Se cumple un año desde que seis comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia- decidiesen unir sus esfuerzos y alzarse ante el Gobierno central para reclamar una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico.
El primer paso en este camino fue la firma formal, por parte de estas seis regiones, de la “Declaración institucional por el cambio demográfico”, un documento cuyas tres principales reivindicaciones y objetivos se resumían en: establecer los desafíos demográficos como un asunto de Estado; elevar esta materia a la dimensión europea, es decir, petición de acceso a fondos europeos y otras formas de apoyo para la búsqueda de soluciones desde la Unión Europea; y, en tercer término, que variables demográficas como pueden ser la baja densidad y la dispersión de la población y el envejecimiento tengan un mayor peso y estén mejor ponderadas en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Estas comunidades comparten determinadas características, como ellas mismas revelaron en el documento: alta mortalidad, baja natalidad, descenso de población, abandono de zonas rurales en favor de grandes y medianas ciudades, alto envejecimiento y tasas de dependencia, reducción de la población activa y de la población de menos de 16 años. Además, los expertos coinciden en señalar que las proyecciones demográficas muestran una tendencia hacia ese tipo de situación en gran parte de Europa, y en concreto, en aquellos países con altas tasas de envejecimiento, como sucede en España. Que Europa envejece es un hecho ineludible pero, ¿estamos preparados para abordar esta situación?

Un cambio en el enfoque
“Las consecuencias del envejecimiento de la población”, señala el científico del CSIC Julio Pérez, “no deben ser vistas como problemáticas ni desastrosas, todo lo contrario. Siempre y cuando  las sociedades con proporciones elevadas de mayores se deriven de un cambio natural en el sistema, es para que todos nos felicitemos”.
Desde su experiencia en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, el científico admite que la situación demográfica se deja notar y repercute en “materias muy candentes para las administraciones públicas porque es evidente que todo ello afecta a la caja de la Seguridad Social, al tipo de sistema sanitario que tenemos y a la atención médica requeridas, etcétera”. Sin embargo, Pérez se muestra contundente ante la importancia de analizar la pirámide demográfica de forma natural y que la tendencia actual es, en su opinión, “la buena y la racional”. Aboga, en definitiva por una búsqueda de oportunidades en esta tendencia poblacional que, asegura, “no tiene vuelta atrás”.
“Lo que vivimos es el resultado de una transformación que a veces se nos olvida: en 1900, España tenía una esperanza de vida de 34 años. Es evidente que había muchos niños pero porque nadie llegaba a viejo. De repente hemos ido descubriendo otra forma de reproducirnos, que se basa, en vez de en tener muchos hijos, en darle mucha vida a los que tenemos. Es una estrategia radicalmente distinta. A los políticos, e incluso a los demógrafos, se les olvida que los hijos requieren unos recursos, educación… y eso cuesta mucho”, declara el científico del CSIC.
De otra forma opina la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, que señala que “los expertos coinciden en que la actual crisis demográfica no es solo un problema social, sino estructural y debemos tratar de atajarlo entre todos. Por eso, el gran reto a medio plazo será sentar las bases para invertir la tendencia actual y evitar que las peores proyecciones de población se cumplan”, expresa en una entrevista a entremayores.
Si se puede variar esta tendencia, o no, es todavía un ejercicio de futurología, lo que sí son ciertos son los datos actuales que manejamos al respecto de esta materia. Los medios de comunicación nacionales se hacían eco, a punto de concluir 2014, de un dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística: si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España perderá un millón de habitantes en los próximos 15 años. Y lo que resultaba más alarmante, “el número de defunciones superá, por primera vez, al de los nacimientos, a partir de 2015”. Julio Pérez lo tiene claro y asegura que el pronóstico no está errado, y que “terminará siendo así porque habiendo en la composición por edades tanta gente mayor, evidentemente fallecen antes que los jóvenes”.

Frenar la despoblación
En base a los mismos datos, el INE concluye que el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasaría a ser, en 2029, del 24,9%. De ser así, las comunidades autónomas abanderadas de esta Declaración Institucional por el Cambio Demográfico deberían ser escuchadas en tanto a que este envejecimiento de la población requerirá una serie de infraestructuras y servicios adaptados a las necesidades de este colectivo. En cualquier caso, desde el CSIC Julio Pérez alerta de “no confundir, ni mezclar, demografía con envejecimiento o despoblación” e insiste en la necesidad de estudiarlas de forma adecuada, en base a sus parámetros.
Entre las aportaciones que plantean estas regiones destaca, por ejemplo, la intención de que desde los gobiernos se implementen medidas “que consigan fijar población en entornos rurales y afectados por la despoblación y el envejecimiento, y que vayan más allá de operaciones temporales, para conseguir arraigar usos, costumbres y tendencias que aseguren una conservación a medio plazo y un crecimiento a largo plazo”. Pero, además de esta idea, las comunidades firmantes del manifiesto alegan que “es necesario corregir las dificultades que se observan en determinados territorios en los que es más difícil prestar los servicios básicos. En este sentido se propone facilitar medidas destinadas a la conciliación de la vida personal y familiar para estimular la natalidad”.

Un esfuerzo de todos
Estas y otras advertencias las volvieron a poner sobre la mesa en el III Encuentro de Regiones por el Cambio Demográfico celebrado el pasado mes de junio en 2014, una reunión en la que demandaron una mayor implicación del Gobierno central pero también de las administraciones locales y de la Unión Europea ya que, insistieron, “se trata de un problema que afecta a toda España”, no en exclusiva a estas autonomías.
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, declaraba en este encuentro  que “es el momento de invertir en las personas” y por lo tanto, están decididos a afrontar con soluciones el cambio demográfico y para ello se “necesita de acuerdo y consenso para abordar un problema de esta dimensión”.
El anfitrión de esta reunión, el consejero de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Clemente Checa, destacó, entre las medidas acordadas en Mérida, la necesidad de realizar un “Pacto de Estado y una Estrategia española por el cambio demográfico como marco de referencia global y una herramienta que oriente a la acción de todas las administraciones para afrontar los desafíos y tomar las medidas adecuadas en este sentido”.
Por su parte, el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, hacía referencia a  “un problema estructural” y por ello se sumaba a esa reclamación “del liderazgo del Gobierno de España”.
En la misma línea, José Antonio Santiago-Juárez, consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León, puso en valor la unión lograda en torno a esta materia, al tiempo que solicitaba la implicación de todos, ya que, además de las administraciones, esto “es un problema de la sociedad en su conjunto”.
En 2015 no cejarán en su empeño y han previsto, ya, nuevas cumbres para que este tema se establezca como prioritario y urgente en las agendas políticas.

>> Entrevista con Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.

>> Entrevista con Julio Pérez Díaz, científico del CSIC.