Un estudio revela que Euskadi se mantiene a la cabeza en lo que a inversión en la dependencia se refiere. En concreto, en la comunidad se destinan 368 euros por habitante y año, mientras la media estatal se sitúa en los 183 euros. De hecho, la segunda comunidad que más invierte tras Euskadi es Extremadura, con una media de 286 euros por habitante, lejos de la media vasca.

El estudio, elaborado por el Observatorio Estatal coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, destaca que las instituciones vascas aportaron el 90,8% del gasto destinado a este fin en 2019, 737,3 millones de euros, a los que se deben sumar otros 74,7 millones aportados por el Estado. En total, Euskadi invirtió 812,13 millones de euros en dependecia el año pasado. De media, las comunidades autónomas sufragaron el 83,9% del gasto, por lo que Euskadi se sitúa siete puntos por encima, también en este parámetro.

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad del Gobierno Vasco, mostró su satisfacción ante esta nueva evidencia del esfuerzo que realizan las Administraciones vascas en esta materia. “Esta asociación viene realizando informes y estudios independientes en los que es habitual que se refleje el liderazgo de Euskadi en lo que a servicios sociales se refiere. Estamos satisfechos, pero sabiendo que queda trabajo por hacer”, aseguró.

En ese sentido, la consejera remarcó que, en esta nueva legislatura, “una de nuestras prioridades va a ser trabajar para fortalecer el Sistema Vasco de Servicios Sociales, como un sistema de responsabilidad pública y mixto con prevalencia de la gestión pública directa y a través de la iniciativa social”. De hecho, puso en valor que “durante la anterior crisis, pese al contexto, en Euskadi fuimos capaces de desplegar el Sistema Vasco de Servicios Sociales”.

Ahora, el Gobierno Vasco apostará por el II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV, plan, que, entre otros aspectos, según ha explicado, también incluye el impulso de la atención en la comunidad a personas en situación o riesgo de dependencia, así como el refuerzo y transformación de los centros residenciales para personas mayores.