La plataforma solidaria Afectados Coronavirus, que agrupa a ciudadanos que han visto sus derechos vulnerados o han sufrido injusticias durante la pandemia, ha anunciado la presentación, por parte de uno de los perjudicados adheridos a la Plataforma, de una reclamación en vía administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat de Catalunya por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos asistencial y de salud.

Esta primera reclamación, que ha sido dirigida al Departament de Salut y el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, viene referida al fallecimiento de la madre de Ángel Juárez, portavoz de los afectados por Covid-19,  el pasado 16 de abril, por coronavirus, después de infectarse en una residencia de Barcelona.

En rueda de prensa virtual, representantes de la plataforma, así como del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, contratado por Juárez para su asistencia legal, explicaron el contenido de la reclamación.

Ana Romero, socia de Cremades & Calvo-Sotelo y directora del área de responsabilidad civil y daños personales, explicó que el propósito de esta medida es “restaurar la dignidad de las víctimas, fallecidas en un contexto de especial penuria”, así como identificar “las deficiencias asistenciales que hayan podido dar lugar a esta situación” para “promover la mejora de los protocolos de actuación para un sector de nuestra población especialmente vulnerable”.

Rafael Fernández Montalvo, ex magistrado del Tribunal Supremo y socio de Cremades & Calvo Sotelo, por su parte, ha explicado que esta reclamación en vía administrativa “es un requisito a la demanda, pues la legislación no permite demandar a la administración si no le das oportunidad a que se pronuncie; por lo tanto lo que se ha hecho es el primer paso para ir a la vía contencioso administrativa”.

Se trata de la primera de las acciones legales que promoverá la plataforma contra las comunidades autónomas, residencias de mayores y otras entidades que familiares de afectados por el coronavirus han señalado como responsables, y a las que exigen dignidad y justicia. Así lo ha informado, Abraham Granadino, portavoz de la Afectados Coronavirus, quien aseguró que tienen “previsto también defender los derechos de los afectados frente las Administraciones de Castilla y León o Madrid, entre otras”. El propio Granadino explica que existe "una falta de transparencia a la hora de acceder a la información, como la cifra de afectados o la documentación clínica de las personas que fallecen en las residencias". 

La plataforma asegura que las principales dificultades que está encontrando en su lucha por dignidad y justicia es la falta de transparencia. “Se nos está negando desde las instituciones el acceso a información sumamente útil para nosotros como es la cifra de afectados, documentación clínica sobre los familiares de personas fallecidas por coronavirus”.

Además de dignidad y justicia, los afectados por el Covid-19 reclaman una compensación económica. De acuerdo con el documento presentado, en el caso de Ángel Juárez, la indemnización que tendría que abonársele rondaría los 151.000 euros, pues se trata de una mujer que tenía ocho hijos. Sin embargo, en el caso de una familia media donde la persona que fallezca cuente con 2 hijos y 2 hermanos, ese importe sería de 130.000 euros. En total, la plataforma calcula que si los familiares de todas las 19.000 personas que, según estimaciones, han fallecido en situaciones similares plantean una reclamación como la que ha sido presentada contra la Generalitat, la indemnización se elevaría hasta los 2.470 millones de euros.

"Nuestro objetivo es que se cree una nueva normativa, que haya más transparencia en los servicios para mayores y que dejen de funcionar como lo han hecho hasta ahora para recuperar la dignidad de todos los fallecidos en especial penuria y completa soledad", concluyó Juárez.

Esta denuncia se hace solo unos días después de que el Parlament catalán anunciase la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en las residencias. "Nos parece bien saber qué pasó y qué se podría mejorar", a la vez que consideran "sarcástico" que la Administración ofreciera servicios públicos pero que, en una situación como la actual, "no se presten". Por ello, al margen de la comisión, piden una auditoría independiente.