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Emiliana Vicente / Presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS)

‘Cada vez que se recorta, externaliza y se precariza la atención social, afecta a los derechos de ciudadanía de las personas’

En esta entrevista, la presidenta del CGTS señala que "un paso importante ha sido la declaración de los servicios sociales como servicios públicos esenciales, pero debemos lograr que se mantenga esta consideración más allá de esta pandemia"

Redacción EM 15-07-2020

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Pregunta.- Ha pasado el estado de alarma pero, sin embargo, el sector de los servicios sociales continúa en una evidente situación de emergencia. ¿Qué balance realiza de los últimos meses de crisis a consecuencia del coronavirus?

Respuesta.- Veníamos de una situación en el que el número de personas en exclusión social era el 18,4% en España en 2019 (según el informe Foessa). Si un año antes estos eran los datos, es evidente que nos enfrentábamos ante una emergencia social de dimensiones extraordinarias. En estos momentos de la llamada nueva normalidad, las y los trabajadores sociales estamos realizando aproximaciones diagnósticas de situaciones personales/familiares (en un contexto social totalmente distorsionado) para fundamentar la intervención social, valor el impacto de la crisis y analizar el riesgo de vulnerabilidad. Tal y como apuntábamos en nuestro III Informe sobre Servicios Sociales de 2019, la tendencia del perfil de la persona usuaria de servicios sociales era una mujer de unos 45 años con hijos a cargo. En los próximos meses ese perfil ya vulnerable será el que se vea más afectado, también el tipo de demanda es cada vez más compleja, requiriendo de una respuesta más global e integradora. Los servicios sociales han sufrido una creciente demanda social con menor financiación y más desigualdades territoriales. Un paso muy importante ha sido la declaración de los servicios sociales como servicios públicos esenciales, pero debemos lograr que se mantenga esta consideración más allá de esta pandemia.

P.- El CGTS está presente en la Comisión de Reconstrucció. ¿Cuál es, en su opinión, el primer paso que debe dar España para llevar a cabo esta reconstrucción?

R.- La fortaleza de una sociedad radica en el desarrollo de las políticas públicas que se aplican en la sociedad y, en concreto, del desarrollo del estado del bienestar y el avance de sus cuatro pilares –sanidad, educación, pensiones y servicios sociales– cuando las estructuras sociales se ven afectadas por una crisis de esta naturaleza como ha sucedido en el segundo trimestre de 2020, se hace más patente la necesidad de su fortaleza y, sin lugar a dudas, la firme convicción de seguir reforzándolos. Consideramos que es la mejor forma de garantizar no solo el progreso social sino el también el económico y político de nuestra sociedad, pues ha contribuido a corregir las fracturas sociales, fomentando la igualdad de oportunidades y un crecimiento económico justo y solidario, consolidando una amplia clase trabajadora. Es necesaria la articulación de los sistema públicos del estado de bienestar para hacer efectiva de modo transversal la inclusión social, superando todo tipo de discriminaciones y exclusiones institucionales. El estado del bienestar es el instrumento más eficaz para promover estos logros. Necesitamos un estado del bienestar que garantice y blinde derechos universales de ciudadanía y proteja contra la exclusión social y la pobreza. Establecer el derecho a los servicios sociales, junto con la sanidad y la seguridad social/prestaciones económicas garantizadas, como derechos fundamentales constitucionales, en el marco de la reforma del marco de la constitución española de 1978.

P.- Conocen de primera mano las necesidades de las personas, y ahora forman parte de esta comisión, pero ¿sienten que se ha contado con su experiencia durante la gestión de esta crisis?

R.- Las y los profesionales del Trabajo Social han jugado y juegan un papel clave y vital, tras estar al lado de las profesionales sanitarias (nuestro enorme y constante agradecimiento). Y también hemos estamos en primera línea de intervención social ofreciendo la mejor atención posible. Nuestro trabajo es necesario para evitar el aumento de la brecha social y que la desigualdad se cebe con las personas y colectivos más vulnerables. A la pregunta de si se ha contado con nuestra experiencia, según la investigación que hemos hecho desde el CGTS a las y los colegiados, el 70% de las personas encuestadas aseguró sentir que no había suficiente presencia del Trabajo Social y de otras profesiones en los recursos más necesarios durante la crisis. De las más de 1.500 personas encuestadas, solo se facilitó medios tecnológicos para que los y las profesionales pudieran seguir haciendo su trabajo desde casa al 41,5%, a un 39,5% no se le facilitó ningún recurso y al 19% solo algunos. Por un lado, el aumento de la atención a la demanda de personas usuarias de los servicios sociales no se ha visto acompañada de refuerzos o incrementos en la plantilla. Sin estas medidas no se está pudiendo atender la urgencia con los recursos mínimos y suficientes que garantizasen una calidad de atención. De los datos que arrojan nuestro estudio, tenemos que volver a hacer hincapié en que es preciso hacer una previsión del impacto en el periodo postcrisis, reforzando equipos, ratios profesionales, asignaciones presupuestarias y medidas específicas ante la previsible avalancha de incremento de las necesidades sociales esta crisis sanitaria, social y económica para afrontar la demanda que está por llegar a los servicios sociales.

P.- ¿Diría que esta crisis ha agudizado los problemas de estabilidad que ya venían denunciando que estaba sufriendo el estado del bienestar?

R.- Como decía, es necesaria la articulación de los sistemas públicos del estado del bienestar social para hacer efectiva de modo transversal, la inclusión social, superando todo tipo discriminaciones y exclusiones institucionales. Desde el CGTS, consideramos que hay que mantener la protección social en sus cuatro pilares. Desde hace décadas se están sufriendo un retroceso de los servicios sociales muy fuerte. Se abrió la puerta a su privatización en 1996, hasta la terrible crisis que vivimos en 2008, así como los recortes que se sufrieron años después. Solo en dos años (entre 2012 y 2013) se destruyeron 56.000 empleos de profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales. Cada vez que se recorta, externaliza y se precariza la atención social afecta a los derechos de ciudadanía de las personas. En esas circunstancias, no hace falta que venga una pandemia como la que estamos viviendo para asegurar que los pilares del estado del bienestar se tambalean. Esta situación ha puesto de manifiesto que vivimos en una sociedad de riesgo y vulnerabilidad social que nos puede afectar a todos y todas, por eso ahora con más fuerza consideramos que hay que reforzar los cuatro pilares del estado del bienestar, y en particular un sistema de servicios sociales que afronte los problemas de forma multidimensional, que ofrezca como se viene haciendo respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias. Se ha de reconocer a los servicios sociales como servicio público esencial.

P.- ¿Cuáles son las preocupaciones más acuciantes entre los trabajadores sociales tras el paso del coronavirus?

R.- Lo más acuciante es el aumento de la demanda en los servicios sociales. El tipo de demanda es cada vez más compleja, requiriendo de una respuesta más global e integradora. Los servicios sociales han sufrido una creciente demanda social con menor financiación y más desigualdades territoriales. Creemos preciso hacer una previsión del impacto en el periodo postcrisis, reforzando equipos, ratios profesionales, asignaciones presupuestarias y medidas específicas ante la previsible avalancha de incremento de las necesidades sociales esta crisis sanitaria, social y económica para afrontar la llegada a los servicios sociales. Una de las mayores fortalezas del Trabajo Social es que formamos parte de la estructura de la Administración pública, hay trabajadores sociales en los 8.140 municipios del Estado, interviniendo y acompañando los procesos personales y familiares de la ciudadanía, así como colaborando con la Administración más próxima a la ciudadanía, los ayuntamientos. Ante el escenario post Covid-19, es preciso un paquete de medidas, vacunas sociales, para prevenir y detener la exclusión social, vacunas que también estimulen los sistemas de protección social para afrontar las amenazas a las que nos enfrentamos y que nos prepare para lo que esté por llegar. Estas 30 medidas incluyen que los servicios sociales sean reconocidos en como derechos fundamentales constitucionales, es necesario que el ejecutivo los declare como derecho subjetivo, servicio público esencial y de interés general. Planteamos la necesidad de un pacto de Estado por los Servicios Sociales y la promoción social, como una estrategia estatal mediante una Ley Estatal básica de Servicios Sociales, ya anunciada por el Presidente del Gobierno en julio de 2019. Se precisa impulsar la financiación pública y la prevalencia de lo público, es necesaria una dotación presupuestaria estable, suficiente y sostenible, convergente con el gasto social europeo. Saludamos como una mediad positiva del Ingreso Mínimo Vital pero debemos seguir caminando hacia una Renta Básica Universal. Otra de las medidas es la apuesta sin fisuras por la Ley de Dependencia –eliminando el copago y reduciendo las listas de espera para acceder–, agilizar todos los procesos administrativos para la ciudadanía, reconocer la vivienda como derecho básico, proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los recortes en derechos laborales, tener como meta la igualdad plena entre hombres y mujeres, acompañar al mundo rural con planes de desarrollo y nuevas tecnologías o apostar por el trabajo social comunitario como una garantía de convivencia pacífica. Esas serían solo algunas de las medidas que desde el Consejo General del Trabajo Social se han planteado en la Comisión de Reconstrucción.

P.- Al respecto de las reuniones de la comisión, ¿se muestra optimista de los acuerdos que se vayan alcanzando?

R.- Es una situación tan insostenible que no nos queda otra que ser optimistas. No podemos perder de vista que del los más de cinco millones de personas en riesgo de exclusión que tiene España, el 5,4% de estos viven en una situación de privación de las más esenciales necesidades materiales, en la pobreza absoluta. Creemos que es preciso una firme Alianza por la Defensa del estado del bienestar. Consideramos que es la mejor forma de garantizar no solo el progreso social sino también el económico y político de nuestra sociedad. Ha contribuido a corregir las fracturas sociales, fomentando la igualdad de oportunidades y un crecimiento económico justo y solidario, consolidando una amplia clase trabajadora.

P.- Los senior que tienen su hogar en una residencia se han convertido en las mayores víctimas de la Covid-19. ¿Consideran que la gestión de las Administraciones públicas han estado a la altura de las circunstancias?

R.- El Trabajo Social está presente de manera integral en las residencias de mayores, realizando un seguimiento de sus condiciones sociales con el fin de garantizar una calidad de vida digna. Velamos por sus derechos y somos el enlace entre la persona residente, su familia y su entorno. La atención a este colectivo de población es una obligación ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. Es ético y obligado el respecto y reconocimiento social a nuestros mayores lo que se traduce en facilitar y promover su participación en la vida social, política y cultural, evitando una muerte social anticipada a la muerte biológica, mediante el desarrollo de políticas de envejecimiento activo. En plena crisis por la Covid-19 recomendábamos el refuerzo de las medidas de protección, el apoyo al personal en su totalidad de estos centros y que, en la medida de lo posible, el aislamiento preventivo de forma física con sus familiares no se traduzca en soledad no deseada. Una vez ha comenzado la desescalada, debemos velar porque ninguno de los derechos de estas personas residentes se vea afectado, que son los que se han visto más afectados. Debemos replantear un nuevo modelo de cuidados. Avanzar hacia un modelo en el que las personas mayores vean garantizado poder tener un proyecto de vida en las residencias, en el que tengan más voz para decidir cómo quieren que sean sus vidas y ser considerados un miembro de pleno derecho de esta sociedad. También en el acceso a la Sanidad, donde la medicalización de las residencias corre el peligro de que se piense que estas personas no deben ser atendidas, como cualquier otra, en el sistema nacional de salud: en los hospitales, centros de salud, etcétera.

P.- ¿Cómo debería articularse dicho modelo de cuidados al que se refiere?

R.- En una sociedad como la nuestra, los indicadores demográficos nos presentan una población cada vez más envejecida, por tanto, esta realidad debe ser puesta en valor y saberla integrar en las fórmulas de los sectores de producción económica, y para ello hay que valorar los potenciales de este colectivo. Por eso insistimos en medidas que garanticen la estabilidad del sistema, como reflejar como derechos fundamentales las pensiones públicas en la Constitución, la plena inclusión de los mayores en la vida social, política y cultural o promover una Ley Integral de Derechos de los Mayores. Dentro del modelo de cuidados de larga duración debemos trabajar conjuntamente para diseñar servicios y recursos estratificados para que este colectivo permanezca en su domicilio el máximo tiempo posible, evitando la institucionalización. Con recursos de atención integral en el domicilio, disponiendo de profesionales suficientes y formados y teniendo acceso a la sanidad pública de atención primaria y hospitalaria siempre. También tener a esta parte de la población en cuenta en los diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas de convivencia y desarrollarse experiencias intergeneracionales como la vivienda colaborativa.

P.- Otra reivindicación en la que insisten es la puesta en marcha de una coordinación sociosanitaria real. ¿Cree que, de haber existido, se podría haber frenado el impacto de la Covid?

R.- La coordinación sociosanitaria es una reivindicación histórica del Trabajo Social porque consideramos que se debe atender a las personas desde una mirada holística, de hecho, se recoge el en artículo 24 de nuestro Código Deontológico. En el ámbito de la salud se puede correr el riesgo de perder la perspectiva social, por ello los trabajadores sociales colaboramos coordinadamente con los profesionales sanitarios para que el trabajo multidisciplinar sea lo más ajustado posible a las necesidades de cada persona. El hecho de establecer una coordinación real con canales de comunicación profesional puede ayudarnos a prevenir situaciones posteriores de vulnerabilidad. En este sentido, consideramos que sí es un elemento esencial a la hora de ofrecer una atención de mayor calidad a las personas mayores, y posiblemente, cuantos mejores sean los recursos y la organización de estos, el impacto negativo en situaciones como las vividas será menor. Por ello, desde el Trabajo Social vamos a seguir apostando por la coordinación sociosanitaria como una parte esencial en el diseño y la implementación de la intervención social. Consideramos que debemos estar como profesión en las estructuras de la toma de decisiones para poder aportar nuestra visión y experiencia profesional como profesionales de referencia de la intervención social, así como para tomar decisiones de conjunto para coordinar desde el origen que las actuaciones sean lo mas eficaces posibles.



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