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Ana Lima / Secretaria de Estado de Servicios Sociales

'Mejorar la situación de la Ley de Dependencia exige más recursos. Y más recursos exigen una mayor financiación'

La nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, hace una primera valoración de su trabajo tras acceder al cargo en sustitución de Pilar Díaz. Además, apunta los retos más inmediatos en materia de envejecimiento y dependencia

Horacio R. Maseda 17-12-2018

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Pregunta.- Apenas lleva unos meses en el cargo como secretaria de Estado de Servicios Sociales. ¿Cómo se está adaptando en esa transición desde la Presidencia del Consejo General de Trabajo Social (CGTS) al Gobierno central?

Respuesta.- La Secretaría de Estado de Servicios Sociales contiene unas competencias y ámbitos de acción en los que yo he ejercido durante muchos años de experiencia profesional, por lo que conozco bien el terreno de la práctica sobre las cuestiones que se manejan en las distintas direcciones generales y organismos que dependen de ella. Asimismo, la experiencia que he adquirido en el Consejo General del Trabajo Social, en cuanto a la estrategia en las políticas sociales de nivel estatal, me permite tener una buena perspectiva de la situación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de donde depende la secretaría. En definitiva creo que todo el bagaje previo me facilita la comprensión y el manejo de este cargo que tiene una gran responsabilidad.

P.- ¿Cuáles diría que serán los ejes principales en los que centrará su gestión?

R.- Uno de los retos tiene que ver con la necesidad de reponer los recortes sociales que se realizaron en la época de la crisis y otra es intentar ordenar y racionalizar todas las acciones y competencias que dependen de mi secretaría en clave estatal. Trabajando sobre esas premisas, existen algunos planes y estrategias sobre la mesa de bastante importancia que tienen que ver con los mayores, como es el refuerzo para la dependencia si se aprueban los presupuestos 2019 preparados por el Gobierno. Por otro lado, estamos trabajando en el Plan Nacional de Alzheimer, la Estrategia de la Soledad y otras iniciativas, siempre en el marco de la prevención, el fomento de la autonomía y la atención a mayores.

P.- -En su etapa como presidenta del CGTS defendió la figura de la persona mayor, posicionándose en contra de los que les achacan el hacer insostenible los sistemas de protección social. ¿Por qué cree que aún existe la percepción?

R.- e sorprende que todavía se sigan haciendo discursos que valoren el envejecimiento como algo negativo cuando lo cierto es que es un éxito. Se trata de uno de los indicadores más claros de desarrollo de una sociedad avanzada y comprometida con la ciudadanía. El aumento de la calidad de vida de las personas mayores y sus familias, así como una adecuada protección de sus derechos son unos de los objetivos que toda sociedad desarrollada debe promover. El incremento de la proporción de los mayores en la población está a punto de convertirse en una de las más importantes transformaciones sociales del siglo XXI, con implicaciones para casi todos los sectores de la sociedad, incluidos los mercados laborales y financieros, la demanda de bienes y servicios, como la vivienda, el transporte y la protección social, así como las estructuras familiares y las relaciones intergeneracionales. Es obvio, por tanto, que nuestro reto como sociedad ya es otro. Los mayores no solo consumen recursos, sino que los generan, en mayor medida incluso. Mantener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores es uno de los principales retos que nos plantea el proceso de envejecimiento. En los países desarrollados, el aumento de la longevidad de la población ha ido acompañado de una contracción de la morbilidad, es decir, de una reducción del número de años vividos en mala salud. Por tanto, la realidad desdice esas afirmaciones, ese estereotipo del mayor como consumidor de recursos que pone en peligro los sistemas de protección. La Organización Mundial de la Salud, en su ‘Estrategia y plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020’ recomienda diseñar las políticas y programas desde este enfoque, desde el envejecimiento activo que ofrece la posibilidad de afrontar la mayoría de los retos tanto de las personas como de las poblaciones que están envejeciendo. Nos dice la OMS que cuando la salud, el mercado de trabajo, las políticas educativas y sanitarias se desarrollen bajo la perspectiva del envejecimiento activo la tendencia será a un descenso de muertes prematuras en las etapas más productivas de la vida, de discapacidad relacionada con enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento, una reducción del gasto sanitario y farmacéutico y un incremento de la participación social, económica y cultural. El derecho de las personas de edad avanzada a una vida digna y a la independencia y a participar en la vida social, económica y cívica forma parte del compromiso de este Gobierno que quiere traducir estos logros en un sólido legado de estrategias que produzcan resultados concretos, asegurando así la cohesión y la prosperidad y contribuyendo al bienestar de todas las generaciones.

P.- ¿Cómo cree que habría que empoderar a las personas mayores para mejorar su imagen?

R.- El enfoque del envejecimiento activo se asienta sobre los pilares de salud, participación, seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida. Todos, jóvenes y mayores, debemos mentalizarnos de que surge una nueva etapa de la vida, una etapa diferente que relaciona ciudadanos y ciudadanas con características diferenciales, con posibilidades de mantenerse socialmente activas y que disponen de una experiencia significativa. Personas que se enfrentan a su envejecimiento con una actitud completamente distinta, más relacionado con una culminación que con una pérdida regresiva. El colectivo senior no es ajeno a los cambios que la demografía está produciendo en la sociedad española pero, por eso mismo, precisamente porque los adultos mayores empiezan a ser decisivos en términos demográficos, también deben serlo en los ámbitos donde se toman las decisiones que les afectan directamente. La participación ciudadana se configura, así, como clave y prioritaria para las personas mayores. Tener más edad no implica tener menos derechos y deberes que el resto de la sociedad. Debemos fomentar e incrementar la participación en la toma de decisiones y en los debates de cuestiones que les afecten. En definitiva, que se cuente con sus opiniones, con sus consejos, porque nadie mejor que ellos para saber qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Hacía antes referencia a la OMS y su estrategia. Quiero ahora evocar otro programa emblemático de la organización, el de ‘Ciudades Amigables con las Personas Mayores’ cuyo liderazgo en España lo llevamos desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, a través del Imserso. Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Y esta, desde luego, es una vía inmejorable para empoderar a los adultos mayores.

P.- Desde el CGTS se ha posicionado, como es lógico, en contra de las medidas de austeridad y recortes sociales en los sistemas de protección (sanidad, servicios sociales y pensiones). ¿Cómo se ve este asunto ahora desde el otro lado?

R.- Pues exactamente de la misma manera. Hace poco, este año, el informe del nada sospechoso Banco Mundial, ‘Hacia un nuevo contrato social: afrontando tensiones distributivas en Europa y Asia Central’, relataba la imparable inequidad del mundo, el fracaso de las políticas de austeridad, la sensación de abandono de millones de seres humanos. España ha sido testigo de un proceso de polarización. Las ocupaciones de las clases medias se han contraído mientras que en los extremos las remuneraciones altas y bajas se han expandido. Nuestra sociedad es, tras los recortes, más dual de lo que lo era antes. La reforma laboral precarizó los empleos y empobreció a los trabajadores. Los recortes sociales acabaron con la universalización de la sanidad pública, hicieron retroceder la calidad y la equidad de la educación, e hicieron retroceder a la Ley de atención a la Dependencia. También Cáritas Europa, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño el pasado 20 de noviembre, recordaba cómo, desde la crisis financiera y económica de 2008, las políticas de austeridad han puesto bajo presión a los sistemas nacionales de protección social, lo que ha socavado tanto la capacidad de los Estados para proteger a las personas contra la pobreza como de las familias a poder cuidar de sus miembros. Lo que está en juego es la cohesión social y quebrarla supondrá, además, un impacto en el crecimiento económico porque la evidencia nos dice que una sociedad que no soluciona bien un conflicto redistributivo termina pagando un precio en el desarrollo futuro de su economía.

P.- En 2016, con motivo de los diez años de la Ley de Dependencia, apuntó varias deficiencias de la norma. Una de ellas era la financiación. ¿Qué cambios cree que deberían implementarse?

R.- Mejorar la situación exige más recursos. Es necesario que existan más equipos de valoración y que estos cuenten con los medios y equipamientos adecuados. Exige, también, más capacidad económica para asignar servicios o prestaciones de los que prevé la ley. Y más recursos exigen mayor financiación. Estamos comprometidos con el aumento de los presupuestos destinados a mejorar la ley. Pero no es solo una cuestión de financiación, también es preciso que activemos los mecanismos de cooperación interadministrativa para favorecer la implantación. En definitiva, el propósito del Gobierno, como quedó plasmado en el acuerdo con Podemos, es revertir los recortes y reponer la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Queremos recuperar los derechos que retiró el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que caminó en dirección contraria a lo que el derecho subjetivo reconocido a la ciudadanía demandaba. Y para revertir los recortes tenemos que incrementar la financiación del Nivel Mínimo, ir recuperando el Nivel Acordado y recuperar, asimismo, el convenio especial de Seguridad Social para las cuidadoras familiares, abonando con cargo al Estado sus cotizaciones.

P.- Otra debilidad que señaló fue la desigualdad territorial, que provoca un sistema inestable que afecta a las prestaciones, las listas de espera o el copago. ¿Cómo se resuelve este desequilibrio entre regiones?

R.- La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia configura un modelo de gestión cuyo eje son las comunidades autónomas. A ellas, de manera respetuosa con el modelo territorial del título octavo de la Constitución, les corresponde la gestión de los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención a la dependencia. Y mucho más, también la planificación, la coordinación, la inspección, la evaluación y otras competencias que señala el artículo 11 de la ley. Pero nuestro sistema, propio de los Estados de corte federal, es cooperativo y en él juegan un papel esencial los órganos de coordinación y cooperación de los que se dota el propio sistema. En nuestro caso es el Consejo Territorial del Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. De él, dice la ley, que se crea para articular el sistema. A él le asigna la ley funciones muy relevantes entre ellas y a modo de resumen la de “adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del sistema”. En definitiva, creo que tenemos que activar, todo lo más que podamos, el Consejo Territorial pues es la clave de bóveda del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Todas las cuestiones por las que me pregunta –prestaciones, intensidad de los servicios, copago, etcétera– están asignadas en la ley como funciones que corresponde al Consejo.

P.- Los trámites que requiere la ley para la valoración y gestión del PIA son tan complejos que, en el caso de los cuidados paliativos, un 45,3% de los pacientes y familiares demandan una mayor rapidez en su tramitación. ¿Cómo se puede agilizar este aspecto?

R.- Este Gobierno, la ministra María Luisa Carcedo y yo, como secretaria de Estado de Servicios Sociales, estamos con las personas. Es importante que rebajemos, con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, el número de personas en lista de espera y los tiempos de tramitación. Estamos hablando de personas muy necesitadas, de edades avanzadas o de patologías en las que las expectativas de vida son terriblemente cortas. Y ¿cómo podemos agilizarlo? Pues en la misma clave que antes comentaba, por vía de acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Como decía, la valoración y el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, así como el establecimiento del programa individual de atención, es competencia de las comunidades autónomas. En determinados casos, estas pueden, por ejemplo, establecer procedimientos de urgencia.



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