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Familia e Igualdad de Oportunidades llega al ecuador de la legislatura con una inversión social de más de 2.000 millones de euros

Redacción EM 14-09-2021

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La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, compareció recientemente en la sede de las Cortes de Castilla y León para detallar los proyectos llevados a cabo por su departamento en la primera mitad de la X Legislatura autonómica.

Allí ha cifrado en el 83% el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio del mandato, es decir, 77 de los 94 que se adquirieron al inicio de la legislatura ya se están ejecutando, con un presupuesto récord en los años 2020 y 2021, de más de 2.000 millones de euros.

También ha destacado la intensa actividad normativa, que ha dado lugar a la confección de nueve anteproyectos legislativos, cuatro decretos y numerosas órdenes. Entre otros, Blanco ha citado la modificación de la Ley de Servicios Sociales para el desarrollo de la Teleasistencia Avanzada; la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social; los anteproyectos de ley de Atención Residencial y de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género; el de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su vida; así como el de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que están actualmente en tramitación.

Asimismo, explicó que toda la acción ejecutiva de la consejería que dirige ha girado en estos dos años en torno a tres ejes prioritarios, en coherencia con las directrices marcadas por el presidente Mañueco en su programa de Gobierno: la modernización del sistema de Servicios Sociales y el impulso al modelo de atención a la Dependencia 5.0; el diseño de un futuro con oportunidades para las familias y los jóvenes; y la protección de los más vulnerables y el fomento de la igualdad de oportunidades.

Blanco ha comenzado su intervención desgranando las principales líneas que avalan la gestión realizada en estos dos años, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, colaboración y acuerdo con las entidades locales, con los representantes del Diálogo Social y con el Tercer Sector Social. Una labor centrada tanto en actuaciones relevantes que se han desarrollado en la lucha contra la pandemia como en los compromisos adquiridos y ya cumplidos o los que se desarrollarán en lo que resta de legislatura.

ATENCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES
Blanco ha incidido en que buena parte de los compromisos se han traducido en lograr reforzar la cobertura para las personas que más lo necesitan en la comunidad. De hecho, ha recordado que las personas con dependencia siguen en la diana de la acción social de la Junta, con 106.280 personas atendidas a fecha de hoy, lo que supone 2.708 más que al inicio de la legislatura. De esta manera, la Comunidad se mantiene a la cabeza de España en la gestión del sistema y en alcanzar la plena atención, ya que no tiene lista de espera.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha ampliado la red de infraestructuras y servicios financiados con fondos públicos. Así, cuenta con 53.987 plazas residenciales y de centros de día para personas mayores (441 más que al inicio de la legislatura) lo que supone una cobertura en plazas residenciales del 7,86%, la más elevada de todo el país; 17.574 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad (804 más que hace dos años) lo que convierte a Castilla y León en la Comunidad con mejor ratio de plazas residenciales y centros de día u ocupacionales para personas con discapacidad; y 37.624 usuarios de teleasistencia, un 6% más que al inicio de la legislatura y con tendencia continua al alza; 37.322 usuarios de Ayuda a Domicilio (4.509 más que hace dos años) y 372.774 horas prestadas más que cuando comenzó la legislatura.

REFUERZO DE LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES
La colaboración con las corporaciones locales constituye la piedra angular del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y una garantía de calidad y de proximidad de la atención, al asegurar la accesibilidad a los recursos desde todos los rincones del extenso medio rural.

Este compromiso con el mundo local se ha evidenciado de dos formas. La primera ha sido el refuerzo presupuestario del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, dotado al inicio de la legislatura con 448 millones de euros para el periodo 2020-2023 e incrementado hasta en cuatro ocasiones desde entonces: en abril de 2019, con una primera adenda y 10,8 millones extra; en julio y noviembre de 2020, con dos partidas adicionales de 20 y 3 millones de euros, respectivamente, para atender, entre otras las necesidades urgentes derivadas de la pandemia; y finalmente en julio de este año, con una inyección de 67,4 millones.

Estos fondos han permitido blindar los servicios sociales a través de la ventanilla de las corporaciones locales con una financiación media anual de 137,2 millones de euros, el 24,5 % más que en el Acuerdo Marco anterior (110,6 millones); volcarse en la atención a la dependencia (226,27 millones de euros) y en la protección a las familias (71,2 millones) e incrementar el 9 % las plantillas de los Centros de Acción Social (CEAS), hasta los 1.354 profesionales. En total en Castilla y León prestan su labor 190 CEAS.

La segunda prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de Mañueco con el municipalismo es el reparto de los fondos europeos. De este modo, la colaboración con las entidades locales ha sido y será una constante y la misma ha estado presente en el reparto de 150,74 millones de euros procedentes de los fondos europeos que han sido asignados a esta comunidad. De esa cantidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reservado el 20 % para esa gestión conjunta, un porcentaje que es cinco puntos superior al exigido por el Ejecutivo central. Es decir, desde la Consejería se han destinado a dichas entidades 30,14 millones de euros para impulsar fundamentalmente, proyectos que incluyan obras en centros residenciales y de accesibilidad.

Por otro lado, y en lo relativo a la pandemia, un papel crucial de la consejería ha sido el incremento de las medidas de comprobación y control realizadas en los centros residenciales. Desde el inicio se han realizado casi 2.900 inspecciones y comprobaciones por parte de los 91 profesionales que se dedican a realizar dichas actuaciones, lo que supone un considerable incremento de la dotación de personal en este ámbito.

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 5.0
La Consejería de Familia ha diseñado una política propia y específica para abordar el envejecimiento, la prevención y la atención de la dependencia. Se trata de un modelo pionero en España, basado en la atención centrada en la persona, la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la digitalización de los procesos y servicios. Responde al nombre de Dependencia 5.0.

El paradigma de este modelo es el nuevo proyecto ‘Atención en Red’, que permite a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica vivir donde ellos decidan: en su domicilio, accediendo a servicios como si estuvieran en una residencia, o en un centro residencial, diseñado como un hogar.

Tres son las características que identifican este modelo: el enfoque ético de los cuidados –garantizando los derechos y deseos de los usuarios–, su perspectiva innovadora –con soluciones como la teleasistencia avanzada, tecnologías para domotizar los domicilios o con robot sociales– y su visión territorial –al ser un proyecto con capacidad de generar empleo y riqueza en el medio rural–.

‘Atención en Red’ se ha desplegado ya en dos zonas territoriales de las provincias de Zamora (Aliste y Sayago) y Salamanca (mancomunidades de Vitigudino y Cabeza de Horno) y, tal y como anunció el presidente se extenderá a todas las provincias de la comunidad. La consejera ha señalado que ya se está trabajando en el diseño de las actuaciones necesarias para extenderlo en los próximos meses a Burgos y Palencia.

El proyecto pivota sobre tres programas complementarios entre sí, que responden a las diferentes necesidades de las personas mayores: ‘A gusto en casa’, ‘Viviendas en Red’ y el nuevo modelo de atención residencial.

En los dos primeros, el usuario recibe servicios de calidad en su entorno –ya sea en su vivienda de siempre, conforme al primer programa, o en una adaptada y rehabilitada por la Administración, si se trata del segundo–. En ambos modelos juegan un papel proactivo los profesionales, quienes actúan adelantándose a la aparición de problemas que puedan derivar en la imposibilidad de que los mayores sean atendidos en su propio domicilio, se coordinan con el personal sanitario y planifican los cuidados.

Lo hacen apoyándose, en primer lugar, en el desarrollo, a partir de experiencias innovadoras, de sistemas tecnológicos de inteligencia artificial y emocional, dispositivos y ayudas técnicas. Y, en segundo término, a través de los recursos disponibles en los centros residenciales y de día, concebidos como plataformas multiservicios, de manera que los usuarios que son atendidos en su domicilio pueden hacer uso de los servicios de comedor y lavandería o de los programas de promoción de la autonomía personal de una residencia.

Es aquí donde encuentra su engranaje el tercer pilar del proyecto ‘Atención en Red’, en un innovador modelo residencial, que se va a regular por ley, donde los servicios y las actividades giran en torno a la persona y no al contrario.

Se inspira en una nueva forma de entender los cuidados basada en cuatro aspectos clave: el reconocimiento de la dignidad de la persona; una arquitectura y organización de centros, pensada para el confort y la atención individualizada; la apuesta por la calidad y la innovación, y el papel determinante de los profesionales.

El denominador común del nuevo modelo de cuidados de larga duración y Dependencia 5.0 diseñado en Castilla y León es la innovación tecnológica aplicada a la atención, es decir, la modernización de los Servicios Sociales a partir de su digitalización.

La apuesta por la innovación, seña de identidad de los Servicios Sociales de Castilla y León, cobra en el Gobierno de Mañueco una dimensión especial desde la convicción de que constituye una herramienta estratégica para la cohesión y la transformación social, con capacidad de ofrecer respuestas nuevas, más eficaces y eficientes, ante las crecientes necesidades y desafíos sociales.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanza en la progresiva digitalización de los Servicios Sociales, un proceso que se acelerará en los próximos tres años de la mano de los proyectos aprobados con cargo a los fondos europeos con una inversión de 150,74 millones de euros, entre los que hay que destacar. los proyectos piloto de innovación, en los que se invertirán más de 9,5 millones con cargo a los fondos europeos, como la domotización de hogares (para la conversión de 200 domicilios de personas con gran discapacidad en casas inteligentes); los ecosistemas de inteligencia ambiental para el apoyo a los cuidados mediante uso de robots sociales (para la creación de espacios en los que sensores, robots y sistemas computacionales ofrecen asistencia a las personas mayores y dependientes); o la adquisición de 3.000 unidades de andadores inteligentes, inodoros, camas y cabinas de ducha asistidos.

En este proceso, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado pasos relevantes en estos dos años, ya que esta experiencia se sumará al trayecto ya recorrido por esta comunidad, que en la actualidad participa y / o lidera nueve proyectos UE de innovación.

Otra muestra de modernización de la política social es la teleasistencia avanzada, cuya gestión asumió la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de garantizar un acceso universal y en condiciones de igualdad a todos los usuarios, que desde el 1 de enero de este año la disfrutan de forma gratuita. El servicio, prestado por Cruz Roja desde el 1 de agosto, se implementa sobre la base de más y mejores servicios proactivos de atención a las personas y el despliegue de tecnologías, que alertan de posibles situaciones de riesgo y, por lo tanto, ofrecen más seguridad a los usuarios.

Junto a la digitalización de servicios, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha mejorado otros aspectos en la atención a las personas dependientes. Así, el plazo de reconocimiento del derecho desde la presentación de la solicitud se ha reducido a dos meses y se han elevado las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, de las que se benefician 74.300 personas, con un coste adicional de 15 millones de euros.

En este punto, Isabel Blanco ha aprovechado para recordar al Gobierno de España que su aportación al sistema sigue siendo muy inferior a la exigida por ley. En concreto, la financiación estatal es del 20%, cuando debería ser del 50 %, lo que obliga a la Comunidad a realizar un sobresfuerzo financiero para asegurar la cobertura y calidad en la atención que merecen las personas con dependencia en la Comunidad.

Otra de las mejoras implementadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para facilitar los cuidados a las personas que desean continuar en su hogar es la Ayuda a Domicilio, que al cierre de 2020 alcanzaba ya los 37.322 usuarios. En torno a este servicio, se han homogeneizando las condiciones para el acceso y la prestación en toda la Comunidad; se ha incrementado la intensidad horaria; y se ha reforzado la financiación a las entidades locales, como encargadas de su gestión, hasta convertirse en el programa con mayor presupuesto, 271,2 millones de euros dentro del Acuerdo Marco, y con 5.456 profesionales dedicados a él.

En el capítulo de la dependencia, la consejera se ha referido también al compromiso de su equipo con la atención a los 177.000 castellanos y leoneses que padecen algún tipo de discapacidad. Tras agradecer y reconocer la colaboración y el trabajo de las entidades del Tercer Sector Social, ha recordado el esfuerzo realizado por facilitar la empleabilidad de estas personas, desde el convencimiento de que un puesto de trabajo es un instrumento esencial al servicio de la normalización de su vida. A modo de ejemplo, ha citado el incremento del 65 % en la financiación del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral (hasta los 7,6 millones de euros, 3 millones más que en años anteriores).

Isabel Blanco ha anunciado, además, que se encuentra muy avanzada la tramitación del anteproyecto de ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, que tiene dos objetivos: asegurar que reciben una atención continua durante todo su ciclo vital y establecer un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente, incluso, cuando falten sus familiares o tutores.


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