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Ceaps lamenta que 'el Gobierno haya dado la espalda a las personas mayores y dependientes, hasta en Europa'

Redacción EM 09-12-2021

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El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (Ceaps) lamenta que el Gobierno y el Congreso de los Diputados hayan dado “la espalda” a las personas mayores y dependientes de España, "después del portazo que dieron a debatir una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que pretendía acabar con esa duplicidad en el IVA en los servicios asociados a la dependencia que tanto penaliza a las personas mayores de este país”.

La presidenta del Ceaps, Cinta Pascual, muestra su decepción y asegura que todo el sector unido seguirá empujando para que se haga justicia y todas las personas mayores tributen al mismo tipo reducido del 4% por los servicios a la dependencia.  “Si la Administración no es capaz de cumplir con su obligación de facilitar en 180 días una plaza pública a una persona dependiente, al menos que el tratamiento fiscal sea el “más amable posible”, es decir “el mismo que pagaría si se le hubiera concedido esa plaza pública a la que tiene derecho”, apostilla Pascual.  

Una realidad que se suma a la falta de la defensa por eliminar la duplicidad y bajar el IVA de manera definitiva a servicios esenciales como son los servicios sociales en la reunión llevada acabo en Bruselas, que están excluidos de la lista de bienes y servicios a los que se les puede aplicar la lista de tipos reducidos, superreducidos e, incluso, nulos de IVA. “No entendemos como los Servicios de Atención a las Personas no hayan entrado en esta propuesta. Sabemos que las negociaciones comenzaron en 2018, cuando ya firmamos el primer manifiesto en contra del doble IVA y no entendemos que ahora se apruebe con la lucha y la importancia que las residencias, los servicios como la teleasistencia, la Ayuda a Domicilio; en definitiva, todo lo que permite a una persona mayor vivir con dignidad haya quedado fuera”, explica Pascual. 

El propio comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pide coherencia con las prioridades europeas comunes entre las que se encuentra “la protección de la sanidad pública”, por ello desde Ceaps defienden medidas que tengan en cuenta a las personas más vulnerables para la protección y defensa de su calidad de vida y prevención de la Dependencia.

Los datos indican que 130.661 personas solicitantes de la dependencia han fallecido en España en los siete primeros meses del año en el limbo, y lo que es más relevante, 90.491 eran personas beneficiarias de los servicios y prestaciones del SAAD y 17.733 estaban pendientes de recibir las prestaciones que les correspondían por derecho. Es decir, más de 100.000 personas fallecieron pagando un 6 por ciento más de IVA del que les correspondía. 

Una injusticia que explica la unión del sector, y que refleja la realidad que viven las personas mayores que pasan una media en el Estado de 438 días esperando en ese limbo cuando si se cumpliera la ley, debería recibir el servicio o prestación que solicita en un plazo máximo de 180 días, como expresaba Pascual. Hay que recordar que actualmente el IVA que se paga por los servicios asociados a la dependencia es del 10% si los contratan de forma personal, mientras que solo tributan un 4% por idéntico servicio si este es concertado o público. Esta diferencia puede suponer hasta 120 euros más mensuales, en el caso de que la residencia cueste 2.000 euros (con el IVA del 10% serían 200 euros de IVA y con el 4% serían 80 euros).

“No estamos solos en esta reclamación”, afirma Pascual, quien recuerda que más de ocho millones de pensionistas y jubilados avalan esta petición y así lo expresaron con su firma al manifiesto, impulsado por Ceaps, que exigía eliminar ese doble rasero “injusto” que implica que no todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar paguen el mismo IVA por el mismo servicio. 

Hasta el momento, 60 entidades y personas a nivel individual han estampado su adhesión al manifiesto, entre las que figuran la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios, asociaciones de personas mayores, como Ceoma, patronales de residencias de personas mayores, y otros organismos como la CEDDD. 

“No cejaremos en nuestra lucha contra esa discriminación histórica. No es fiscalidad, es justicia social”, sostiene la presidenta de Ceaps, para quien es “ilógico que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente”. 



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