Pregunta.- Cada región regula la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios, pero poco más de la mitad la desarrollan con efectividad. ¿Por qué no se está realizando correctamente esa coordinación e integración en las residencias?

Respuesta.- La normativa en materia de asistencia y prestación farmacéutica viene determinada por la Ley 25/1990 del medicamento, de 20 de diciembre, y la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de medicamentos, de 26 de julio. Las respectivas leyes de ordenación farmacéutica de cada comunidad autónoma desarrollan la asistencia farmacéutica en su ámbito territorial. Cuando consideramos la atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario, es necesaria una homogeneización y llevar a cabo un desarrollo y definición de un modelo de atención farmacéutica dentro del marco del Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, viene a constituir un marco regulador y un oportuno punto de partida para iniciar el proceso de homogeneización entre las diferentes comunidades autónomas; sin embargo, resulta triste observar como, cuatro años después, aún hay comunidades en las que no se ha avanzado nada en esta materia.

P.- Las administraciones tienen varias alternativas para dar solución a las prestaciones farmacéuticas en residencias (farmacia hospitalaria, establecida en el propio centro y farmacia comunitaria) ¿Cuál cree que es el mejor modelo de servicio farmacéutico?

R.- Siguiendo los criterios del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, la prestación farmacéutica en residencias debe organizarse de dos formas bien definidas. En los hospitales o centros psiquiátricos que dispongan de 100 ó más camas y en los centros de asistencia social que dispongan de 100 ó más camas asistidas será obligatorio un servicio de farmacia, que podrá ser propio o bien la Consejería de Sanidad podrá adoptar acuerdos en aquellos centros que dispongan de un depósito de medicamentos, vinculado al servicio de farmacia del hospital de referencia. Por otro lado, en los centros no obligados a tener servicios de farmacia por ser menores de 100 camas o por tener menos de 100 camas asistidas, dispondrán de un depósito de medicamentos, el cual se podrá vincular a un servicio de farmacia del área sanitaria en centros públicos o a una oficina de farmacia o a un servicio de farmacia de un hospital privado en centros privados. En mi modesta opinión, todos los modelos podrían efectuar un buen servicio, siempre que estos se profesionalicen y presten una auténtica atención farmacéutica en todos los casos, una asignatura aún pendiente y que no debe someterse a más dilaciones. La atención farmacéutica podrá prestarse a través de servicios de farmacia propios o bien de servicios de farmacia vinculados a los hospitales o al área sanitaria, y también a través de oficinas de farmacia, que incorporen al farmacéutico como un verdadero agente de salud. En todos los casos, el farmacéutico debe incorporarse como un miembro más del equipo interdisciplinar de atención residencial.

P.- Según María Dolores Martínez, delegada de Euskadi de la Sefh, el modelo de prestación farmacéutica vigente en algunas comunidades "no es sostenible", ¿cómo se podrían abaratar los costes?

R.- Imagino que se refería al modelo de adquisición y provisión de medicamentos a través de las oficinas de farmacia comunitarias. En tal sentido, he de reconocerles que personalmente ignoro si es sostenible o no, ahora bien, este modelo lleva años y, por otra parte, el precio de los medicamentos que adquieren los centros residenciales en las oficinas de farmacia es el mismo que tienen para las personas no institucionalizadas, que dicho sea de paso, constituyen la mayoría, ya que solo entre un 3 y 5% están institucionalizadas; aunque es cierto, que estas personas están más polimedicadas fruto de sus pluripatologías y comorbilidad. Quiero decir con esto que me niego rotundamente a que, una vez más, se culpabilice y demonice a las personas institucionalizadas, sean mayores o discapacitadas, de la crisis del sector sanitario y de todos los males de nuestra economía. Es obvio que un modelo de provisión centralizada reduciría los márgenes de los medicamentos considerablemente y, por tanto, mejoraría la sostenibilidad del sistema. Se habla de hasta un 30 o 40%, si bien no es menos cierto que han de tenerse en cuenta otros aspectos que lleva implícito este modelo como el envasado o emblistado en los sistemas dosificadores que se utilicen, el trasporte de los mismos hasta el centro residencial, la custodia, etcétera; y otros efectos indirectos que puede tener sobre el sector farmacéutico y las oficinas de farmacia comunitaria en materia de empleo. Por tanto, cualquier sistema debe estudiarse con precaución, teniendo en cuenta los costes directos e indirectos que cada uno de ellos genera, los ahorros que se propician, la seguridad y mejoras que consiguen, etcétera; invirtiendo, en forma de retorno, cierto porcentaje de los ahorros conseguidos para la mejora de los servicios de atención farmacéutica, que nos están “pidiendo a gritos” de forma urgente, una mayor profesionalización en el ámbito sociosanitario.