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CC OO demanda un plan de choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia en Galicia

Redacción EM 04-12-2020

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El Sindicato Nacional de CC OO de Galicia demanda un plan de choque "con recursos suficientes" para restituir la calidad y suficiencia de las prestaciones del sistema de atención a la dependencia ( SAAD) y mejorar las condiciones laborales de un sector que emplea a casi 40.000 personas en la comunidad autónoma. Así lo expresaron recientemente, en Santiago de Compostela, los portavoces del sindicato en la presentación del estudio 'El sistema de atención a la dependencia en Galicia: prestaciones y empleo'.

Desde el sindicato creen que se debería abrir un marco de diálogo social tripartito con el objetivo de debatir las medidas que se deberían adoptar en el marco del dicho plan. Según la secretaria de Empleo y Previsión Social de CC OO, Maica Bouza, la crisis de la Covid-19 "sacó a la luz las debilidades del sistema en Galicia, pero también puso en evidencia la importancia de cuidar las personas en situación de dependencia". Por esta razón, califica de "urgente" la puesta en marcha de un plan de choque.

Según la dirigente sindical, en la fecha de 30 de septiembre de 2020, trabajan en Galicia 38.400 personas en actividades relacionadas con los servicios a la dependencia. De estas, 18.000 lo hacen en actividades de servicios sociales sin alojamiento y 20.400 en establecimientos residenciales. Cabe destacar que el grueso del personal del sector —alrededor del 90%— son mujeres que trabajan en condiciones precarias y con bajos salarios.

El responsable de residencias de la Federación de Sanidad de CC OO, Alfonso García Blanco, explicó que la mayor parte (77,44%) de las casi veinte mil plazas residenciales con que cuenta Galicia están en manos privadas. Actualmente, hay unas 15.400 plazas privadas, frente a 4.487 públicas —de las cuales la Xunta es titular de 3.595.

García señaló que el principal problema en las residencias es "la excesiva carga de trabajo, tanto en el sector público como en el privado". Esto se debe, dijo, "tanto a la falta de personal —defecto no corregido a pesar del efecto de la pandemia— como a su mala distribución, lo que también tiene repercusiones negativas en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras". El sindicalista también le exigió a la Consellaría de Política Social que "mejore la labor de inspección en las residencias".

AYUDA EN EL HOGAR
Por su parte, Carmen Villar, secretaria de la Mujer de la Federación de Construcción y Servicios, explicó la "dura y complicada situación de los Servizos de Axuda no Fogar (SAF)". Lamentó "la falta de coordinación entre las consejerías implicadas —Política Social y Sanidade—, que aprobaron su respectivo protocolo para el SAF, con las sucesivas actualizaciones y hechos sin conocer la realidad del sector, lo que impidió aplicarlos en su totalidad", reprochó.

Villar también denunció "las malas condiciones de trabajo y los incumplimientos de muchas empresas". Entre las principales reivindicaciones, exigió "jornadas continuadas, con carga horaria suficiente y sin huecos vacíos, ya que la distribución irregular provoca que las auxiliares tengan que estar la disposición de la empresa aunque no estén efectivamente trabajando. Son disponibilidades gratuitas y, por lo tanto, ilegales", sentenció.

Como ya se indicó, la principal propuesta de CC OO para mejorar el SAAD en Galicia consiste en un plan de choque que ha incluir, entre otras, las siguientes medidas: una auditoría del impacto de la Covid-19; la reversión de los recortes que padeció el sistema durante años; el reequilibrio de la oferta de servicios de gestión pública directa, a la que debe asociarse la correspondiente financiación, y la revisión de los instrumentos jurídicos que actualmente se utilizan para establecer la colaboración público-privada; el establecimiento de un modelo de coordinación sociosanitaria bajo la coordinación y supervisión del Sergas; la reorganización de los centros de atención de personas dependientes; y garantizar el ejercicio del derecho a la atención y que los litigios en la materia sean vistos por la jurisdicción social.


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