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El Ayuntamiento de Valencia prorroga los servicios de los mayores durante la pandemia

Redacción 15-10-2020

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó, a principios del mes, un gasto de 782.607 euros para prorrogar nueve contratos de atención a personas mayores, "con el fin no dejar a nadie atrás, proteger especialmente a las personas más vulnerables, y en el marco de trabajo desarrollado durante la pandemia del coronavirus". 

La vicealcaldesa, Sandra Gómez, anunció este acuerdo, que implica mantener nuevos servicios como el de atención telefónica a mayores (el denominado call center), así como el número de personas beneficiarias de la ayuda, y la distribución de comidas y cestas saludables, a domicilio.

Gómez también dio cuenta de otras decisiones del ejecutivo local, como el acuerdo de la resolución del contrato de ejecución del centro sociocultural de Torrefiel "por irresponsabilidad de la empresa adjudicataria". Así, recordó que esta nueva dotación, que contaba con un presupuesto de 2,8 millones de euros, fue diseñada para albergar un centro cívico, con distintos servicios como por ejemplo la Universidad Popular, en la confluencia de la calle Cambrils y la plaza Bisbe Laguarda.

ATENCIÓN DOMICILIARIA
El Ayuntamiento de Valencia acaba de flexibilizar las condiciones para facilitar el acceso a la atención domiciliaria. La concejala de Bienestar y Derechos Sociales, Isabel Lozano, detalló que se aplicarán mejoras tanto para valorar si la persona se encuentra dentro del límite de renta para poder acceder a la prestación del servicio como para el establecimiento del precio público.

En los rendimientos del trabajo no se contarán las pagas extraordinarias, es decir, se hace el cálculo sobre 12 pagas y no sobre 14. Tampoco se computarán como renta personal las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo y en el supuesto de que interesado deba satisfacer pensiones compensatorias a favor del cónyuge y / o anualidades por alimentos, deberán acompañar la correspondiente sentencia judicial, de la que se derive, y esa cuantía que se restará de los ingresos computados. Además, se excluye del cómputo de los complementos de tercera persona y las prestaciones de la Seguridad Social contributivas y no contributivas.

"Con todo ello, se realiza el cómputo de la capacidad económica más ajustado a las necesidades de las personas permitiendo que no todos los ingresos obtenidos se destinan al pago del servicio, ya que hay determinados conceptos que ahora no se computarán y que la persona solicitante necesita para cubrir el pago de la ayuda de una tercera persona dado que precisamente se cobran porque la persona es dependiente o tiene reconocida una discapacidad", explicó Lozano.



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