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HelpAge destaca la necesidad de avanzar en la definición y regulación de un 'derecho al cuidado'

La organización publica un informe que, desde una mirada holística, describe, contextualiza y analiza aspectos a los que, hasta ahora, se les había prestado poca atención, como la dimensión subjetiva del cuidado

Redacción EM 05-10-2021

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HelpAge España acaba de publicar el informe 'El derecho a los cuidados de las personas mayores', que ha sido elaborado por un equipo de investigación multidisciplinar del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Este informe constituye el primero de la colección 'Los derechos humanos de las personas mayores en España: la igualdad y no discriminación por razón de edad', que tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los problemas y las realidades de las personas mayores, promover su autonomía y su posición como actores imprescindibles en la sociedad y sensibilizar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre los abusos a los que se enfrentan las personas mayores.

La pandemia ha puesto de manifiesto las lagunas que existen para garantizar el derecho fundamental a la vida y a un trato digno, así como la fragilidad de los derechos al cuidado de las personas mayores y de las personas en situación de dependencia. A pesar de que antes de la pandemia ya estaban presentes todas estas carencias, hemos podido comprobar que no podemos esperar más para abordar los retos de la revolución demográfica y adaptar nuestro sistema para un mundo en el que vivimos más años y en el que, cada vez más, vamos a necesitar de más cuidados en distintos momentos de nuestra vida.

Para conseguirlo, necesitamos contar con más datos y análisis de una realidad muy compleja. Por ello, a través de un enfoque basado en derechos, este informe aborda los cuidados y el derecho al cuidado desde muy diversas perspectivas. En primer lugar, este informe parte del complejo concepto cuidar­, entendido como apoyar a las personas en su autonomía, y aborda el debate sobre la consideración de los cuidados como un derecho fundamental o un conjunto de derechos. Así, desde una mirada holística, esta publicación describe, contextualiza y analiza aspectos a los que, hasta ahora, se les había prestado poca atención, como la dimensión subjetiva del cuidado. Además, aborda la discriminación y los abusos en el ámbito de los cuidados en España, explica la normativa y las políticas públicas de los cuidados en España y realiza propuestas para un nuevo modelo de cuidados en los que las personas estén en el centro.

CARENCIAS DEL SISTEMA
Este informe ofrece una visión general de la normativa que existe en España para la protección de la dependencia y la promoción de la autonomía personal. Para ello, hace un análisis crítico de la Ley de Dependencia y de cinco casos autonómicos (Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco) de desarrollo de la normativa estatal sobre dependencia y de otros ámbitos relacionados, como los servicios sociales. A pesar de que la LAPAD reconoce por primera vez en España la protección a la dependencia y la prevención para la autonomía personal como derechos subjetivos, este informe muestra que la enorme necesidad de ampliar la cobertura del sistema. De hecho, el 52,99% de las personas mayores con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria, necesita ayuda, pero no dispone de ella o bien necesita más ayuda de la que dispone. Además, el informe destaca la necesidad de reducir o eliminar la lista de espera, dar más peso a la prevención de la dependencia y apostar por un sistema más individualizado, entre otros.

En este informe también se identifican algunas de las discriminaciones que las personas mayores padecen en relación con los cuidados. Desde el enfoque de los derechos, y desde la mirada del Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, se señalan las disfuncionalidades y vulneraciones de derechos en la aplicación de procedimientos o de prácticas inadecuadas, denunciadas y detectadas por estas dos instituciones y se describen las carencias, personales, materiales y organizativas, que afectan y han afectado al sistema residencial de los cuidados. El informe destaca que, en la práctica del cuidado, pueden producirse discriminaciones y abusos, por acción y por omisión, y señala la soledad no deseada como la situación más cercana a la negación absoluta del cuidado. La revisión del modelo de residencias, la falta de plazas y de personal, así como la cualificación de este son las principales preocupaciones en las que insiste el informe del Defensor del Pueblo. Por otro lado, la Fiscalía subraya la necesidad del consentimiento expreso de la persona mayor para ser ingresada en una residencia.

Este informe también denuncia que durante la pandemia se han transgredido de forma gravísima los derechos de miles de personas mayores, las que vivían en sus casas y, de forma especialmente dramática, las ingresadas en los centros residenciales. El derecho a la vida y a no sufrir maltrato psíquico y físico, los derechos a la sanidad, a la intimidad personal y familiar, la libertad personal y la de circulación, así como aspectos básicos del principio constitucional de autonomía, han sido violados o limitados de forma desproporcionada.

PROPUESTAS PARA EL NUEVO MODELO
La presentación del informe 'El derecho a los cuidados de las personas mayores' tuvo lugar dentro de V Foro “Vivir más, vivir mejor”, organizado por HelpAge España, y contó con la participación Sacramento Pinazo, Doctora en Psicología Social de la Universitat de València, Aina Faus, Profesora de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València y Fernando Flores, Profesor de Derecho Constitucional, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y coordinador de este informe.

En la presentación, Fernando Flores expuso algunas de las principales conclusiones del informe y se detuvo en las líneas en las que deberían basarse un nuevo modelo de cuidados y que se recogen en el último capítulo de esta publicación. En este sentido, el informe destaca la importancia de dar mayor visibilidad de los cuidados, es decir: poner los cuidados en el centro del debate público para mejorar los recursos y los medios para garantizar los cuidados adecuados. Además, los cuidados deben estar centrados en las personas y considerarlas como ciudadanas, en sus derechos y obligaciones. El modelo de cuidados debe atender a las necesidades y los deseos de las personas, para que el cuidado sea entendido como el apoyo a la autonomía personal.

Por otro lado, tal y como muestra el informe, cuidar bien es muy complejo y, por tanto, esencial que exista mayor corresponsabilidad de todos los actores y que esté dirigida a combatir la brecha de género. Asimismo, es esencial que exista coordinación a todos los niveles para que las políticas de cuidados sean eficaces.

Los autores del informe también señalan la necesidad de que definir un derecho a los cuidados para que los cuidados no dependan de una decisión política, sino que existan estructuras, acciones y comportamientos atribuibles a poderes públicos y entidades privadas, exigibles por los ciudadanos, si es necesario ante los tribunales. Además, es necesario que exista mayor atención al envejecimiento y a los cuidados en las políticas públicas para diseñar y ejecutar actuaciones que redunden en una mayor calidad de vida de las personas mayores y es fundamental que estas políticas cuenten con la suficiente dotación presupuestaria y una buena ejecución.

Por otro lado, el informe destaca que los cuidados deben tener una mirada local, ya que es uno de los elementos fundamentales para la construcción de un modelo de cuidados eficiente, y es fundamental que se adopte una perspectiva de género. Tal y como se señala a lo largo del informe, el cuidado informal recae mayoritariamente en las mujeres y, además, el cuidado formal y profesional está fuertemente feminizado y precarizado. Por ello, el informe señala la urgente necesidad de dignificar los cuidados e incorporar una perspectiva de género que sirva para exigir la corresponsabilidad en el cuidado y corregir desigualdades.


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