Actualmente, el debate de las prestaciones farmacéuticas en los centros sociosanitarios está surgiendo en las regiones. Existen distintos modelos entre comunidades y varían, según explica Primitivo Ramos, “en función de la idiosincrasia de cada una”, con diversos aspectos a tener en cuenta como “la dispersión geográfica, la concentración de grandes núcleos urbanos, su red hospitalaria, sus áreas sanitarias, sus zonas básicas de salud, la distribución geográfica de la red de oficinas de farmacia...”. El secretario general de la SEGG asegura que haría falta “un estudio comparativo riguroso entre diferentes modelos”, pero a día de hoy, no existe. 

Lo que sí está en marcha son varios cambios en la normativa de ordenación farmacéutica de algunas comunidades. Una de las más recientes ha sido Andalucía, a finales de 2015, que aprobó el Real Decreto 512/2015 en el que se diferencian los centros por número de camas, pero sin tener en cuenta su titularidad. “Los de menos de 50 camas serán suministrados por oficinas de farmacia mediante concurso (en el que prima la distancia y menor coste del servicio), y aquellos de más de 50 camas que serán suministrados por los servicios de farmacia de los hospitales”, explica Montoya Tolón que, añade, “parece algo complicado llevar a cabo por la dispersión geográfica y por la sobrecarga de trabajo de los servicios de farmacia de los hospitales andaluces”.

En Euskadi existe un proyecto en el que los centros de 100 o más camas deben contar con un servicio de farmacia o, si la administración lo decide, un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de un centro sanitario. “En los centros de menos de 100 camas distingue entre titularidad pública (vinculados a un servicio de farmacia) y privada (farmacia comunitaria)”, apunta Montoya Tolón.

En Madrid, el Gobierno de Cristina Cifuentes está pensando en una nueva ley de ordenación farmacéutica en la que se abordará, concretamente, esta prestación en los centros sociosanitarios. Primitivo Ramos remarca que, precisamente en la Comunidad de Madrid, se está llevando a cabo una experiencia piloto “en la que se prestan servicios de atención farmacéutica a los centros residenciales públicos, por parte de farmacéuticos de la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, adscritos a cada residencia de mayores y centros de personas con discapacidad intelectual, con importantes mejoras y logros en el servicio”.

Además, en regiones como la Comunitat Valenciana, Aragón o Castilla y León, incide Montoya Tolón, “hay expectativas de cambios. La coyuntura política no facilita el desarrollo de las normativas, pero, por otro lado, son medidas necesarias para dar solución a un problema real: nuestra sociedad ha cambiado y cada vez es mayor el número de personas que viven en los centros sociosanitarios”.

¿Debería existir un consenso entre autonomías?

 Para Pilar Ramos no hay duda, ya que “Amade lleva ya tres años organizando un foro para la coordinación sociosanitaria, donde invitamos a otras regiones para exponer su experiencia y conocer cómo se trabaja. El consenso debería ser el fin a alcanzar, con un modelo homogéneo pero, de momento, es el sueño al que dirigirse”.

En este mismo sentido, Primitivo Ramos cree que se necesita un consenso y “no puede quedar sujeto a la buena voluntad de las partes, sino que debería ser obligatorio. Es necesario definir unos modelos  homogéneos, implantarlos y desarrollarlos en todas las comunidades. Solo así podremos garantizar la equidad de todos los ciudadanos”.