Las organizaciones empresariales Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) y Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), por un lado, y las organizaciones sindicales Comissions Obreres (CCOO) y Unió General de Treballadors (UGT), han alcanzado un acuerdo para cerrar la negociación de un Convenio colectivo de ámbito autonómico que englobe la atención a los mayores en Catalunya, exceptuando los espacios de negociación colectiva ya existentes en este ámbito territorial.

Este acuerdo sería de aplicación a los centros residenciales de mayores con plazas concertadas y colaboradoras, a los centros residenciales de gestión delegada y a los centros de día, siempre y cuando la facturación pública de las empresas y entidades sea igual o superior al 60%, y una vez el gobierno autonómico publique la modificación de las tarifas públicas.

La parte empresarial y la parte sindical califican el acuerdo de histórico, ya que se trata de un paso gigante para conseguir el primer convenio catalán de atención a los mayores, un marco normativo muy necesario para el avance de este sector en la mejora de las condiciones retributivas de las profesionales y los profesionales, y en la estabilidad económica de las empresas derivadas de la mejora de las tarifas públicas de los servicios de atención a las personas mayores, unas reivindicaciones compartidas por ambas partes.

En un acto de responsabilidad y generosidad por parte de todos los actores implicados, todos ellos sin excepción tienen claro que después de la durar crisis ahora es el momento de poner los cimientos para construir unos servicios más adaptados a las necesidades de las personas con dependencia.

Las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales han acordado, por tanto, la aprobación de un escenario económico para los próximos tres años (2021-2023) con un incremento salarial de 12% al colectivo de profesionales del sector, y según un escenario de aumento de tarifas de residencias y centros de día del 10%.

Es necesario seguir mejorando la financiación y la flexibilidad de este modelo, ya que la dependencia es dinámica y también deben serlo sus servicios. Hay que mejorar la lista de espera, una de las demandas de la ciudadanía, con un plan de concertación.