza el cambio de modelo, no asegura cuidados dignos y de calidad". Gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y de las usuarias, señalan, "no se han tomado en consideración".

Entre ellas, apuntan a que para implantar en 2030, La Plataforma Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. "La cifra aprobada en el acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal", apuntan desde la entidad.

Asimismo, apuntan a que en inspecciones y órganos de control "tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias".

De la misma manera, el sector destaca que tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las comunidades planes de creación de residencias públicas "para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad". "No desaparecerán las macro­residencias ni el espíritu de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuan­ do hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro. Tampoco se exigirá un número sufi­ciente de habitaciones individuales que preserve la inti­midad de las personas a la vez que permita una preven­ción más eficaz ante la amenaza constante de epidemias e infecciones", denuncian.

Así pues, concluyen calificando esta situación que se da con el actual sistema de residencias en España de "bochornosa e inhumana", de ahí que deba "transformarse radicalmente ya". "El respeto a los derechos humanos, los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad no puede esperar. De lo contrario, estamos alimentando una sociedad enferma, edadista, cruel”, concluyen los representantes de esta entidad.

SOBRE LA PLATAFORMA
La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Personas Mayores y Personas con Discapacidad se presentó públicamente en mayo de 2021, aunque buena parte de sus organizaciones ya venían trabajando en el campo de la defensa de los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad en residencias desde años antes de la pandemia. Agrupa en estos momentos a 19 colectivos de once comunidades.

Está considerado el colectivo de organizaciones más grande del sector de las residencias en Europa, legítimas representantes de usuarias y familiares y, como expresan, "voz de las supervivientes y de las víctimas de la gestión de un modelo sumamente privatizado, economicista, usurero, infame e indigno de la condición humana". 





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