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Dolors Montserrat / Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

'Propongo un nuevo modelo sociosanitario, una puerta única compartida entre sanidad y servicios sociales'

La ministra cumple tres meses en el cargo y, en entremayores, le preguntamos por cómo afronta este reto, qué medidas concretas son más urgentes en materia de políticas sociales y qué papel les reserva a los mayores en esta nueva etapa del Gobierno

13-03-2017

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Pregunta.- Hace unos meses cogió las riendas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ¿Cómo afronta este reto?

Respuesta.- Llevo desde hace años en la política nacional. He sido diputada desde la novena legislatura y fui vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados en la décima. Mi carrera política comenzó en Sant Sadurní de Anoia como concejal y Portavoz del Grupo PP en el ayuntamiento. De aquella época aprendí a dialogar y pactar. En mi pueblo tenías que ser capaz de ponerte de acuerdo con concejales de ERC y de CiU para arreglar el césped del campo de fútbol o construir 100 nuevas plazas de parking. Desde el convencimiento, y lo he demostrado durante mi trayectoria política, mi labor al frente del Ministerio se caracterizará por el consenso y el diálogo. Afronto este reto con ilusión, con esfuerzo y con ganas de trabajar para mejorar la vida de las personas.

P.- Asume una cartera sanitaria que es nueva para usted. ¿Qué temas y medidas concretas cree que reclaman una mayor urgencia?

R.- Tenemos uno de los mejores sistemas de salud, no solo de Europa sino del mundo. Nuestro Sistema Nacional de Salud es patrimonio de todos, por eso trabajaré para que este sea capaz de dar respuesta a nuestras necesidades en los años venideros. Me parece necesario que nuestro Sistema Nacional de Salud avance en materia de calidad, cohesión y equidad en la atención sanitaria a los ciudadanos, siempre buscando el máximo consenso con las comunidades autónomas. Mi política sanitaria se fundamentará en la prevención, la equidad, la corresponsabilidad, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

P.- Y en cuanto a los servicios sociales, ¿qué necesidades considera que habría que abordar primero?

R.- Como ya dije en mi comparecencia en el Congreso, propongo un nuevo modelo sociosanitario en España, una puerta única de entrada compartida entre sanidad y servicios sociales que sea capaz de ofrecer y prestar una atención, centrada en la persona, que se gestione por procesos y con independencia de que la necesidad de atención se sitúe en el sistema sanitario o en el de servicios sociales. La coordinación sociosanitaria es un factor fundamental para la mejora de los servicios sociales y, por su puesto, para la sostenibilidad del sistema sanitario. Convendría realizar un estudio que permita identificar la realidad y las potencialidades de los servicios sociales, diseñar un mapa de recursos y prestaciones sociales que permita saber en cada circunstancia qué tipo de ayuda se puede prestar. Es un modelo de organización más ágil y accesible de nuestros servicios sociales que, además, evitará duplicidades.

P.- La transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades deja la coordinación del sistema en un consejo interterritorial que puede recomendar, pero no imponer. ¿Cree que el consejo debería tener una mayor capacidad ejecutiva?

R.- Lo creo y, de hecho, puede ser así. Configurado en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial es un foro de diálogo orientado a favorecer el consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en la formalización de recomendaciones, acuerdos de cooperación y convenios. No obstante, el cumplimiento de dichas recomendaciones, acuerdos y convenios no siempre se ha producido, o no siempre en el tiempo y la forma idóneos, de ahí la necesidad de que todos continuemos trabajando en favor de la cohesión teniendo en cuenta el carácter vinculante que tienen los acuerdos que se alcancen en el Interterritorial a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

P.- La dependencia debe ser financiada al 50% entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, en 2015, y según el Observatorio Estatal de la Dependencia, el Estado aportó un 18,1%. ¿Cuáles son las causas de que se esté aportando menos?

R.- Quisiera destacar, en primer lugar, que el pasado 14 de diciembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una norma que entró en vigor el 1 de enero de 2007 con un importante consenso político y social, y que fue aprobada con el voto favorable del Partido Popular. A 31 de diciembre de 2016, las personas atendidas superaban la cifra de 865.564 personas beneficiarias con prestación. La cifra más elevada hasta la fecha, superando en 126.977 las personas atendidas en el año 2011, cuando eran 738.587 personas. El número de prestaciones supera el millón, son ya casi 1.070.000. Además, dos de cada tres de estas prestaciones son de servicios profesionales, invirtiendo la tendencia existente hasta el año 2012. Este dato supone un incremento de la calidad de los servicios a las personas dependientes y una generación neta de empleo. Más de 382.000 personas trabajan en servicios de teleasistencia y domiciliarios, así como en centros de día y centros residenciales. Durante la legislatura de 2011 a 2015, la gestión de los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia han supuesto para la Administración General del Estado la inversión social de más de 27.000 millones de euros, tanto finalista como adicional o no afectada. De esta cantidad, 11.000 millones de euros durante los cinco primeros años de vigencia de la ley. Y han sido más de 16.000 millones de euros en los años posteriores. Al finalizar 2016, la financiación estatal se estimaba que superaba los 3.500 millones de euros, que habría que sumar a las cifras anteriormente citadas. Por otra parte, quisiera destacar que el observatorio al que se refiere, solo contabiliza en sus informes, con una metodología errónea y corregida por el Tribunal de Cuentas, la financiación finalista, olvidando así la importante cantidad de recursos adicionales para la dependencia que las comunidades autónomas reciben a través de la financiación autonómica. De esta manera, podemos afirmar que el Estado cumple con su obligación legal de aportar el 50% de la financiación pública de la atención a la dependencia.

P.- ¿Se puede cumplir el calendario previsto con el que nació la Ley de Dependencia?

R.- El calendario previsto con el que nació la Ley de Dependencia se ha cumplido ya plenamente, puesto que, desde julio de 2015, se encuentran totalmente implantados todos los grados de dependencia. El calendario experimentó modificaciones debido a la situación de dura crisis económica que encontró el Partido Popular al llegar al Gobierno, a finales del año 2011. Pero hoy, tras estos diez años de vigencia de la ley y su plena implantación, el sistema de dependencia es fuerte, sostenible y transparente.

P.- Desde el Imserso se ha destacado el valor de un informe –del IDIS y Edad&Vid– que plantea la creación de casi 20.000 plazas adicionales para cuidados sociosanitarios. ¿Qué medidas cree que hacen falta para mejorar esta atención?

R.- La creación de estas 20.000 plazas adicionales para cuidados sociosanitarios es necesaria, como también lo es desarrollar la coordinación sociosanitaria de manera general. Pero debemos ser más ambiciosos. La población española va a envejecer de manera destacada durante los próximos años. Para garantizar la sostenibilidad y la calidad, tanto del sistema sanitario como del de servicios sociales, debemos trabajar en favor de un “Pacto de Estado por los Servicios Sociales”, para conseguir una coordinación real del conjunto de prestaciones, una mayor transparencia y eficacia, y una igualdad en la atención en toda España.

P.- Como reclaman diversas asociaciones de mayores, ¿cree que se debería tener más en cuenta la voz del colectivo senior a la hora de tomar las decisiones políticas?

R.- Las personas mayores son un grupo humano cada vez con mejor formación e información, con una amplia experiencia laboral y redes familiares y sociales. Pensamos que los hombres y las mujeres mayores deben intervenir plenamente en todo tipo de actividades y que sus organizaciones representativas deben tener cada vez más protagonismo social. La Administración General del Estado ha desarrollado una decidida acción de fomento del movimiento asociativo. Dos claros ejemplos han sido la aprobación de la Ley del Tercer Sector y de la Ley del Voluntariado, en la pasada legislatura. Los canales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la participación de las personas mayores a través de sus asociaciones y organizaciones se centran en el Consejo Estatal de Personas Mayores que es un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor de la Administración General del Estado. Por medio de este Consejo, y otros medios de participación de ámbito autonómico y local, las personas mayores opinan e intervienen directamente en sus asuntos de interés.



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