Respuesta.- Esta década de vida de la Plataforma del Tercer Sector han sido diez años de intenso trabajo, de momentos difíciles y complejos, pero también de grandes recuerdos por los hitos y objetivos alcanzados. Diez años garantizando derechos. Echando la vista atrás, son muchos los hitos alcanzados y los logros conseguidos, pero si tenemos que destacar algunos, podríamos enumerar los siguientes: Nuestra participación en la creación del Fondo Social de Vivienda, defendiendo el derecho a una vivienda digna y adecuada; el impulso a la creación de la Comisión de Diálogo Civil, creando así el principal órgano de interlocución entre el Gobierno y el tercer sector; y la aprobación de dos leyes fundamentales para todas las entidades sociales como son la Ley del Tercer Sector y la Ley del Voluntariado. 

Además, destaca el trabajo realizado para el cambio del modelo de subvenciones del 0,7% del IRPF y la creación, posteriormente, de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades. También los enormes esfuerzos y el importante trabajo de coordinación y articulación del sector para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, así como la gran labor de incidencia para lograr las medidas del llamado escudo social.

Más recientemente, destaco la firma del Acuerdo marco de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que incluye compromisos relativos al diálogo civil, a la sostenibilidad de las entidades y a los desarrollos normativos. Y este año, el enorme trabajo y el esfuerzo de todas las entidades del tercer sector dando respuesta a la guerra en Ucrania, tanto a los cientos de miles de personas desplazadas como a las afectadas por la crisis económica causada por dicha guerra. 

Y por último, la declaración del 9 de octubre como ‘Día Nacional del Tercer Sector Social’, que reconoce nuestra contribución al bienestar de la ciudadanía y al incremento de la calidad democrática de la sociedad española

R.- Como decía, la pandemia implicó una de las mayores respuestas del tercer sector de los últimos años para atender a los miles de personas que se vieron afectadas por las consecuencias sociales y económicas de esta crisis. Las entidades del tercer sector fueron, desde el primer momento, esenciales en la respuesta a las necesidades de las personas afectadas por la pandemia, demostrando su capacidad y movilizando sus propios recursos. 

Desde la PTS se trabajó de forma intensa y de una manera cohesionada y coordinada. Se crearon comités de trabajo y de seguimiento específicos, tanto a nivel estatal como autonómico, que buscaron la mayor y mejor coordinación posible del trabajo y de las respuestas de las entidades sociales, con el objetivo de proteger y ofrecer apoyo a las personas que lo necesitaban. Podemos decir que no supuso un cambio de rumbo en nuestros objetivos y prioridades, pero facilitó, impulsó y mejoró nuestra capacidad de adaptación y sirvió para reforzar nuestra cohesión y nuestras líneas de trabajo. 

Además, es preciso señalar que la pandemia también desató una ola de solidaridad y compromiso. Según los datos de la Plataforma del Voluntariado –entidad miembro de la PTS–, más de dos millones de personas, que nunca habían hecho voluntariado, realizaron algún tipo de acción solidaria durante los peores meses de la pandemia.

R.- Efectivamente, de nuevo, la situación social y económica de nuestro país ha vuelto a complicarse y endurecerse, y de un modo mucho más claro, para los millones de personas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

Como sociedad debemos hacer frente a la creciente desigualdad, al aumento de la pobreza y la exclusión y para ello, necesitamos fortalecer el rol del tercer sector y avanzar hacia una relación estable y de calidad con todas las Administraciones públicas, así como fomentar y ampliar las alianzas con otros agentes clave. 

Queremos fomentar el diálogo civil para alcanzar un diálogo real, permanente y efectivo con la Administración pública y aspiramos a mantener una relación fluida, coordinada y global con el conjunto del Gobierno y con el resto de administraciones. Además, creemos que es preciso establecer un marco de colaboración permanente que establezca el papel del tercer sector como agente fundamental en el desarrollo de las políticas públicas. Y al mismo tiempo, apostamos porque los derechos sociales sean reconocidos como derechos fundamentales, con el objetivo de que se defiendan, protejan y promocionen. 

R.- Como en las crisis anteriores, el tercer sector, en su conjunto, está ofreciendo respuestas, apoyo y atención a millones de personas que se encuentran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania y las posteriores consecuencias sociales y económicas, las entidades del tercer sector han desplegado numerosas acciones para atender a las personas que lo necesitan, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Se está realizando un enorme esfuerzo para atender las demandas sociales que han surgido en este contexto, sumado al trabajo que ya se venía realizando por parte de las entidades sociales.

Creo que el trabajo de las entidades del tercer sector recibe cada día un mayor reconocimiento, en toda su heterogeneidad y diversidad. El tercer sector, cada vez más, es reconocido como un agente fundamental en la sociedad por otro otros agentes, tanto del ámbito público como del privado. Sin embargo, es preciso reconocer, que debemos seguir trabajando en esta línea y comunicando de un modo eficaz cuál es nuestra razón de ser, nuestra labor y nuestro propósito, pues son más necesarios que -

R.- La aprobación de la Ley del Tercer Sector tuvo una importancia transcendental y puede ser uno de los hitos más importantes dentro de estos diez años de vida la plataforma. Esta ley ofreció por primera vez un marco jurídico a las entidades del Tercer Sector y vino a fortalecer nuestra capacidad como interlocutores antes las Administraciones. Una ley pionera, con enorme valor político e institucional. 

Cuando se aprobó esta norma, nuestro trabajo era transformar sus artículos en soluciones, especialmente para aquellos problemas estructurales que generan pobreza, exclusión y desigualdad. Sin embargo, efectivamente, todavía hay cuestiones y desarrollos vinculados a esta ley que están pendientes. Principalmente, necesitamos que la Ley del Tercer Sector se aplique y desarrolle en su totalidad, precisamos fomentar y mejorar el diálogo civil para que nuestra interlocución con las administraciones genere una relación y un diálogo real, permanente y efectivo. Una relación fluida, coordinada y de mirada transversal. Y además, necesitamos que se establezca un marco de colaboración permanente que reconozca al tercer sector como agente fundamental del desarrollo de las políticas públicas. 

R.- Esta declaración se produce a raíz de una petición que realizamos al Gobierno desde la plataforma porque creemos que el papel y el impacto que tiene el trabajo del tercer sector en la sociedad debía también ser reconocido en este sentido. Efectivamente es un acto simbólico, pero de enorme valor porque viene a reconocer y contribuye a visibilizar, ante el conjunto de la ciudadanía, la labor que las entidades del tercer sector realizan a favor de toda la sociedad. Además, con esta declaración, el Gobierno ha destacado que el tercer sector se ha consolidado en nuestro país como un sector solvente que contribuye de manera muy importante y de forma complementaria a los servicios sociales de titularidad pública, a la provisión del bienestar de la ciudadanía y, especialmente, de aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad. Y añade, que las entidades del tercer sector son un instrumento fundamental de participación social de la ciudadanía de manera que contribuyen a incrementar la calidad democrática de la sociedad española.

R.- La situación económica y financiera del tercer sector es muy compleja e inestable. Por ello, debemos apostar por un cambio de modelo y avanzar hacia otro que sea estable, sostenible y garantista. Reimpulsar el modelo conforme a la realidad de las entidades sociales del sector y el papel colaborador que prestan al Estado.

Desde nuestro punto de vista, el sistema de subvenciones requiere de una evaluación y transformación sustancial, impulsando más la concertación social y la contratación socialmente responsable. Debemos buscar nuevas fórmulas de financiación orientadas a resultados, lo que requiere trabajar con enfoques basados en la evidencia y mejorar los sistemas de indicadores, así como la evaluación de los programas y servicios. 

Además, es necesario que las entidades apostemos por una diversificación de las fuentes de financiación y fomentar las alianzas con otros actores.

R.- Recientemente hemos conocido que el Gobierno esta trabajando en una ley estatal de Servicios Sociales. Desde la PTS apoyamos el desarrollo y aprobación de una norma en este sentido, con el objetivo de vertebrar y reforzar el sistema de protección social y la creación de un marco legal que permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español. Es una reivindicación histórica de este sector. Sabemos que se trata de una legislación compleja, pero creemos tiene una gran relevancia para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía.  

Desde la PTS queremos que se fortalezcan los servicios sociales en todos los niveles de la Administración y se avance en la mejora de la calidad de dichos servicios. Además, apostamos por la figura del concierto social para la prestación de servicios sociales por parte de las entidades del tercer sector, frente al marco contractual ordinario.

R.- Precisamente, estas últimas semanas, hemos comenzado a desarrollar nuestra actividad de influencia de cara al nuevo proyecto de PGE, porque desde la PTS lo que pretendemos es que los presupuestos sirvan para avanzar en la garantía de los derechos sociales y en la reducción de la pobreza y la exclusión social. 

Nos encontramos en pleno proceso de presentación de nuestras propuestas también a los grupos parlamentarios con el objetivo de que los PGE sean más sociales, que apuesten por una fiscalidad más justa y sostenible, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la reducción de la exclusión, la pobreza y la discriminación.