A medida que envejecemos, necesitamos tener mayor acceso a una asistencia sociosanitaria de calidad. El reto es que esa atención personalizada se reciba en nuestra propia casa. ¿Cuál es la situación actual de este tipo de recursos a domicilio?
Envejecer en casa es, quizá, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el actual estado de bienestar español. A medida que la población envejece, sus necesidades se transforman, y es cuando áreas importantes como los cuidados personales o la asistencia sociosanitaria deben interrrelacionarse entre sí y estar al alcance de las personas mayores, en su propio entorno.
Hablamos de permanecer en el hogar siempre que sea posible y a través de lo que llamamos servicios de proximidad, que van desde el conocido Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la teleasistencia más clásica, hasta otro tipo de atenciones como podrían ser la limpieza, el acompañamiento, la comida a domicilio o la telemedicina. Se trata, a fin de cuentas, de unos recursos cuyo propósito no es otro que el de apoyar a las personas para subsanar sus problemas de autonomía personal o para evitar situaciones de aislamiento y soledad.
En este contexto, acabamos de atravesar una crisis sanitaria que ha puesto de relieve algunas de las carencias de nuestro sistema sociosanitario. Una pandemia, la de la Covid-19, que está también impulsando el debate hacia la redefinición de algunas cuestiones de la atención a domicilio en España. ¿Cuál es la situación actual de estos servicios? ¿Qué defectos encontramos? ¿Tenemos una oferta suficiente?
Según los datos que aporta el Imserso hasta 2018, del total de los servicios incluidos en el catálogo de los servicios sociales, el 79% van dirigidos a la atención a domicilio. Así, la teleasistencia atiende a 942.446 personas, el SAD a 451.507 y los centros de día a otras 96.499. Estas cifras son muy superiores al porcentaje de atención residencial, que se sitúa en un 22%.
Los beneficiarios reciben estos recursos a través de los propios servicios sociales (teleasistencia, SAD o Estancias Diurnas en centros de día), mediante la asistencia sanitaria de Atención Primaria Domiciliaria, también por los equipos de los centros de salud de referencia (Médico y Enfermería) y en los casos de hospitalización a domicilio desde la asistencia especializada hospitalaria. A estos hay que sumarle la oferta que se presta en los acuerdos concertados y privados.
Si nos centramos en los cuidados a domicilio, la atención primaria de salud la presta el Sistema Nacional de Salud casi en exclusividad. En cambio, en su gran mayoría, la atención social se desarrolla con financiación pública a través de la contratación, concesión o las concertaciones públicas. Es decir, se presta desde las entidades y empresas privadas autorizadas y acreditadas para ello. Se trata, por tanto, de servicios profesionalizados, salvo los que se produjeron con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, con las conocidas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar realizadas, como su propio nombre indica, por cuidadores familiares
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), Juan Manuel Martínez, resume la situación con cifras que hablan de cómo es la distribución del colectivo senior en España. “Somos unos nueve millones de personas mayores de 65 años y, aproximadamente, un 24% tienen algún grado de dependencia. El 22% de estas personas viven solas, el 45%, en pareja, algo más de un 4%, en residencias, y el resto, con su familia. ¿Qué es lo que quieren las personas mayores? Vivir en su casa”. Para Martínez, ese es el objetivo principal y “la Administración y la sociedad tienen la obligación de desarrollar una serie de servicios y recursos para facilitar a estar población su vida en el domicilio”.
En opinión de Cesar Antón, director general de Sergesa Asiste, y ex director general del Imserso de 2012 a 2016, “lo primero que ha puesto de manifiesto esta pandemia mundial es que el bien más preciado, que más nos importa, y que más necesitamos es una buena salud. Por lo que la medida prioritaria es establecer los protocolos, actuaciones y equipos dirigidos a proteger la salud”. Para Antón, antes de nada, una cuestión indispensable para prestar una atención de mayor calidad es preguntar a los beneficiarios de estos servicios y a sus familiares. “Considero que no acertaríamos bien las medidas a tomar para mejorar esta atención si no somos conscientes de las demandas, inquietudes, valoraciones y propuestas que tienen las personas mayores, y sus familiares”, remarca.
Teresa Martínez, doctora en ciencias de la salud, Psicóloga Gerontóloga y experta en modelos de atención centrada en la persona, cree que es el momento de replantearse asuntos como “la inaplazable y urgente reconceptualización del actual SAD, el cual solo cubre algunas de las necesidades de las personas”. Según la doctora, el SAD se queda corto “en cuanto a la diversidad de atenciones que dispensa y a la intensidad de los apoyos. Tenemos que pasar de un SAD que se limita a prescribir unas determinadas horas de atenciones, a la elaboración de planes personalizados dirigidos a ofrecer atención integral en los que se coordinen cuidados personales en casa con servicios muy diversos: de salud, medidas de adaptación funcional del hogar, acompañamiento mediante voluntariado, recursos culturales y de ocio, actividad estimulativa, apoyos para movilidad, salidas y contacto con la comunidad, etcétera”.
Desde este punto de vista, se pretende que el SAD sea un servicio que permita una atención integral que se adapte a la persona y a sus circunstancias. Sin embargo, “la realidad es que es la persona la que tiene que adaptarse al servicio”, señala la doctora Martínez, y añade que, para conseguir esa integración, “hemos de pasar de la prescripción al acompañamiento. La formación a los profesionales del cuidado en el hogar es esencial, también a las propias personas mayores y a las familias”.
COBERTURA, PRECIO Y OFERTA
En cuanto a la evolución en los últimos años de la cobertura de estos servicios de atención domiciliaria, en el periodo que se extiende de 2001 a 2007, los números demuestran que el aumento relativo de la población a proteger, los mayores de 65 años, va acompañado de un aumento del grado de cobertura. Así, mientras se producía un crecimiento de un 6,49% del colectivo senior, la cobertura en telesasistencia, Ayuda a Domicilio y los centros de día aumentó un 3,73%, un 1,94% y un 0,57%, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2007 –y hasta 2018-–, la cobertura no sigue la tendencia creciente de la población de referencia y se produce una brecha que, hasta ahora, no se ha reducido.
¿Por qué se produce este desequilibrio? Según Antón, no se trata de una cuestión exclusivamente económica, “porque han surgido otras personas cuidadoras a domicilio de empresas que ofrecen estos mismos servicios y que no siempre están incluidos en la cartera de los servicios sociales, asumiendo el coste correspondiente”. Además, apostilla, “tenemos que considerar el efecto y crecimiento que han tenido los cuidadores familiares no profesionales”.
Los expertos hablan de la necesidad de aumentar el catálogo de servicios para poder prestar también una atención más integral y continuada. “Esto implica directamente hacer la valoración del coste real si queremos relacionarlo con niveles de calidad”, incide Antón, que argumenta que actualizar el catálogo de servicios a la realidad actual “no quiere decir que todos tengan que ser financiados por las Administraciones públicas, pero sí incluirlos y regularlos para que las entidades puedan prestarlos”.
Pero, ¿están las Administraciones públicas pagando el precio adecuado para los servicios que se prestan? ¿Existe un equilibrio entre la calidad y la amplitud del contenido de los últimos años y el aumento del precio? Si se analiza la evolución de los precios de los servicios de atención a domicilio estándar, según los datos publicados por el Imserso (aunque existen diferencias entre las comunidades autónomas), en 2010, el precio público del SAD era de 13,70 euros la hora; en 2015, de 13,69 euros y, en 2018, de 14,99 euros. En cuanto al el servicio de Teleasistencia, su coste en 2010 era de 274 euros al año por usuario; de 198,50, en 2015, y de 179 euros, en 2018.
Como se observa, la subida en los precios del SAD en ocho años parece escasa y, en el caso de la teleasistenncia, el coste se ha desplomado un 34,6% en esa misma franja de años.
“A veces no nos damos cuenta de que lo que paga la Administración al sector privado es poco y que, si se pagase más, en función de lo que realmente necesita, por supuesto que la calidad aumentaría”, incide Juan Manuel Martínez, que advierte además que “tenemos que ser conscientes de que, si queremos calidad, esta no solo se consigue con conocimiento, sino también con dinero”.
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
Una demanda recurrente cuando se habla de gestión en la atención a domicilio es la necesidad de una mejor coordinación sociosanitaria. La doctora Martínez tiene claro que esta coordinación o integración con la atención sanitaria “no está todavía resuelta, y es algo imprescindible para que el cuidado a domicilio sea adecuado”. Por otro lado, indica también que una pieza clave para que las personas mayores puedan vivir en su casa sin estar aisladas es la coordinación con los servicios de la comunidad, con la que evitar situaciones de soledad nociva.
Precisamente, la crisis provocada por la Covid-19 ha puesto todavía más de relieve la necesidad de sumar esfuerzos entre profesionales, “a través, por ejemplo, –subraya Antón– de protocolos y tecnologías de la información y la comunicación para acceder y acercar los servicios al domicilio de las personas que lo necesitan”. Desde el punto de vista del ex director general del Imserso, el origen del problema está “en el momento de la valoración de la situación personal y familiar para definir las necesidades de cuidados, asistencia sanitaria y servicios sociales. Esta debe hacerse desde un punto de vista integral”.
En un sentido similar, el presidente de Ceoma opina que, igual que siempre se ha reclamado una coordinación sociosanitaria, “también tendría que haber una coordinación social, de tal manera que se unificasen los criterios de la figura del gestor del caso, que es quien tendría que dictaminar qué tipo de recursos son necesarios”. No obstante, Martínez entiende que “en cada comunidad o incluso distrito de una misma ciudad hay particularidades, por lo que deberían hacerse algunas adaptaciones en base a esas diferencias geográficas u autonómicas”.
En gran medida, estos servicios de proximidad se están ofreciendo desde las Administraciones autonómicas y cada una aporta diferencias en el tipo de prestación, con diversas estrategias como ‘Rompiendo Distancias’, de Asturias, el PADES catalán o el cheque asistencia gallego. Para la académica Bonafont es importante compartir dichas experiencias de buenas prácticas, “conocerlas y valorarlas, extrayendo los resultados y beneficios para adecuarlos al contexto territorial que caracteriza cada una de las comunidades”. Según la profesora, “todavía sabemos muy poco entre muchos” y “necesitamos más inversiones en el ámbito de la investigación en el sector de los cuidados de larga duración para poder evaluar los beneficios y resultados de cada uno, no solo desde criterios cuantitativos, sino también desde una metodología cualitativa”.
En esta misma línea se sitúa la psicóloga gerontóloga Martínez, que remarca que la mayoría de la atención a domicilio es de gestión municipal, lo cual tiene ventajas e inconvenientes. “Debería existir una definición operativa y común a nivel nacional de lo que debe incluir el SAD y qué elementos organizativos clave debe tener, como una figura profesional de coordinador de apoyos (gestor de caso) o la asignación estable de las profesionales del cuidado”. La doctora Martinez advierte que “pensar en servicios similares que ofrezcan paquetes de atenciones altamente estandarizadas no parece razonable si queremos lograr la personalización. Además, no podemos ignorar que los territorios y sus habitantes no tienen las mismas necesidades. La variable territorio es definitoria y no solo en cuanto criterios orográficos sino también socioculturales”.