La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) presentó, a mediados de junio, su Informe Social y Económico con un análisis del sector de los mayores en situación de dependencia en Catalunya. La infrafinanciación histórica que sufre este ámbito es el principal obstáculo del sistema para una atención adecuada a las personas mayores, y es por esto por lo que ACRA considera imprescindible ‘un incremento sustancial de la financiación de las Administraciones, especialmente del Estado, y establecer un copago justo y equitativo entre los usuarios’.

‘Queremos un modelo que potencie la autonomía personal, un modelo más flexible para personalizar el acceso a los servicios a la dependencia de acuerdo con las necesidades de las personas en cada momento de su vida’, explicó Cinta Pascual, presidenta de ACRA. Hay coincidencia en la necesidad de un nuevo modelo para el sector, pero se habla muy poco de cómo se podrá financiar. ‘Teniendo en cuenta que un 70% de las plazas en el ámbito residencial tienen financiación pública, la inversión pública debe ser muy superior’, añade Pascual.

Elevar la inversión al 2% del PIB, tal y como pasa en otros países europeos, e incrementar el precio de las tarifas públicas de los servicios, así como de las prestaciones vinculadas al servicio tiene que permitir la reducción de la lista de espera en Catalunya (unas 10.000 personas para acceder a una residencia) y hacer disminuir el llamado limbo de la dependencia, o lo que es lo mismo, esas personas con la prestación ya reconocida por ley, pero aun pendiente de recibirla. En Catalunya, uno de cada tres dependientes está en esta situación, el peor porcentaje de todo el Estado.

En un acto celebrado en el Colegi d’Economistes de Catalunya, el presidente de la Comisión Económica, Ramon Ramells, dio a conocer las conclusiones del informe de ACRA en el que también señala el aumento de las solicitudes por dependencia en los últimos años, una presión creciente en el sistema provocado por el sobre envejecimiento de la población, que irá a más en los próximos años ya que se espera que más de un tercio de la población catalana tenga más de 65 años en el 2020. A finales del 2021, Cataluña contaba con 172.604 personas beneficiarias de una prestación por dependencia, el 52% de las cuales tiene más de 80 años, un colectivo especialmente vulnerable tal y como se ha demostrado con la COVID-19.

Precisamente, la pandemia ha tenido un efecto en los datos del sistema de atención, con una disminución de las solicitudes de grado de dependencia y de los beneficiarios de los servicios con financiación pública hasta a niveles similares a los del 2018, sobre todo entre la franja de mayores de 80 años, lo que indica como la edad fue un factor de riesgo muy importante durante la pandemia.

Junto con la presentación del informe, se celebró una mesa redonda sobre ‘La sostenibilidad del modelo de atención a los mayores en el futuro’, que contó con la presencia de diversos presidentes de patronales autonómicas de la dependencia, como Rafael Sánchez-Ostiz (presidente de ANEA) y José María Toro (presidente de AERTE), además de Cinta Pascual (presidenta de ACRA). 

El tesorero de ACRA, Carlos Escudero, moderó el espacio.