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Las comunidades autónomas recortaron, en 2020, sus presupuestos para políticas sociales

M.S. / EM 17-09-2021

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En 2020, el porcentaje del presupuesto destinado a los servicios esenciales disminuyó un 2% con respecto a 2019. Si bien en cifras absolutas, la inversión en políticas sociales solo creció el 4,81% respecto al año anterior. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS).

En total, 5.681 millones de euros es el incremento que registraron en 2020 las políticas sociales gestionadas por las comunidades autónomas –sanidad, educación y servicios sociales– con respecto al año anterior, siendo el mayor incremento del gasto el de educación (2.535,6 millones), seguido de servicios sociales (610 millones) y, aunque resulte paradójico en plena pandemia, en último lugar, el gasto en sanidad (2.573,3 millones).

Doce comunidades autónomas redujeron en 2020, según los datos de la ADGSS, el porcentaje del presupuesto dedicado al gasto social y solo las cinco restantes incrementaron el porcentaje de gasto en políticas sociales: La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Aragón.

ANÁLISIS POR REGIONES
Por regiones, hay grandes diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales, oscilando entre los 2.204 euros de la Comunidad de Madrid y los 3.456 euros de Navarra o los 3.415 de Euskadi. Entre las comunidades de Régimen Común, destaca Extremadura, con 3.129 euros, Asturias (3.069 euros) y Cantabria (2.994 euros).

Madrid, con 2.204 euros, y Catalunya, con 2.426, se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 17,5% inferior a la media de España, 1.300 euros menos que Navarra y casi 800 euros menos que la primera comunidad de régimen común con mayor inversión social, que es Extremadura. "Bien es cierto que hay que relativizar estos datos, tener en cuenta las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios", exponen desde la ADGSSS.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado hasta 2020 es la razón por la que, para la entidad presidida por José Manuel Ramírez, se "ha lastrado la recuperación en el gasto social". "La complejidad burocrática también está lastrando la efectiva recuperación, a consecuencia de la cual todavía no se observan los efectos del nuevo presupuesto estatal de 2021 ni el aumento de fondos específicos vinculados a la gestión de la crisis social y sanitaria por la Covid", añaden.

Con referencia a los datos de 2009, al margen del crecimiento del gasto en deuda, solo servicios sociales y educación habrían recuperado el nivel de inversión por habitante previo a los recortes: 2.590,32 euros fue el gasto social por habitante en 2020 en el conjunto de comunidades, solo 54,98 euros superior a 2009 y 28,74 euros inferior a 2019.

No obstante, explican los autores del informe que "desde 2010 el porcentaje que representa el gasto en políticas sociales sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, solo rota en los años 2015 y 2016". 

Por tanto, 14 comunidades han superado en 2020 el gasto social por habitante que tenían en 2009, encabezadas por Asturias y Navarra . Canarias, Castilla-La Mancha y Catalunya son las tres regiones que aún mantienen su gasto por habitante inferior en 2020 al que tenían en 2009. Illes Balears es la comunidad que registra un mayor incremento porcentual de su gasto social –un 25,29% más–.

RAMIREZ CALIFICA ESTOS DATOS DE "DECEPCIONANTES"
En una entrevista con entremayores, José Manuel Ramírez realiza una valoración de los datos presentados por la asociación que él preside, algo que califica como "decepcionante", señalando que "cuando a los gobiernos autonómicos les llega más dinero no se priorizan la protección de las políticas sociales".

Pregunta.- -¿Qué valoración hace de los datos que acaban de presentar desde la ADGSS?
Rspuesta.- Nuestra valoración, en pocas palabras, se podría calificar como decepcionante. Hemos asistido a unos discursos de los gobernantes autonómicos en plena pandemia en los que defendían el estado de bienestar y hemos comprobado, con el presupuesto definitivo, que dichos discursos no compadecían con las apuestas económicas para mantener las prestaciones y los servicios del estado de bienestar. Esto nos plantea la duda de si los refuerzos presupuestarios que se realizaron en el año de la Covid-19 tardan en llegar por la burocracia, y por ello no se perciben en el presupuesto definitivo y es posible que lo hagan en el liquidado; o bien realmente los discursos de los gobernantes están fuera del compromiso presupuestario, que es la vida real de la atención a las necesidades de las personas vulnerables.

P.- Entonces, con este panorama, ¿cuál es la consecuencia más dramática de que no se esté invirtiendo en políticas sociales como se debería? 
R.- La tendencia es que cada vez las comunidades autónomas gestionen más dinero y a medida que esto ocurre, destinan un porcentaje menor a las políticas del estado del bienestar. Esto se observa claramente desde 2013 hasta 2020, en los que estos porcentajes han caído nueve puntos, una situación que repercute en un sufrimiento de las personas que tienen la esperanza de que el estado de bienestar cubra sus necesidades. Y, además, esta situación conlleva un aumento la desigualdad. Es decir, el estado de bienestar debería de compensar que la igualdad sea un valor en nuestra sociedad; pero que en España, en 2020, solo se haya dedicado a este fin el 58,6% cuando en 2010 se dedicaba el 67,4% –nueve puntos más– quiere decir que cuando a los gobiernos autonómicos les llega más dinero no se priorizan la protección de las políticas sociales. Es algo tremendamente grave porque estos gobiernos deben consolidar y mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales.

P.- La tendencia es evidente pero, ¿se puede revertir para que, definitivamente, las comunidades refuercen su compromiso con las políticas sociales? 
R.- Las Administraciones autonómicas deberían haber entendido, después del sufrimiento derivado por la pandemia, las muertes que hemos tenido y la crisis que el sistema sanitario, educativo y social, incluyendo la dependencia, que estamos viviendo, y cómo ha atacado todo esto a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Con ello, deberían comprender que es el momento para reforzar el estado de bienestar.

P.- ¿Y cómo lograrlo? 
R.- Hay que hacer entender a los ciudadanos que debemos exigir que nuestros gobiernos autonómicos apuesten y prioricen el estado de bienestar como una de sus principales finalidades de la agenda pública y aquellas comunidades que no cumplan con ello, creo que deberían ser castigadas electoralmente por haber dejado atrás a las personas que más sufren cuando el estado de bienestar está débil.

P.- Precisamente con todo lo que pasado en este año, ¿se imaginaban desde la ADGSS que presentarían unos datos, como usted dice, tan decepcionantes? 
R.- Después de haber escuchado los discursos sobre las apuestas que hacían los gobernantes autonómicos sobre las políticas sociales y las inversiones que se anunciaban casi a diario en ruedas de prensa, así como la inyección económica que la Administración General del Estado puso sobre la mesa para sanidad y educación, pero no así para los servicios sociales, que los 1.000 millones de euros que había desaparecieron y se dejaron de invertir en servicios sociales. Cuando escuchábamos que 6.000 millones serían para sanidad y 2.000 para educación, creíamos que esto iba a impactar directamente en el gasto social de las comunidades autónomas que reforzaban estos sistemas de protección social. En el presupuesto definitivo, por lo menos, no se ha visto. Hay que ser cautelosos, eso sí, porque a lo mejor sí se observa una desviación en el presupuesto liquidado cuando se presente el año que viene pero no podíamos preveer que los porcentajes bajarían de esta manera, en un 2%.


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