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El Parlamento aprueba y nombra a los miembros de la ponencia para el estudio de la vida digital

Redacción EM 11-10-2018

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La comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia aprobó, recientemente y por unanimidad, la creación de una Ponencia de estudio dirigida a “ampliar información sobre todo lo que pudiera ser materia de vida digital”. Los componentes fueron designados a mediados de septiembre.

Propuesta por todos los grupos y agrupaciones con representación en la Cámara, la ponencia responde a la proposición de Ley que, impulsada por Partido Socialista de Navarra, fue tomada en consideración en el pleno de mayo, con las abstenciones de Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. La proposición de ley persigue “regular la vida digital, esto es, el conjunto de acciones o actividades que una persona realiza en internet desde que nace hasta después de fallecida, determinando para ello los derechos y deberes en lo relativo al uso y tratamiento de nuestra identidad, incluidos el derecho al olvido y las voluntades digitales”.

LO QUE SIGNIFICA

El derecho al olvido es la capacidad de eliminar información personal hecha pública en buscadores y espacios de Internet y que deberá determinar el Consejo de la Vida Digital.

Respecto a las voluntades digitales, se precisa que la persona responsable de su ejecución deberá estar señalada en el testamento o en el registro electrónico de voluntades digitales, órgano que, bajo supervisión del Consejo de Transparencia, se hará depender de la consejería competente en materia de justicia. En caso de doble registro y diferente contenido, se hará prevalecer el que aparece en el testamento.

La proposición, que incide en la lucha contra la brecha digital, obliga a las empresas a redactar una política de actuación de desconexión digital consensuada con los trabajadores.

Para facilitar la inmersión de las personas mayores en la vida digital, el Gobierno deberá promover un espacio en Internet orientado exclusivamente a esta franja de edad. En este contexto y en su afán de hacer extensivo a las personas con discapacidad de todas las edades los principios del envejecimiento activo que rigen en la lucha contra el aislamiento y la soledad, se anima a la adaptación tecnológica de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.

Concebida para normalizar y popularizar la utilización de los soportes digitales entre la práctica totalidad de la población, la norma entraría en vigor transcurrido un año de su publicación en el BON.

Se recabarán aportaciones de diferentes personas, expertos y agentes sociales, y desarrollarán sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo de seis meses prorrogables desde la constitución de esta ponencia.


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