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El mantenimiento del sistema de prestaciones sociales amortigua el impacto de la crisis sobre las condiciones de vida de la población vasca

Redacción EM 16-03-2017

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La “Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 2016” (EPDS-2016),   elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco con datos del bienio 2014-16, pone de relieve el rasgo comprometido y solidario de la sociedad vasca, al tiempo que revela una clara mejoría de los indicadores de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar relacionados con la insuficiencia de ingresos de los hogares vascos. “Y todo ello, aún bajo el influjo de una crisis que, desde finales de 2008 hasta 2014, se ha traducido en pérdidas de ocupación en la Comunidad Autónoma Vasca que ahora se remontan” detalla la Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal.
Artolazabal, considera que “la pobreza no es sólo un asunto de desigualdad económica ya que también se vincula a la dificultad para acceder a una vivienda, a la precariedad laboral o a la ausencia de apoyos sociosanitarios”. A su juicio “el esfuerzo solidario que, desde hace años, realiza la población vasca para luchar contra la exclusión social ha hecho de ésta una sociedad menos vulnerable al impacto de la crisis económica que otras de su entorno”.
La situación provocada por la crisis supuso que la Comunidad Autónoma cerrase 2016, con 82.900 personas ocupadas menos que en 2008 -año previo a la crisis- y que en ese mismo periodo se perdiesen 63.400 ocupaciones en la industria y otras 35.600 en la construcción. En total, el volumen de personas desempleadas en 2016 es todavía superior en 101.000 personas al de 2008 (+262,1%).
 Pese a que, en la actualidad, la mayoría de la ciudadanía vasca pueda hacer frente a sus necesidades básicas, un 5,7% de la población se enfrenta a situaciones de pobreza real, con dificultades para acometer esas necesidades. Al valorar estos resultados la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, señala que  “si bien los actuales índices se sitúan lejos de los niveles de pobreza y precariedad real que se registraron en otras crisis económicas, como las habidas en 1986 y en 1996, la permanencia de casi 100.000 personas en situación de pobreza, nos preocupa y nos obliga a extremar la atención sobre este colectivo”.
 En este sentido, según indica la encuesta de pobreza 2014-2016, si bien 2016 destaca por la reducción de la pobreza infantil (la tasa de pobreza infantil se reduce al 10,6%), todavía un 3% de la población manifestó problemas graves de alimentación.
 La encuesta destaca avances significativos, en particular en lo relativo a la dinámica de las formas más graves de pobreza y precariedad, las vinculadas a la pobreza a que se asocia a precarias condiciones de vida a largo plazo y a un patrimonio de reserva insuficiente para hacer frente a las crisis de ingresos. Tras el repunte alcista de los indicadores de precariedad y de pobreza experimentados en 2014, dos años después esos niveles se sitúan en mínimos históricos, lo que evidencia una clara línea de progresión social hacia la parte superior de la escala pobreza-bienestar.
 Estos avances son igualmente nítidos en las posiciones en la escala pobreza-bienestar real. Entre 2014 y 2016, la proporción de personas con carencias o con algún tipo de riesgo ha caído 5,7 puntos, al pasar del 31,1 al 25,4%. En cambio, el grupo en posición de bienestar pasó del 68,9 al 74,6%. Según la EPDS, 2016 marca el mayor volumen de población en situación de bienestar completo o casi completo, tanto en términos relativos como en volumen de población en esa situación (1,6 millones de personas en 2016 por 1,56 millones en 2008 y 2012).
 “No hay que caer en la autocomplacencia –ha subrayado la consejera- porque, como muestra la EPDS, ese mayor peso de población en situación de bienestar es compatible con un porcentaje superior de personas afectadas por situaciones reales de pobreza o ausencia de bienestar”.
 
Rentas y prestaciones sociales
Un dato destacado del periodo 2014-2016 es que “vuelve a retomarse la línea de descenso de la desigualdad que había caracterizado a Euskadi hasta 2012”. Un factor relevante de la reducción de la desigualdad entre 2014 y 2016 fue la nítida recuperación de los ingresos corrientes entre la población más precaria. De este modo, durante ese periodo, el 30% más desfavorecido de la sociedad vio cómo aumentaban sus ingresos entre el 7,2 y el 9,9%; porcentajes estos que, según el estudio, “se sitúan por encima del resto de la sociedad”.   
 La recuperación experimentada en el último bienio por ese sector no ha sido del todo suficiente para enjuagar las pérdidas heredadas de periodos anteriores. Así, entre el inicio de la crisis y 2016, el 10% del sector más desfavorecido de la población ha registrado una caída del 7,2% en sus ingresos medios, lo que ha condicionado y lastrado su recuperación.
 Otro factor que ha contribuido sobremanera a reducir el impacto de la pobreza y la desigualdad en Euskadi, sin duda ha venido de la mano del sistema de prestaciones compuesto por la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación complementaria de vivienda y la Ayudas de emergencia Social. En 2016, estas ayudas en su conjunto dieron cobertura al 69,3% de la población en riesgo de pobreza; es decir, a 134.563 personas (6,3% de la población total de Euskadi).
 Teniendo en cuenta que el acceso a las tres modalidades de prestaciones ha permitido que 71.494 personas vascas hayan quedado al margen de la pobreza real -lo que supone un incremento del 75% respecto a las 40.858 personas de 2008-, la consejera Beatriz Artolazabal ha asegurado que “la política de garantía de ingresos ha permitido mantener a Euskadi muy lejos de los niveles pobreza y desigualdad que caracterizan en la actualidad a todos los países de la Europa del Sur”.
 Comparando la situación de Euskadi con la del conjunto estatal, la tasa de pobreza grave se sitúa en el 2% frente al 11,2%, en términos del umbral estatal del 40% de la mediana. En esa misma línea, el umbral equivalente en paridades de poder de compra sitúa la pobreza grave en Italia tres veces por encima de la de Euskadi (9% frente a 2,6%).
 Estas diferencias también se aprecian en los indicadores de ausencia de bienestar (8,4% de personas por debajo del 60% de la mediana de ingresos en Euskadi por 22,1% en España conforme al umbral estatal en 2016; 19,9% en Italia por 10,7% en la CAE en términos del umbral italiano en paridades de poder de compra equivalentes).
 Ello está relacionado con un impacto mucho menor de la desigualdad en la Comunidad Autónoma. Así, si en Euskadi el 20% más rico dispone de ingresos 3,9 veces mayores que los del 20% más pobre, la cifra llega a 5,8 en Italia y a 6,9 en España. Frente a una participación del 3,5% en los ingresos de la CAE por parte del 10% de su población más pobre, la proporción es de apenas un 2,1% en Italia y de un 1,7% en España.


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