Pregunta.- En su última entrevista con entremayores destacaba que su valoración de la trayectoria de Conjupes era “muy positiva”. ¿Cómo ha vivido la confederación este último año?

Respuesta.- Continuamos participando activamente en todos los órganos de la Administración donde tenemos presencia y procuramos consolidar las actividades habituales que en su momento comentábamos. En el último año, gracias a la subvención del Imserso, la confederación realizó un importante esfuerzo ampliando el programa de formación, fundamentalmente organizando cursos de envejecimiento activo y prevención de las situaciones de dependencia en todas las comunidades donde tenemos implantación, lo que se tradujo en un total de 50 cursos y 1850 socios y directivos de asociaciones que asistieron a los mismos.

P.- En aquella conversación también señaló que uno de sus próximos objetivos era “dar una mayor dimensión al asociacionismo de mayores”. ¿Qué avances han dado en este sentido?

R.- Efectivamente, es y será uno de nuestros objetivos, y en este último año, a partir del congreso celebrado el año pasado en Vigo, ampliamos el número de entidades integradas. Contamos con la incorporación de la Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores (Foam) que vino a dar un impulso importante a nuestra organización en ese sentido. El número de asociaciones que se incorporan a través de Foam supera las 470, y los 390.000 socios, con un elevado número de voluntarios.

P.- ¿Cuáles son las principales fortalezas del movimiento asociativo de las personas mayores en España? ¿Y en cuanto a sus debilidades?

R.- Si entendemos el asociacionismo como un instrumento de solidaridad y de transformación social, el mero hecho de su proyección social y sus actividades de cara a influir en todos los órdenes ya se convierte en una fortaleza. Aun así, considero que el movimiento asociativo de los mayores ofrece múltiples fortalezas o potencialidades, siendo las más importantes: la independencia y la experiencia que permite la observación y el análisis objetivo de las dificultades y problemas; la creación de lazos de amistad y el desarrollo de los valores humanos; alto grado de voluntariado: no existe ánimo de lucro y los socios y colaboradores, que se implican, demuestran voluntad de servicio y dedicación; y el impacto social positivo que genera el asociacionismo de las personas mayores: favorece la disminución de la soledad, se cubren necesidades de las personas que en ocasiones la Administración no contempla, se desarrollan actividades que favorecen la formación, la actividad física, la cultura, etcétera. Las debilidades son muchas, como, con frecuencia, escaso compromiso de la Administración; la escasez de recursos materiales y económicos nos lleva a la excesiva dependencia de las subvenciones; la falta de compromiso de socios y la resistencia a ocupar cargos directivos y a aceptar responsabilidades dentro de las asociaciones; la falta de apoyo técnico y profesional cualificados, por parte de la Administración; la escasa relación con otras asociaciones; y las dificultades para desarrollar proyectos y programas nuevos e innovadores.

P.- ¿Cómo cree que las administraciones públicas podrían contribuir a fomentar la presencia de los mayores en todas las esferas? Y los medios de comunicación, ¿qué papel deberíamos desempeñar?

R.- Las administraciones públicas deben de tener en consideración a este grupo de edad cada vez más numeroso, participativo, e implicado en las decisiones que les afectan y que ya representan cerca del 20% de la población española, por tanto tienen mucho que ofrecer y qué decir. En este sentido, podemos considerar muy vigente la Declaración del Consejo de la Unión Europea, sobre la Estrategia Europa 2020, que pone de relieve el derecho de las personas de mayores a una vida digna, a la independencia y a participar en la vida social, económica y cívica, así como la necesidad de que los grupos de mayor edad se mantengan activos como trabajadores, consumidores, cuidadores, voluntarios y ciudadanos. El Marco de Actuación de las Personas Mayores, cuyo documento aprobó, en su día el Consejo Estatal, recoge las principales propuestas y medidas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores –propuestas relativas al empleo, relativas a la participación en la sociedad, relativas a la vida independiente, relativas a la no discriminación, igualdad de oportunidades y atención a situaciones de mayor vulnerabilidad– y que debieran de servir como guía de todas las administraciones. En lo que se refiere a la participación de los medios de comunicación en general, creo que debieran considerar a los mayores como al resto de las personas, que están viviendo una etapa de la vida llena de conocimientos, potencialidades y oportunidades y que eviten en todo momento de trasladar una visión negativa, que asocia la persona mayor a decadencia e incapacidad. Mención aparte tienen los medios de comunicación como entremayores, que los que nos dedicamos de una u otra forma a la defensa y el bienestar de este colectivo, reconocemos la importancia de que un medio de estas características se mantenga y se comprometa con sus lectores a través del manejo claro y oportuno de la información. Espero y deseo que continuéis con tan importante labor por muchos años por el bien de las personas mayores.

P.- ¿Cómo valora los avances que está llevando a cabo la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo al respecto de las pensiones?

R.- Me agradaría hablar de avances en la comisión, pero me temo que de momento lo único que estamos viendo son opiniones de todo tipo y muchas de ellas muy contradictorias entre sí. Se propone destopar las cotizaciones y con ello las pensiones máximas, de blindar la financiación de la Seguridad Social para evitar las bonificaciones a las empresas por contratación de desempleados con cargo a la caja de la Seguridad Social, de retrasar la edad de jubilación a los 70 años, que parte de las pensiones, concretamente las de viudedad y orfandad, se financien a través de ingresos fiscales de los Presupuestos Generales del Estado, que se aumenten las cotizaciones, etcétera. Y, a pesar de que el Gobierno informe de que el sistema de pensiones está garantizado con el total de los ingresos públicos, lo que no cabe duda es que nos gustaría mayor celeridad a los trabajos de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, ya que previsiblemente el fondo se agotará a finales de 2017. Defendemos un Sistema Público de Pensiones y deseamos que se adopten medidas, a corto plazo, de equilibrio financiero que garanticen la supervivencia del sistema y, posteriormente, afrontar una reforma en profundidad del sistema que permita dar solución a un problema serio que se deriva de una mayor esperanza de vida y, por tanto, de mayor numero de pensiones.

P.- ¿Cree que el Sistema de Atención a la Dependencia es sostenible? ¿Cómo podría mejorarse la aplicación de la ley?

R.- Desde el primer momento consideré que el Sistema de Atención a la Dependencia, que se basa en principios de justicia y solidaridad, es sostenible y deben de buscarse las fórmulas que lo posibiliten. En su origen estábamos ante uno de los proyectos más importantes que tenía nuestro país, no solo en el ámbito social, sino también económico. Pocas medidas como el desarrollo de las infraestructuras y servicios que contemplaba la Ley de Dependencia resultaban más eficientes en esa dirección por lo importantes que son en creación de empleo y los correspondientes retornos económicos. La crisis económica vino a poner en jaque el sistema, que parece recuperarse en los últimos años, fundamentalmente por cambios sobrevenidos en los Gobiernos de las comunidades autónomas y con la incorporación, últimamente, de las personas dependientes de grado moderado. El pasado mes de diciembre, coincidiendo con ese décimo aniversario, los representantes de la mayoría de los grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados –exceptuando al PP y el PNV– suscribieron un Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que incluye una serie de propuestas y medidas, entre otras, está el compromiso de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años y estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que ayudarían a cumplir la ley. De la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos surgieron importantes críticas de todas las comunidades autónomas a la falta de cumplimiento del Gobierno con respecto a la financiación de la Ley de Dependencia y, a la vez, se decidió la creación de una comisión específica para tratar el tema de la dependencia, constituida por expertos de cada comunidad autónoma, que se encargará de concretar las necesidades de cada comunidad y analice la actual financiación por parte del Estado y autonomías. Confiamos que de ambas iniciativas surja el punto de partida para acabar con los problemas y las desigualdades entre comunidades autónomas.

P.- ¿Está España preparada para este crecimiento en el número de mayores y que estos disfruten de la calidad de vida que merecen?

R.- No nos queda otro remedio. En España estamos aún lejos de disponer de los suficientes servicios e infraestructuras y, además, existen bastantes desigualdades entre comunidades, por lo que debemos ir dando los pasos necesarios para afrontar el desafío que nos ocasiona el envejecimiento de la población y que se tomen medidas que nos conduzcan al equilibrio poblacional para evitar que se incremente de manera significativa en los años venideros. Todo ello ha llevado a la Conferencia de Presidentes a impulsar medidas específicas al respecto y encomendó al Gobierno central, con la colaboración de las Administraciones públicas, la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que debe de recoger el conjunto de actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional, creando para ello el Comisionado frente al Reto Demográfico, que ya ha iniciado su trabajo con reuniones al efecto en varias regiones. El Real Decreto que regula su constitución prevé la creación de diversos grupos de trabajo donde estarán representados los departamentos y administraciones afectadas por esta materia, por lo tanto nos agradaría que se tomaran en consideración nuestras opiniones y proposiciones, bien directamente o a través de los órganos en los que tenemos representación, y estoy pensando en el Consejo Estatal de las Personas Mayores o en los consejos autonómicos. En este sentido, quiero señalar que el Imserso tiene, dentro de sus líneas de trabajo, la elaboración de una Estrategia Nacional de Envejecimiento a la que estamos contribuyendo con nuestras propuestas.