Pregunta.- ¿Por qué asegura que el sector está en bancarrota y qué necesita para salir de esta situación?

Respuesta.- Para la regulación de un sector, y que éste funcione correctamente, hay varias patas que tienen que estar alineadas. Por un lado, la pata legal: tiene que haber una normativa clara y que de seguridad, así como unos reglamentos que lo desarrollen correctamente. Además, tiene que existir un componente de fiabilidad económica para que esta ley se lleva a cabo. Esto debe ser así en cualquier sector, pero si hablamos del de la dependencia hay que decir que cuando nació la ley era necesaria para unificar la disparidad de normativas que teníamos en España, una por comunidad autónoma. El resultado es que ahora tenemos una ley nacional sin aplicación directa sobre las comunidades, por lo que éstas siguen aplicando la ley a su libre albedrio. Hemos pasado de 17 normativas a 18, y esto implica que los derechos de los ciudadanos y el acceso a los servicios también sean diferentes de una región a otra. Además, la ley nació sin una base clara de componente económico y actualmente no tiene financiación, ni por parte de la Administración General del Estado, ni por parte de las comunidades. La segunda pata a tener en cuenta es a quién se dirige esta ley. Según datos del Imserso, hay 200.000 personas que, habiendo sido valoradas, se encuentran a la espera de recibir una prestación, lo que implica que la ley tampoco es buena para los ciudadanos. La tercera pata de cualquier sector es la forma en que los proveedores van a operar lo servicios. El sector privado, en el que descansa la mayoría de la prestación de la ley, ha apostado fuertemente por estos servicios pero hoy nos encontramos con entre 50.000 y 60.000 plazas vacías, con que cada vez hay menos plazas de concierto, y con precios rebajados por parte de las comunidades... La ley está quebrada, porque no hay un marco jurídico claro, ni una financiación suficiente,y porque no se les están dando los servicios a los usuarios. Todo ello está hundiendo a los operadores.

P.- En estas mesas se acercan las posturas de representantes de la Administración pública y de los empresarios. ¿Cuál es el punto de encuentro en el que están de acuerdo ambas partes?

R.- Una de las cosas en la que más insistimos desde la FED, y parece que la administración también está de acuerdo aunque se mueve más lentamente, es la defensa de la coordinación sociosanitaria. En una realidad en la que el sistema sanitario es insostenible y el sistema de dependencia está hundido, es de lógica que exista esa coordinación para ahorrar costes y aumentar la eficiencia. En el caso de Galicia, hemos visto que hace años se había desarrollado un Plan de Coordinación Sociosanitaria con el que el sector estamos de acuerdo y coincidimos plenamente, pero ese plan se ha quedado en los papeles porque en la realidad no se ha llevado a cabo. Es decir, y en eso coincidimos con todas las administraciones, hemos visto cuál es el problema y cuál es la solución pero lo que ahora pedimos es “cuándo”.