La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña llegaron recientemente a una serie de acuerdos favorables para el sector, los cuales se han hecho oficiales en una reunión entre representantes de la entidad y de la Secretaría de Inclusión Social y Promoción de la Autonomía Personal. Según señalan desde ACRA, la firma de estos acuerdos se sitúa dentro del marco de sostenibilidad de la prórroga del documento de medidas acordadas con el sector de las personas mayores para asegurar la viabilidad del sistema, y que se empezarán a aplicar durante el último trimestre de este año y a partir de enero del 2016.
Algunos de estos acuerdos forman parte del Decálago que ACRA presentó el pasado mes de mayo a los grupos parlamentarios y al mismo Gobierno y que aglutinan una serie de medidas para la mejora de la gestión y sobre el modelo encaminadas a poner la persona en el eje del sistema, un documento del que la asociación catalana se ha hecho eco entre sus socios y en distintos foros públicos.
En concreto, a mediados de octubre se firmó la resolución por el pago de la plaza vacante. Esta medida forma parte del paquete de acuerdos entre la Generalidad de Cataluña y ACRA y que entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2016. Así, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha oficializado recientemente la firma de la resolución por la que se autoriza la facturación del 85% de los primeros 15 días de plaza vacía en los centros residenciales de personas mayores que tengan suscritos contratos en modalidad de concierto o concesión.
Esta resolución es uno de los puntos que ACRA y la SISPAP acordaron hace unas semanas en el marco de sostenibilidad de la prórroga del documento Medidas acordadas con el sector de las personas mayores para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Importante remanente
Los acuerdos alcanzados significarán un impacto económico positivo para el sector de 16,48 millones de euros y que responden a dos importantes decisiones que serán adoptadas: por un lado, la recuperación del pago de la plaza vacante por parte de la administración a 15 días (ingresos previstos de 15,38 millones de euros anuales); y por el otro, que las personas usuarias de Grado I no serán tenidas en cuenta a la hora de fijar el módulo a recibir por las entidades (1,1 millones de euros anuales).