La Marea Naranja Estatal denunció, a finales del mes pasado, “la dramática situación que atraviesan los servicios sociales” y exigió inclusión en la agenda social y política. Las organizaciones reclaman un desarrollo normativo estatal y un cambio constitucional que blinde la red pública de servicios sociales. 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, abrió el turno de intervenciones exigiendo el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho subjetivo fundamental. “Es el primer paso para dar cuerpo al sistema de servicios sociales”, defendió Lima, que explicó cómo, ante la falta de una ley marco de servicios sociales, las distintas legislaciones autonómicas ofrecen una gran diversidad en la atención y protección a las familias. Según la presidenta existen leyes autonómicas, llamadas de tercera generación que, aunque reconocen los derechos sociales subjetivos, “no han desarrollado su marco legal, con lo cual esos derechos no se han hecho efectivos”. Al contrario, insistió Lima, “se aplicaron recortes sociales”. 

Según el Consejo General de Trabajo Social, desde 2011, el Estado ha recortado un 23% su aportación a servicios sociales en los Presupuestos Generales. En concreto, el Plan Concertado de prestaciones básicas, se redujo en un 70%. “A ello hay que sumar la reforma de la Administración Local, que supone una amenaza tremenda”, indicó Lima y añadió que se produjo un aumento del 74% de la demanda, en la que la mayoría son mujeres, con cargas familiares y con ingresos de 300 a 500 euros al mes. “Muchas familias que pasan hambre, se debaten entre pagar la hipoteca o a comer. Pero no se están dando respuestas. Así, el 27% de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social y España es el segundo país con más pobreza infantil”, aseguró la presidenta del consejo, que no dudó en advertir que “no solo se ponen pocas medidas sino que las que se ponen son ineficaces. Se apunta a la caridad y beneficencia”.

César Vital, de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales enfocó su intervención en la situación por la que pasa el sistema de atención a la dependencia, uno de los pilares de los servicios sociales. “Hay comunidades autónomas que están trabajando para integrar servicios sociales y dependencia. En este sentido, donde mejor se está aplicando es Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía”, aseguró Vital. También explicó que “hay alrededor de 2,6 millones de personas que no pueden realizar las actividades de la vida diaria”. Además, Vital desgranó cómo, de los 775.000 dependientes que acogía el sistema el año pasado, este año hay 30.000 menos. “No han dicho el por qué, cuando lo normal es que fueran más, porque hay un crecimiento vegetativo. Nosotros lo explicamos porque hay muchas personas que mueren antes de entrar en el sistema. Calculamos que son una de cada cinco personas”, incidió Vital, añadiendo también que el menor número de beneficiarios se debe a que los dependientes moderados no han entrado en el sistema cuando estaba previsto, por el real decreto que se aprobó en 2012. “Otro dato importante es que el usuario ya paga más que el Estado. De cada 100 euros que financian el sistema, 63 los ponen las comunidades autónomas 18 el Estado y 19 la persona”, concluyo el representante de la asociación.

Por su parte, la secretaria de Política Social e Igualdad de CC OO de Madrid, Ana González, denunció el contexto de cuestionamiento de lo colectivo y de limitación de libertades públicas, en lo que calificó como “un escenario de clara involución democrática”. González destacó que las políticas de austeridad y recortes solo generan “más pobreza y desigualdad” y que se está asistiendo a un nuevo fenómeno como es el de los trabajadores “pobres”, que suponen ya el 12% del total. La responsable sindical hizo un llamamiento a los partidos políticos para que pongan en valor e incluyan en su agenda los servicios sociales, de forma que estos salgan de la “caverna” en la que se encuentran y sirvan como “elemento fundamental de cohesión y transformación social”. Para González es necesario alejar los servicios sociales del mercantilismo, ya que el 75% de su gestión está, con diversas fórmulas, en manos privadas. Además ha reivindicado el empleo en el sector y la calidad del mismo porque “no hay calidad en los servicios sociales si no hay calidad en el empleo”. En este punto, denunció la destrucción de 57.000 puestos de trabajo en los servicios sociales, el 12% del total, y su incidencia sobre todo en las mujeres, que suponen el 85% del empleo destruido.