Ana Lima / Presidenta del Consejo General del Trabajo Social
'En general, las personas han perdido la confianza social, la confianza en un futuro mejor'
Pregunta.- Usted declaró recientemente que de “aquí a 2016, hay un plan estatal para destruir los servicios sociales públicos”. ¿En qué consiste ese plan del Gobierno?
Respuesta.- Hay una parte de destrucción progresiva de ayudas y recursos que ya se ha venido llevando a cabo en forma de recortes presupuestarios en servicios sociales y que se han focalizado en el llamado Plan Concertado y la Ley de Dependencia, entre otros. A esto hay que sumar los cambios legislativos que ha sufrido la Ley de Dependencia y que han supuesto una pérdida de derechos de sus beneficiarios. Por otra parte, la reforma de la Administración Local supondrá la supresión de gran parte de los servicios sociales básicos. Además, se está planteando la implantación de un nuevo modelo de atención llamado de coordinación sociosanitaria que puede afectar de manera decisiva a la estructura de los servicios sociales. Todo lo relacionado con la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia pasaría a un subsistema sociosanitario. En cambio, no se están desarrollando los reglamentos de las leyes de servicios sociales autonómicas que recogen, entre otros, los derechos subjetivos.
P.- Según el I Informe de los Servicios Sociales en España, se ha incrementado la demanda de estos en un 74% desde el inicio de la crisis ¿cómo está afectando la recesión económica en los usuarios y trabajadores de los servicios sociales?
R.- En los usuarios, la crisis ha supuesto más desempleo, más pobreza, la pérdida de la vivienda en muchos casos. En general, las personas han perdido la confianza social, la confianza en un futuro mejor. En la medida que las personas cada vez tienen menos protección social, aumenta su situación de desigualdad. Por su parte, los trabajadores sociales sufren el llamado “burnout”. Están en contacto directo con las personas, viviendo su sufrimiento y se sienten saturados en la atención, sin tiempo suficiente para la intervención social. Además, no disponen de los recursos necesarios. Es difícil prestar la atención de calidad necesaria en esas condiciones.
P.- Desde el Consejo General del Trabajo Social se asegura que la nueva Ley de la Administración Local puede agravar todavía más la situación y poner en riesgo los servicios de proximidad ¿cuáles son los cambios que amenazan el bienestar social?
R.- La reforma de la administración local, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2016, sólo dejará a los ayuntamientos competencias de corte asistencialista, que cercenan la intervención social. Es decir, los municipios sólo podrán aportar soluciones puntuales a los problemas sociales una vez estos se hayan manifestado. Por tanto, serán servicios con un fin más paliativo que preventivo. Otros servicios, programas, centros, prestaciones, pueden desaparecer. Si prácticamente todas las competencias en servicios sociales pasan a manos de las comunidades autónomas y estas están con objetivo de déficit es difícil que aumenten su presupuesto para asumir la parte que van a dejar de financiar los ayuntamientos. Tememos que los efectos de esta ley se empiecen a ver antes de su entrada en vigor, al no renovar la contratación de determinados servicios y no contratar nuevos programas, por ejemplo.
P.- ¿Qué opina del nuevo plan sociosanitario que prepara el Gobierno? ¿Están contando con el CGTS y los profesionales de los servicios sociales para su elaboración?
R.- Hasta el momento no han contado con nuestra opinión ni hemos recibido información oficial del contenido de los documentos que están en estudio. De todos modos, hemos iniciado relaciones institucionales con el Imserso, como órgano consultivo, y este mes mantendremos la primera reunión.
P.- A finales del año pasado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha denunció las revisiónes de oficio en los expedientes de valoración de la dependencia ¿cree que se está reduciendo la intensidad de las ayudas?
R.- Sí. De hecho, varios de nuestros colegios oficiales están denunciando esta situación en diversas autonomías.
P.- ¿Qué opina de la simplificación de los antiguos grados y niveles de valoración de la dependencia? ¿Cree que este sistema endurece el baremo y dificulta las valoraciones de gran dependencia?
R.- En realidad, se ha pasado de tener tres grados, con dos niveles cada uno, a tres grados, eliminando los niveles. En efecto, en la práctica al simplificar el dictamen de la valoración, se endurece la posibilidad de entrar en los grados más elevados, cuyas ayudas y prestaciones son las más cuantiosas.
P.- ¿Cuáles cree que son los retos de los Servicios Sociales a partir de ahora?
R.- El principal reto, siendo realistas, con la coyuntura actual, es que los trabajadores sociales consigamos que no nos desmantelen el sistema del cual somos profesionales de referencia. A medio-largo plazo, aspiramos a un sistema de servicios sociales público y universal, que garantice los derechos subjetivos. Consideramos necesario que la Constitución garantice los servicios sociales como derecho fundamental y que se apruebe una Ley Marco de servicios so