Teléfono: 986 438 020 Última actualización:  14:26:09Miércoles, 23 de Mayo de 2018
Atrás

Castilla y León refuerza su Red de Protección, que en 2017 atendió a 190.000 personas

Redacción 07-05-2018

COMPARTIR
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, participó en la Jornada técnica ‘El proyecto europeo PACT de innovación en servicios sociales’, una cita diseñada para difundir este programa europeo de investigación social entre corporaciones locales, entidades del tercer sector, del diálogo social y de las universidades de la comunidad, todo ellos socios de la Junta de Castilla y León en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. 

PACT, siglas en inglés de ‘Modelo de gestión proactiva del caso’, es un proyecto vinculado al programa europeo de empleo e innovación social. La Unión Europea (UE) seleccionó y decidió cofinanciar el proyecto presentado desde Castilla y León de entre más de 1.300 solicitudes presentadas, y la Consejería de Familia está liderándolo en asociación con los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, así como la Diputación de Valladolid, la Universidad de Valladolid y EAPN Castilla y León.

García explicó que, a través del proyecto PACT, se están investigando mejoras en la atención a las personas en riesgo de exclusión que son atendidas a través de la Red de Protección. En concreto, la investigación se está desarrollando en tres planos: en primer lugar, en el plano organizativo a través de la red colaborativa público-privada; en segundo lugar, en el plano profesional, con modelos y herramientas de intervención que hagan posible un enfoque más basado en las potencialidades de las personas para empoderarlas; y, en tercer lugar, en el plano tecnológico, usando ingeniería de datos y otras técnicas para orientar en sistema hacia la prevención y la proactividad. En estos momentos, el proyecto está en su fase de investigación para lo que se está trabajando en estos tres aspectos señalados y con 184 casos de personas que perciben Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Al final de la intervención, se compararán los resultados entre este grupo de estudio y otros casos con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en cuanto a la integración sociolaboral. Para ello, hay 100 profesionales de entidades públicas y privadas trabajando la investigación.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Aunque los datos concretos de este proyecto no se tendrán previsiblemente hasta finales de año, García señaló que todo parece indicar que apuntarán, por un lado, a que el sistema más inteligente en el futuro será aquel capaz de detectar los riesgos y oportunidades antes de que sucedan, es decir, que los sistemas realmente eficientes serán los que actúen preparando y no solo reparando. En este sentido, la consejera incidió en que estas investigaciones son muy importantes porque la información acumulada en el sistema de servicios sociales unido al uso de ingenierías de tratamiento de datos podría en un futuro permitir detectar con mayor precisión riesgos y oportunidades para las personas.

Junto a esto, se está aplicando el conocimiento compartido y las sinergias entre entidades públicas y del tercer sector para alinear, en una misma dirección, la experiencia de todos los profesionales. Esto se está materializando a través de la Red de Protección y para la que se han habilitado herramientas como el manual de intervención, la historia social, herramientas de diagnóstico de la exclusión a través de varias dimensiones, el plan de caso colaborativo entre entidades y un software compartido para la atención en red. 

Hasta ahora han sido muchas las mejoras que se han introducido en los programas de esta red para atender de forma eficaz a las personas y a las familias más vulnerables. En este sentido, se consolidará la red y ampliará sus actuaciones mediante una ley que se tramita en estos momentos en las Cortes. 

El año pasado, la Red de Protección atendió a 190.539 personas, 6.400 más que en 2016. La Junta destinó a esta red, en 2017, un total de 191 millones de euros, lo que supone un incremento de ocho millones respecto al año anterior. 

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES
¿Cuál ha sido el análisis de los diferentes tipos de prestaciones de la Red de Protección en 2017? En primer lugar, descendieron las prestaciones relacionadas con la subsistencia. En 2017, se atendió a través de este tipo de prestaciones a 110.945 personas, lo que supone un descenso del 1%, respecto del 2016, en el que se atendió a 112.090 personas. Dentro de este tipo de prestaciones, descienden las personas que han necesitado ser atendidas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un 4% de las 38.060, en 2016, a las 36.643 personas de 2017. 

También hay un descenso de un 3% de las personas que han necesitado atención a través de ayudas para necesidades básicas de urgencia social: de las 30.776, en 2016, a las 29.827, en 2017. No obstante, la bajada más acusada, con un 14%, se experimentó en el servicio de entrega de alimentos, tanto el urgente como el ordinario, que pasó de ser requerido, en 2016, por 27.013 personas, a las 23.145 de 2017, 3.868 menos.

Lo que más se incrementó fueron las prestaciones profesionales, un 20%, pasando de atender a 46.690 personas, en 2016, a las 59.586, en 2017. En este ámbito, aumentó un 25% el uso del servicio de información y orientación laboral a personas desempleadas, que pasó de atender a 10.360 personas, en 2016, a las 13.012 personas, en 2017. Creció también la utilización de los servicios de apoyos técnicos para personas vulnerables que pasaron de 37.040 usuarios, en 2016, a 39.120 usuarios, en 2017, un 6% más. 

Por otro lado, se incrementaron las prestaciones destinadas a favorecer el empleo, un 2%, con un total de 20.008 personas apoyadas para promover su empleabilidad, en 2017, frente a las 19.600 de 2016. En estos programas de empleo destacan los contratos de inserción, que han permitido la contratación de 5.570 personas, un 13 % más que en 2016, y también el programa personal de integración y empleo, que apoyó a 636 personas, 438 más que en 2016. 

Además, aumentaron programas como el de medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, que pasó de los 8.870, en 2016 a los 10.643 en 2017, lo que supone 1.773 personas más atendidas; o las prestaciones económicas para necesidades básicas de la vivienda como luz o agua, que atendieron a 8.916 personas, en 2016, y a 10.076, en 2017, 1.160 personas más.


Tlfno: 986 438 020 | contacto | aviso legal